VER TAMBIÉN: La Justicia Venezolana Ordenó la Detención del Opositor Leopoldo López

"Producto de todas estas acciones violentas, estas acciones fascistas, acciones terroristas...contra el estado venezolano fallecieron tres personas", afirmó la fiscal en Radio Nacional de Venezuela, según citó EFE.

Ortega informó que de las 66 personas que resultaron con "heridas graves" en todo el país, 17 son policías o militares y 49 ciudadanos civiles, y añadió que 69 personas fueron aprehendidas y serán presentadas hoy ante los tribunales de control por acciones relacionadas con las protestas.

La fiscal indicó, además, que durante los incidentes 54 vehículos, seis de organismos del Estado y el resto de particulares, sufrieron daños.

"Lo peor fue contra el Ministerio Público, eso fue planificado, eso fue direccionado y vamos a investigar", señaló sobre el lanzamiento de objetos por parte de algunos jóvenes encapuchados que destrozaron la fachada de la Fiscalía.

"No solamente los autores materiales, sino también los autores intelectuales...estamos trabajando en eso. Estamos practicando todas las diligencias de investigación necesarias para determinar quiénes son los responsables", afirmó al respecto.

El Gobierno señaló como uno de los presuntos "autores intelectuales" al líder del partido opositor Voluntad Popular (VP) y convocante de las marchas de ayer, Leopoldo López.

Según informó hoy el diario El Universal en su web, un tribunal capitalino dictó anoche orden de aprehensión contra López por diversos delitos como "homicidio y terrorismo".

Una fuente de VP indicó a Efe que por el momento la instrucción no se ha ejecutado y no han recibido la notificación formal y que López se encuentra reunido con sus abogados "evaluando la situación".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

Miles de personas protestaron este lunes por las calles de Asunción, capital de Paraguay, para expresar su rechazo a la denominada Ley de Alianza Público-Privada, aprobada este lunes en el Congreso, una norma que la opinión pública califica de "privatizadora", ya que busca beneficiar “a la reducida clase política y no al pueblo”.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno del presidente Horacio Cartes, quien alega que la Ley permitirá facilitar la inversión privada en obras de infraestructuras y servicios públicos. Incluso, el diputado Ramón Romero, quien apoya la ley, sostiene que el proyecto “es un instrumento fundamental para que Paraguay despegue".

Por otro lado, representantes de varios sectores de la sociedad denuncian que la normativa solo permitirá saquear a las empresas estatales. En ese sentido, el partido Frente Grande, liderado por el expresidente Fernando Lugo, afirma que con esta ley "Cartes hará negocios a su gusto con nuestras riquezas".

En la jornada del lunes, organizaciones de trabajadores y campesinos, movimientos y partidos progresistas se movilizaron en Asunción y otras ciudades del país, para rechazar un proyecto de ley que pretende “privatizar los bienes públicos”.

Las movilizaciones fueron convocadas por la Coordinadora Democrática, integrada por sindicatos de trabajadores de instituciones del Estado, partidos y movimientos políticos progresistas y de izquierda, federaciones de campesinos, indígenas y estudiantes de todo el país.

La concentración principal se realizó frente a la sede del Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados analizó el proyecto de ley en una sesión extraordinaria. En este punto, la Policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes.

Dentro de recinto legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la ley “de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, conocida como Alianza Público Privada.

Luego de cuatro cuatro horas y media de debate se llevó a votación nominal las dos propuestas, donde la versión Senado obtuvo 60 votos, la de Diputados 15, tres se abstuvieron y dos ausentes. A partir de ahora, el documento se remite al Ejecutivo para su veto o promulgación.

En tanto, Mercedes Canese, dirigente del Frente Guasu, explicó que el proyecto permitirá que el Poder Ejecutivo ceda el control de bienes y servicios públicos a empresas privadas, sin que los demás poderes del Estado puedan intervenir en estos procesos.

Por ello, denunció que la Ley viola el principio del equilibrio y control recíproco de los poderes del Estado, establecido en la Constitución nacional, que además señala que este tipo de emprendimientos sólo puede realizarse con el acuerdo del Congreso en cada caso particular.
 

 

FUENTE: Telesur