Como es bien conocido, Rusia es una de las potencias energéticas más grandes del mundo. Posee la mayor reserva de gas del planeta, y de las más importantes de carbón y petróleo. En el mundo actual, la tenencia de recursos naturales vitales, como el caso de los energéticos, puede convertirse en una ventaja estructural para poder obtener y ejercer poder en el escenario internacional, y el Kremlin es conciente de ello.

Tras la llegada del gobierno de Vladimir Putin en el año 2000, uno de los intereses nacionales más significativos fue la recuperación de la participación estatal en el mercado energético, y la evolución de Gazprom demuestra claramente esta voluntad. Si bien posee activos privados, la mayor empresa gasífera del mundo es esencialmente controlada por el estado ruso. La relevancia internacional de Gazprom se explica por ser la empresa encargada de transportar gas al mercado europeo, a través de un complejo sistema de gasoductos. Países como Finlandia, Austria, Estonia, Letonia, Lituania o Alemania son los principales clientes de este sistema.

Rusia se ha encargado de ampliar y diversificar sus vinculaciones internacionales, principalmente en clave energética. Rusia ha desplazado a Arabia Saudita como principal proveedor de petróleo del mercado chino.

Otro aspecto que resalta el interés del Kremlin en el control de los recursos energéticos se puede observar en el tratamiento del caso Yukos. Se trataba de la empresa petrolera más fuerte del país. Por 2003, ya con Putin en el poder, se acuso a los altos directivos por fraude, lo que llevó a la quiebra financiera del gigante petrolero. Sus activos fueron adquiridos por la principal empresa estatal rusa, Rosneft.

Esta estrategia posee un correlato internacional. Rusia entiende que la posesión de recursos energéticos a tal magnitud resulta un arma para la concreción de sus intereses en el espacio internacional y no duda en desplegar una “diplomacia energética” ante situaciones que pueden presentar una amenaza directa a su poderío.

La relación con la Unión Europea demuestra el ejercicio de esta diplomacia, por medio de presiones o cortes energéticos. Los ejemplos de las crisis del gas en Ucrania (2006-2008 y 2009) engloban dos claras intenciones: por un lado, la mala relación con el gobierno de la Revolución Naranja en Ucrania se tradujo en la quita de los beneficios y subvenciones en el precio de venta, por tratarse de un país de tránsito. Asimismo, el reclamo de una deuda preexistente, sirvió a Rusia como justificación por el corte del suministro. Por otro lado, se trataba de un claro mensaje a la UE: Rusia no aceptaría la injerencia occidental en el vecindario cercano, sobre todo, en los países más importantes herederos de la URSS. Esta misma idea se replica en la actualidad, tras la crisis de Crimea y la situación de inestabilidad en el escenario de Ucrania del Este. La serie de sanciones que se desplegaron contra el Kremlin por el accionar en su vecino país, se aplacaron debido a la presión que gobiernos como el alemán o francés podrían sufrir si Rusia corta el suministro. Es por ello, que la dependencia europea es una carta que el “oso ruso” despliega ante cualquier actitud de hostilidad o cuestionamientos de Occidente.

En similar sintonía, Rusia se ha encargado de ampliar y diversificar sus vinculaciones internacionales, principalmente en clave energética. Rusia ha desplazado a Arabia Saudita como principal proveedor de petróleo del mercado chino. China ha exportado una cifra record de 3,92 millones de toneladas métricas de petróleo ruso, en parte basado a los precios favorables del acuerdo, así como la posibilidad de efectuar el comercio con sus monedas nacionales, desplazando el uso del dólar norteamericano como moneda de transacción. Asimismo, estos contactos económicos favorecen el escenario de entendimiento político, sobretodo considerando el lugar trascendental que poseen ambas potencias en la dirección de las finanzas internacionales, la paz y la seguridad, o la creación de normativas en múltiples temáticas.

