En las democracias occidentales, sea que se rigen por sistema parlamentario o presidencial, los gobiernos elegidos por el voto popular tratan de llevar adelante la gestión, cumpliendo aquellas promesas de campaña que se hicieron en una coyuntura específica. En ocasiones lo logran y esa efectividad es la razón de ser de una solidez política que se construye con el tiempo, lo cual se traduce en centralidad y triunfos electorales de medio término. Pero la posibilidad de la sorpresa nunca deja de estar presente. En la semana que se va, los oficialismos nacional y provincial, pagaron cierto costo por tener que enfrentar, de alguna manera, crisis que resultaron inesperadas porque llegaban desde dimensiones que se creían controladas. Pasen y vean. Recorrido por días de respuestas, desarticuladas y tardías, pero que además pegaron allí donde más les duele a libertarios y unidos.
Siendo un outsider, Javier Milei llegó a la presidencia en un contexto de alta inflación (161% noviembre 2022 / 23), denunciando a la casta y a partir de una gestión de Alberto Fernández que, si bien no fue la peor de estos cuarenta años de democracia, tampoco tuvo todas las luces. Sin estructura territorial a lo largo y ancho del país y sin recorrido militante, pero con la inocultable sapiencia de conocer el peso de las redes sociales en esto de la comunicación política, el ex empleado de Eduardo Eurnekian, construyó un triunfo de tal magnitud que le permitió sobrevivir al deterioro evidente de las condiciones de vida de buena parte de los argentinos, a las crisis sucedidas a partir de los casos de corrupción que salpica al entramado libertario y a la crueldad constitutiva que les ha permitido aplicar la motosierra en la administración pública, con los enfermos de cáncer, con los discapacitados y con los jubilados.
La contraposición de un 2024 con una inflación de 117% y un 2025 donde el costo de vida “sólo” creció al 31,5%, el riesgo de un mayor deterioro a lo que ya se sufría ante una hipotética derrota libertaria en octubre y la preeminencia de un dólar barato que permite gozar de algunos beneficios a parte de la sociedad, confluyeron en el triunfo electoral oficialista de medio término.
Pero también pasan cosas. Y la inflación que, de acuerdo a las promesas libertarias de antaño ya debería contar con un 0 adelante, en los tiempos que corren duplican los porcentajes que denunciaban Patricia Bullrich y sus aliados allá por el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Mirado en detalle, el 2,8% de diciembre y lo que se suponía que sería el número de enero, marcan un sostenido crecimiento del porcentaje inflacionario en una economía que, más allá de algunos pases mágicos que haya articulado el ahora denostado Marco Lavagna, está planchada. De cara a la sociedad, el relato libertario de una baja inflacionaria comienza a crujir.
A todo lo demás se debe agregar que la utilización de la nueva forma de medición (que estaba lista hacía unos cuantos meses) era parte de un acuerdo hacia el interior del Gobierno, pero también con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, lo cual no deviene por amor a la fidelidad al rigor estadístico de parte del organismo, sino al pago hacia los bonistas que cuentan con papeles atados a la inflación.
En resumen, el caso Indec deviene en una crisis de lo que no funciona, lo cual no ha quedado circunscripto a la renuncia más o menos visibilizada de un funcionario, sino que las estrategias posteriores de justificación de lo actuado, mostró una torpeza política que no deja de ser llamativa.
Inicialmente la secuencia devino en que la salida estaba relativamente consensuada, luego, ante el calor de lo evidente, se salió a denostar a Lavagna por haber desobedecido una orden presidencial, acusándolo de ser funcional al massismo y finalmente, cuando se puso en el eje del debate público el hecho de que la inflación no cede, el propio ministro Luis Caputo no se privó de dar una muestra más de su pertenencia de clase al afirmar que él nunca había comprado ropa en la Argentina ya que el sector textil era uno de los más ineficientes del país. En mi Tablada natal pensaríamos que callado se defiende mejor.
Pero si hablamos de defender, las producciones periodísticas libertarias tampoco resultaron eficaces, no pudiendo dejar de reflejar lo obvio: la forma de medir está mal hecha ya que quedó desactualizada y la no ponderación de servicios que hoy resultan básicos en la vida de los argentinos, así como la sobreestimación de alimentos y bebidas sólo sirve para demostrar que los números están “tocados”. Con todo, marzo podría presentar un escenario aún más complejo para el mundillo oficialista ya que, de acuerdo a lo anunciado por la consultora LCG, la primera semana de febrero habría reflejado un aumento en el rubro alimentos del 2,5%. Agarrate Catalina.