Desde otra óptica, el acercamiento de Rusia a la región latinoamericana también busca concretar la voluntad de diversificar los lazos económicos y políticos. En la relación con Venezuela, se puede destacar que el Gazprombank y la petrolera estatal venezolana PDVSA mantienen una estrecha colaboración que ha permitido incrementar la producción de crudo en la región occidental del país latinoamericano. Asimismo, la relación con Brasil se ha intensificado, a partir de proyectos de infraestructura, hasta la búsqueda de modelos de cooperación en esferas técnico-militares, tecnologías informáticas, ingeniería espacial, entre otros. También, Rosneft ha declarado su intención de participar en proyectos conjuntos con el gobierno ecuatoriano basados en la exploración y explotación petrolera. Finalmente, la firma de acuerdos de asociación estratégica entre Rusia y Argentina, poseen un interés en desarrollar temáticas variadas, entre ellos el estrechamiento de lazos económicos.

Estos ejemplos, entre los múltiples que encontramos en el escenario latinoamericano, evidencian el proyecto internacional ruso. A partir de la premisa de que se trata de economías principalmente complementarias, la influencia rusa se puede desplegar en la región. A pesar de las demandas de Estados Unidos y la Unión Europea de que América Latina se una al mecanismo de sanciones existente, estos países optaron por ver en Rusia un nuevo socio económico, y posiblemente político.

Es por ello que se puede concluir que el escenario futuro presenta un panorama favorable para la estrategia rusa. Si bien el descontento de Estados Unidos y la UE se trasluce en las sanciones que actualmente se sostienen contra Rusia debido a su injerencia en Ucrania, el gobierno de Putin ha sabido desplegar su capacidad de negociación a escala global para subsanar estos obstáculos. La presencia económica rusa es evidente en las regiones asiáticas y europeas, y creciente en África y América Latina. Conjuntamente con el acercamiento a China, Rusia hoy se presenta como un polo de poder indiscutible en el escenario internacional, y esto se debe, en parte, a su estrategia de promoción energética. 

 

(*) Licenciada en relaciones internacionales de la Fundación para la Integración Federal

1 ¿Concluyó el proceso de expropiación?

La Argentina y Repsol ya se pusieron de acuerdo sobre el mecanismo de compensación por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. Como todavía restan algunos pasos formales, la emisión de los bonos se realizaría a comienzos de abril. El ministro de Economía, Axel Kicillof, rubricará hoy con un representante de la petrolera el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación, el texto aprobado el martes por el Consejo de Administración de la firma española. El próximo paso es enviar al Congreso un proyecto de ley para ratificar el convenio. Como la compensación no estaba contemplada en el Presupuesto 2014, los legisladores también tienen que habilitar la emisión de los bonos que se entregarán en pago. En Madrid, Repsol debe obtener el visto bueno de la asamblea de accionistas el 28 de marzo. Terminada la expropiación, la petrolera española conservará un 12 por ciento del paquete accionario de YPF.

2 ¿Cuánto va a pagar la Argentina por el 51 por ciento de las acciones de YPF?

La Ley de Soberanía Hidrocarburífera dispuso que correspondía compensar a Repsol siguiendo la Ley de Expropiaciones. Esa legislación establece que “la indemnización se pagará en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor”. El Gobierno y la petrolera española acordaron un mecanismo alternativo, con un combo de títulos de deuda soberana, por un valor nominal de 5000 millones de dólares y vencimientos hasta 2033. Si se aplicaba el procedimiento tradicional y Repsol estaba en desacuerdo con la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones, podía cobrar y seguir reclamando una compensación mayor en la Justicia. Ahora debe desistir de las 31 demandas iniciadas. El día que se entreguen los papeles, la Argentina garantiza que el paquete de bonos valdrá como mínimo 4670 millones en el mercado. El pago de los vencimientos de los bonos en poder de Repsol se canalizará utilizando reservas del Banco Central, como sucede con el resto de los acreedores privados.

3 ¿Un pago por 5000 millones de dólares es una cifra exagerada?

“Recuperar el control de un activo estratégico como YPF no es gratuito, pero hacerlo entregando bonos es una solución muy favorable para el país”, explicaron a Página/12 desde el Palacio de Hacienda. Existen múltiples comparaciones. Repsol inició una demanda en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por 10.500 millones de dólares e incluso el presidente de la compañía, Antonio Brufau, amenazó con subir la apuesta hasta 18 mil millones. Por su parte, la evaluación del comportamiento predatorio de la administración española sobre los activos de YPF (evidenciada en el Informe Mosconi) hacía prever que el Gobierno exhibiría una durísima posición contra la petrolera ibérica. La cifra acordada es relevante, pero en el equipo económico relativizan su magnitud al compararla con los 2500 millones de dólares de dividendos girados en los últimos dos años de la administración Repsol, la reducción en las importaciones de GNL por la mejora en la producción de gas, el desarrollo de Vaca Muerta y la posibilidad de incrementar la inversión. Fundamentalmente, cierra una disputa que ya llevaba dos años y limitaba la capacidad de crecimiento de YPF.

La Ley de Soberanía Hidrocarburífera dispuso que correspondía compensar a Repsol siguiendo la Ley de Expropiaciones. Esa legislación establece que “la indemnización se pagará en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor”

4 ¿El monto que desembolsará el país será mayor a 5000 millones?

En términos nominales y en valor bruto, es probable (considerando que un dólar pagado hoy es lo mismo que un dólar pagado en 2033). Si se llevaran los pagos a valor presente (descontando intereses por el tiempo transcurrido hasta la fecha de pago), el resultado sería muy inferior. El mecanismo es el mismo que opera cuando una empresa toma un crédito para invertir o una familia accede a un crédito hipotecario, cuando se cancela la deuda uno devuelve más que lo que recibió. El beneficio reside en postergar en el tiempo el pago aunque tenga un costo. En el caso de la compensación a Repsol, el plazo es de dos décadas.

5 ¿Qué bonos entregará la Secretaría de Finanzas?

La ley que se presentará al Congreso deberá contemplar la emisión de títulos por un valor nominal de 5000 millones de dólares y autorizar una posible “emisión complementaria” por otros 1000 millones. El primer paquete está compuesto por 3250 millones de un nuevo título, Bonar 2024, con vencimiento a 10 años y tasa de interés anual de 8,75 por ciento con pagos semestrales. Como se trata de un papel que no tiene mercado para liquidarse, el Estado garantizará los tres primeros pagos de intereses por 150 millones de dólares cada uno, a través de un depósito equivalente en el Banco Nación. El listado de títulos lo completarán 500 millones de Bonar X (vence en 2017 y paga una tasa del 7 por ciento) y 1250 millones del Discount 33 (se amortiza en 2033 con intereses del 8,28 por ciento). La cartera de bonos adicionales estará compuesta por hasta 400 millones de Boden 2015 con una tasa del 7 por ciento y vencimiento en 2015; hasta 300 millones del Bonar X; y hasta 300 millones de nuevo Boden 2024. De ser necesarios, esos papeles se utilizarán en ese orden.

6 ¿Cuando se gatillaría el uso del paquete adicional de bonos?

El Gobierno emitirá títulos por un valor nominal de 5000 millones de dólares. Pero, si en el mercado la cotización de esa cartera (el promedio durante los 90 días anteriores) es menor a 4670 millones de dólares, se deberán entregar bonos adicionales de la cartera contingente, hasta completar ese valor garantizado, pero con un tope de 1000 millones. Las estimaciones se realizarán previo a la entrega de los papeles y para eso las partes ya acordaron un mecanismo de valuación. Así, si el valor de los bonos al momento de emitirlos es de 4100 millones de dólares, se deberán dar en simultáneo títulos del segundo grupo con un precio de mercado de 570 millones de dólares (respetando el tope de 1000 millones de dólares a valor nominal).

7 ¿Bajo qué escenario Repsol debería devolver los bonos?

La deuda se saldará definitivamente cuando por los vencimientos de capital y/o la venta de bonos a terceros, Repsol contabilice cobros en efectivo por 5000 millones de dólares. Los pagos de intereses que reciba la petrolera no son contabilizados en esa cuenta, porque es una renta por los plazos de pago acordados. El titular de la compañía dio a entender que, a lo largo de los próximos dos años, podría liquidar una parte de los títulos para hacerse de efectivo. Si por esas operaciones la petrolera recibiera más de 5000 millones de dólares, el acuerdo establece que deberá devolver los papeles argentinos que conserve en su poder. No es sencillo que eso suceda, pero tampoco imposible. Cuando un bono está a punto de cancelarse definitivamente, su cotización puede exceder al valor nominal.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Página12

La indemnización asciende a 5.000 millones de dólares que se harán efectivos a través de la entrega de títulos de deuda pública, respecto a los que Repsol obtiene garantías de cobro "efectivo" .

La indemnización asciende a 5.000 millones de dólares que se harán efectivos a través de la entrega de títulos de deuda pública, respecto a los que Repsol obtiene garantías de cobro "efectivo" 

El "Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación" firmado entre Repsol y Argentina incluye asimismo "el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones".Repsol se compromete por lo tanto a retirar la demanda presentada ante la CIADI.

La entrada en vigor del acuerdo queda supeditada a determinadas condiciones suspensivas, entre ellas a su aprobación por la Junta General de Accionistas de Repsol, que se reunirá el 28 de marzo próximo, y la aprobación posterior por una ley especial sancionada por el Congreso de la Nación Argentina.

El gobierno argentino entregará a Repsol un paquete fijo de bonos por un valor nominal de 5.000 millones de dólares con la siguiente composición: Bonar X (500 millones de dólares); Discount 33 (1.250 millones de dólares) y Bonar 24 (3.250 millones de dólares).

Además, se emitirá un paquete complementario por un importe máximo de 1.000 millones de dólares compuesto por: Boden 2015 (400 millones de dólares), Bonar X (300 millones de dólares) y Bonar 2014 (300 millones de dólares).

"La entrega de este segundo paquete de bonos se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a 4.670 millones de dólares, con un máximo de 6.000 millones de dólares de valor nominal", detalló Repsol en un comunicado.

El valor de mercado se calcula tomando como referencia las cotizaciones recibidas de entidades financieras internacionales.

Repsol recibirá primero los bonos de vencimiento más próximo, hasta los límites indicados en cada uno de ellos, mientras que el cierre de la transacción se producirá con la entrega de los bonos a favor de la petrolera española con plenas garantías de su depósito en una entidad internacional de compensación y liquidación de valores financieros.

Repsol precisó que si al vender los bonos que recibe de parte del gobierno argentino como compensación obtiene un valor superior a los 5.000 millones de dólares, la parte restante deberá devolverla a través de títulos en poder de la compañía.

El acuerdo explícita que los títulos públicos se entregarán a Repsol "pro solvendo" es decir la deuda de la República Argentina y que la compañía dará por saldado el resarcimiento con el cobro total de la misma, ya sea con la enajenación de los bonos o con el cobro regular de la deuda a sus respectivos vencimientos.

Como garantía adicional, Argentina reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional sujeto a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares.

Simultáneamente con la formalización del Convenio, está prevista la firma de un acuerdo entre Repsol, de un lado, e YPF e YPF Gas de otro, por el que -principalmente- se acuerda entre las partes el desistimiento de acciones judiciales, así como una serie de renuncias e indemnidades mutuas entre Repsol e YPF.

 

FUENTE: Télam 

La latente disputa territorial y marítima entre China y Japón se agravó el fin de semana después de que el sábado China anunciara una nueva zona de defensa aérea sobre unas disputadas islas en el Mar de China Oriental, seguido de críticas de Estados Unidos y Japón.

El sábado por la mañana China hizo públicas las nuevas coordenadas de la zona de defensa aérea, que incluye las aguas donde se encuentran las contendidas islas llamadas Senkaku en Japón y Diaoyu en China. El anuncio creo una extensa área de superposición entre las zonas de defensa aérea de China y Japón, anunciando una nueva fase potencialmente más peligrosa de la disputa territorial sobre las deshabitadas islas, que son controladas por Japón, pero reclamadas por China y Taiwán.

"El riesgo de tener un conflicto importante por un incidente en el aire o en el ámbito marítimo han subido este fin de semana y seguirá escalando", dice Ting Wai, profesor de estudios gubernamentales e internacionales de la Universidad Baptista de Hong Kong. "El paso es provocador, y, sin duda, plantea la posibilidad de conflicto."

Pocas horas después de que China anunciara su nueva zona, el secretario de estado John Kerry y el secretario de defensa Chuck Hagel criticaron las acciones de Pekín y advirtieron que apoyarían a Japón militarmente en cualquier confrontación que surgiera. "Consideramos este desarrollo un intento de desestabilización para alterar el status quo en la región", dijo Hagel en un comunicado el sábado, según el periódico The Wall Street Journal. "Esta acción unilateral aumenta el riesgo de malentendidos y errores de cálculo".

Estados Unidos no toma partido en la disputa territorial, pero es una aliado por tratado de Japón y reconoce el gobierno, pero no la soberanía, de Japón en las islas disputadas.

Hoy el Ministerio de Defensa chino presentó protestas a las embajadas de Japón y Estados Unidos, diciendo que los comentarios de Japón eran “totalmente infundados e inaceptables” y los comentarios de Estados Unidos "erróneos", según un comunicado publicado en la página web del ministerio.

Este lunes por la tarde el primer ministro japonés Shinzo Abe ha dicho que la declaración china era inaplicable. "Las medidas adoptadas por los chinos no tienen validez alguna en Japón, y exigimos que China revoque cualquier medida que pudiera infringir la libertad de vuelo en el espacio aéreo internacional", dijo Abe en una sesión del parlamento, según la agencia Kyodo News.

Abe ha afirmado que las medidas imponen unilateralmente las reglas establecidas por el ejército chino en todos los vuelos en la zona, y violan la libertad de volar sobre el mar abierto, un principio general bajo el derecho internacional.

Seúl calificó la medida como "lamentable'', ya que se superponía con su propia zona de defensa aérea e incorpora una roca disputada, sumergida, y controlada por Corea del Sur - conocida como Ieodo – que también ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensiones diplomáticas con Pekín. "Me gustaría decir una vez más que el control territorial de Ieodo no ha cambiado'', dijo Kim Min Seok, portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano, el lunes según France Presse.

En el anuncio, China dijo que los aviones que entraran en el área debían de informar de los planes de vuelo e identificarse. Añadió que su ejército tomaría "medidas de emergencia defensiva" si los aviones entrando en la zona no cumplen con sus normas.

Pero la implementación de la zona es lo que realmente preocupa a algunos expertos. “La defensa aérea de la zona está en una zona aérea internacional y tiene que estar regulado por la ley internacional,” dice Tetsuo Kotani, un especialista en seguridad militar, del Instituto Japonés de Asuntos Internacionales. “El desafío chino puede llegar a ser muy peligroso.”

Estas fricciones contrastan con una incipiente recuperación en el comercio, con un aumento de exportaciones a China del 21,3% en octubre comparado con hace un año. Y añaden presión a Abe, cuyo gobierno va a presentar su primera estrategia de seguridad nacional de la posguerra el mes que viene. (Estos eventos) “van a tener efectos negativos en las relaciones políticas, y por extensión, harán que sea más difícil continuar mejorando las relaciones económicas”, dice Kotani.

La disputa sobre estas formaciones rocosas en aguas ricas en petróleo, gas natural y pescado, situadas al sur-oeste de Japón, está escalando a medida que China y Japón buscan un papel más importante en la región, mejorando relaciones con naciones del sudeste asiático. Desde que asumió el cargo hace casi un año, Abe ha encabezado un movimiento para reforzar la capacidad de defensa japonesa, citando las amenazas de la creciente presencia marítima y militar de China en la región. Japón ha tenido una zona similar desde la década de 1960. A su vez, el presidente chino Xi Jinping, también ha hecho que Pekín se vuelto más asertivos en sus reivindicaciones territoriales en la región, lo que lleva al aumento de las tensiones con muchos de sus vecinos.

Estados Unidos no toma partido en la disputa territorial, pero es una aliado por tratado de Japón y reconoce el gobierno, pero no la soberanía, de Japón en las islas disputadas.

El origen de estas tensiones se remonta a 1971, cuando China reclamó la soberanía, en un periodo en el que las islas, originalmente japonesas, estaba siendo administradas por Estados Unidos (1945-1972). La tensión estalló el año pasado cuando Yoshihiko Noda, el primer ministro, nacionalizó tres islas de las cinco islas, provocando protestas a gran escala en China, en lo que según algunos expertos fue un torpe intento de evitar que cayeran en manos de Shintaro Ishihara, un derechista que fue gobernador de Tokio, hasta finales del año pasado.

Sin embargo, China insistió en que la medida era una conspiración antichina para fortalecer la posición japonesa. Y decidió deshacerse de cualquier tipo de pretensiones japonesas del control exclusivo de las aguas y los cielos alrededor de las islas. Las incursiones de buques de vigilancia llegaron primero, este es un segundo paso a la reacción de la compra de las islas del pasado otoño, afirma Ting. “China ha estado consistentemente haciendo valer su influencia, y siente que tiene algo que demostrar”.

 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafael Pansa

FUENTE: ElPaís