Para salir de la encerrona que supone la comparación con Guillermo Moreno, al presidente se le ocurrió la “brillante” idea de crear la Oficina de Respuestas Oficiales (O.R.O.), la cual suena mucho a nombre de la siempre vigente novela “1984” y que tuvo réplicas no menos hilarantes como las del standupero Diego Wainstein, quien se preguntó si a la O.R.O. le podía suceder la O.P.O. (Oficina de Preguntas Opositoras).
Al respecto no faltó la sesuda preocupación de nóveles entidades como ADEPA ni el silencio cómplice de nuestros republicanos de cotillón que solían indignarse con el formato de 678 o con aquellos comunicadores que no suelen moverse dentro de los límites que imponen ciertas corporaciones mediáticas.
El caso Indec no logró ser tapado ni con un oscuro acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que tiene la particular característica de no haber sido traducido al castellano aún, que impone algo así como más de 110 obligaciones a la Argentina y sólo dos a la contraparte; ni con la previa de una reforma laboral de la que el gobierno gusta afirmar que ya tiene los números para el quorum inicial y para la posterior aprobación en el recinto del Senado, sesión que se llevaría adelante el próximo 11 de febrero, escenario del que algunos se permiten dudar.
Pero si hablamos de quedar golpeados allí donde más duele, también las autoridades santafesinas parecieron quedar sorprendidas por un conflicto policial por mejores condiciones laborales y de ingresos que, evidentemente, no previeron.
El gobernador Maximiliano Pullaro llegó al poder en el contexto de una ola de violencia que condicionaba la vida de las dos grandes ciudades de la provincia, especialmente en Rosario y su especificidad con el narco. Un peronismo que no había sido precisamente eficaz en la gestión de seguridad, la sensación de que en la última gestión socialista se había estado mejor, ya que las disputas en el territorio eran de otra escala y la decisión firme de buena parte del electorado de mirar para otro lado respecto del CV del candidato que, en su rol de ministro, venía antecedido de denuncias en el armado de concursos para el ascenso a comisarios, más la cercanía con funcionarios policiales que luego terminaron detenidos por vínculos con el narcotráfico, habilitó la proeza política de que el hughense se convirtiera en el gobernador más votado de la historia.
En una clara alianza con el libertarismo, la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe celebraron la llegada del plan Bandera que redundó hacia 2024, en una caída abrupta de los asesinatos. Pero los números que dejó 2025 son otros, con una clara tendencia hacia la suba obligándonos a preguntarnos si la verdadera herramienta fue el plan, si el territorio se está reconfigurando o si algunos pactos ya no son lo que eran.
Con todo, la administración que se define como pro policía terminó siendo cuestionada por los familiares de la institución por dejarlos en una situación por demás de precaria y por el oxímoron evidente, de móviles policiales que cortaban la calle Ovidio Lagos en señal de protesta. El hecho deja dos claras advertencias para los Pullaro boys: llegaron tarde a una demanda que corría por ríos subterráneos que desconocen o no quisieron ver y dejaron planteada la legitimidad de los mediatos reclamos del resto de los trabajadores dependientes de la administración provincial, los cuales no han tenido la misma suerte que los uniformados que, vale recordarlo, hasta el viernes seguían parcialmente “movilizados”. Una pregunta de refilón: ¿Alguien ha escuchado al ministro de Educación de la provincia auto definirse como pro docente?
Un comentario aparte merece el silencio de parte de las corporaciones mediáticas que han decidido jugar su suerte cotidiana, a los designios de un gobierno que ha resultado profusamente generoso con el reparto de fondos en publicidad y que ha tenido la enorme virtud de lograr que sus gacetillas de prensa se transformen en notas con varias columnas en diarios, profuso espacio en portales y con no pocos minutos de desarrollo en radios y canales de televisión. Es que en el litoral somos así, gente muy agradecida con quienes nos apoyan.
En el entramado pullarista, pese a la caída de la cantidad de votos provinciales de 2025 respecto a 2023 y al cómodo tercer puesto obtenido en las elecciones nacionales de octubre, hasta ahora dan por sentada la segura reelección de su jefe político en 2027. La imagen del gobernador, los vaivenes del Partido Justicialista y la potencia en la construcción mediática suponen factores lo suficientemente contundentes para proyectar un manejo de la administración por cuatro años más.
En la primera semana de febrero, los oficialismos libertarios y unidos, recibieron una serie de cuestionamientos que devienen de áreas o temáticas que se creían jugaban a su favor. Los golpes vinieron de donde más duelen: del cuestionamiento al aumento de una inflación que se pensaba como un activo y de fuerzas policiales que se las consideraba “del palo”. La imagen de funcionarios justificando la alteración de las estadísticas públicas y la foto de un patrullero cortando una calle, dicen demasiado.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez