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Fundamentar - Economía https://www.fundamentar.com Sun, 26 May 2024 21:21:36 -0300 Joomla! - Open Source Content Management es-es El «arancel» del carbono y la agenda en América Latina https://www.fundamentar.com/economia/item/6530-el-arancel-del-carbono-y-la-agenda-en-america-latina https://www.fundamentar.com/economia/item/6530-el-arancel-del-carbono-y-la-agenda-en-america-latina Transiciones a economías verdes

Julieta Zelicovich y Leonardo E. Stanley nos comentan acerca del accionar de los países del mundo para lograr economías verdes y transiciones hacia la producción descarbonizada, y las expectativas a futuro. 

Según el último Reporte de Riesgo Global (WEF, 2020), los aspectos climáticos se ubican entre los cinco mayores riesgos que deberá confrontar la economía mundial en el futuro. El informe apunta a considerar los efectos asociados con dos episodios. Por un lado, la irrupción de «cisnes verdes» como se denomina a las crisis financieras provocadas por el cambio climático y que afectan el sistema sociopolítico. Por otro, la imposición de nuevas barreras en el comercio basadas en la huella del carbón.

La huella del carbón y nuevas barreras al comercio

La continua emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en el último siglo ha generado un incremento en la temperatura promedio del planeta. La gravedad de este fenómeno ha sido clave para avanzar con la introducción de una serie de mecanismos de mercado a nivel global, regional y local.

Tras este objetivo, en 2005 la Unión Europea introdujo un régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE – UE), el cual funciona según el principio de «limitación y comercio». Este mecanismo impone un límite máximo a la cantidad total de emisiones (decreciente en el tiempo) por debajo del cual las empresas pueden negociar sus excedentes. La reducción paulatina del límite encarece la cotización, lo cual debería inducir a inversiones en tecnologías limpias.

Europa ha impulsado la inclusión de la perspectiva ambiental de manera transversal a sus políticas públicas, incluida la comercial. Así en febrero 2021 Bruselas lanzó su plan de una «política comercial, abierta, sostenible y firme», en la que impulsa una adecuación de los instrumentos comerciales a la transición global «hacia una economía climáticamente neutra». También avanza con la instauración del programa verde (EU Green Deal), comprometiéndose a lograr la neutralidad climática en 2050.

¿Qué es el ajuste de carbono en frontera?

Todo ello habla de una acción muy ambiciosa en materia climática. En esta dirección se enmarca la idea de introducir un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, conocido como CBAM por sus siglas en inglés. Esta política, si bien está pensada en el marco de la búsqueda de la neutralidad de carbono, también conlleva una amplia repercusión geopolítica.

El Parlamento Europeo planteó la inmediata inclusión de los sectores del cemento, el acero, aluminio, refinerías petroleras, papel, vidrio, químicos, fertilizantes y electricidad, considerando el contenido de carbono en bienes intermedios, así como en el producto final. Los importadores se verían obligados a comprar un certificado cuyo valor se asocia al adoptado en el RCDE – UE. Así, el CBAM no solo equilibraría los precios internos con los de importación sino que también evitaría ser calificado como discriminatorio. Por otra parte, al calificar como un mecanismo de ajuste en frontera, el CBAM puede ser aprobado a nivel comunitario.

Pero mientras algunos países podrían, eventualmente sumarse, otros directamente se oponen. EE. UU. estaría en el primer grupo, aunque por el momento la administración demócrata se mantiene cautelosa. Japón podría eventualmente sumarse y Rusia se muestra más reticente. China por otro lado considera al esquema como una traba comercial destinada a perjudicar su ascenso, visión compartida por las principales economías emergentes como Brasil, India o Sudáfrica.

¿Y las necesidades de los países en desarrollo?

Las críticas también apuntan a la incongruencia que dicha normativa tendría con la normativa consagrada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la importancia de considerar de las necesidades especiales de los países en desarrollo. Resulta discutible si el CBAM cumplirá con estos dos requisitos debido a que la decisión se estaría adoptando cuando las industrias de los países desarrollados ya han iniciado las transiciones a la producción descarbonizada.

Toda resolución que finalmente se adopte será política. Vale recordar el rotundo éxito de los partidos verdes europeos en las elecciones que tuvieron lugar en 2019, y su efecto en la decisión adoptada por la presidente de Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de avanzar con el tributo. Que las autoridades en Beijing hayan decidido lanzar su propio mercado de carbono no solo refleja un mayor compromiso ambiental, también responde al lugar que actualmente ocupan las empresas chinas en los mercados globales de energías renovables.

Las exportaciones de cemento originadas en Colombia o Venezuela, o las de acero del Brasil podrían confrontar un mayor costo, asumir una externalidad que hasta el momento favorecía a su ecuación de negocios.

Aun cuando la pandemia aceleró la introducción del esquema, podemos decir que la idea no resulta novedosa. De implementarse, sus efectos serán globales. La dispar proyección de la recuperación económica pospandemia agrega elementos significativos a la evaluación de estas políticas. Sin embargo, una adopción apresurada, sin contemplar los desequilibrios globales, podría terminar consolidando una nueva geoeconomía.

Lo que sí queda claro es que si bien los modos de este proceso —quién, cuándo y cómo se hacen las reglas— pueden resultar cuestionables, su implementación próxima parece ineludible. Los países latinoamericanos no pueden ignorar ambos componentes y a la vez bregar por mecanismos de gobernanza más equitativos. Deben poner en agenda otros recursos para reducir la brecha de desarrollo asociada al cambio climático.

En esta agenda incluimos el financiamiento y la transferencia de tecnología, pero también la consistencia de las políticas macroeconómicas actuales (políticas de inversión y de energía) con sus consecuencias de futuro, más sustentable desde el compromiso ambiental. Todo ello plantea la necesidad de reconocer el problema e involucra urgentemente a los gobiernos latinoamericanos para contener el problema climático.

(*) Julieta Zelicovich es profesora de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y Doctora por la misma universidad. Directora del Grupo de Estudios sobre Negociaciones Comerciales Internacionales (GENCI). Investigadora Asistente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

(**) Leonardo E. Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad – CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 2020.

FUENTE: TalCual

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Elizabeth Hernández

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hola@fundamentar.com (Julieta Zelicovich (*) y Leonardo E. Stanley (**)) Economía Mon, 19 Jul 2021 14:26:57 -0300
Campo y Desarrollo https://www.fundamentar.com/economia/item/6504-campo-y-desarrollo https://www.fundamentar.com/economia/item/6504-campo-y-desarrollo El campo argentino

¿El campo es capaz de desempeñar un papel relevante en el desarrollo de nuestro país en las próximas décadas? ¿La economía agraria que domina la pradera pampeana puede hacer una contribución significativa al crecimiento y la diversificación de la economía nacional?

En nuestro país, incluso entre grupos informados–en particular entre los de sensibilidad nacional-popular–, el sector agroexportador tiene mala prensa: se dice que demanda poco empleo, que concentra el ingreso en pocas manos, que genera pocos eslabonamientos con otros sectores más intensivos en tecnología y trabajo calificado. Algunos incluso van más allá: el imperio de la soja, que dominó la pradera argentina en el último cuarto de siglo, ha contribuido a reprimarizar nuestra economía. Es el pasado, no el futuro.

El pasado, sin embargo, nos cuenta una historia más compleja. Para narrarla conviene dividirla en tres capítulos. El primero se refiere a la historia de una nación que, por más de medio siglo, avanzó por el camino del desarrollo y la mejora del nivel de vida de sus mayorías gracias al empuje de su economía pampeana. Pese a que no todo fue color de rosa en las décadas que van de la presidencia de Sarmiento al derrocamiento de Yrigoyen, el campo pampeano fue la gran locomotora de crecimiento del país más exitoso de América Latina. Ya sea que miremos el incremento del producto o del producto per cápita, la lección es la misma: la Argentina creció más rápido que sus vecinos latinoamericanos y que Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, las potencias económicas de ese tiempo.

Es importante recordar que el auge exportador, además de hacer crecer el producto, también contribuyó a diversificar la economía. ¿La prueba? La Argentina del trigo y la carne fue también la nación más industrializada de América Latina. La evidencia es concluyente: desde la década de 1870 y hasta la Gran Depresión, la producción manufacturera creció más rápido que la agropecuaria y para el fin de la década de 1920 representaba cerca del 20 % del producto total (esto es, poseía una gravitación superior a la que alcanza en nuestro tiempo). Para entonces, México, Brasil o Chile tenían sectores manufactureros más pequeños, en todos los casos inferiores al 13% del producto.

Para completar el cuadro conviene referirse a tres dimensiones que nos permiten calibrar mejor el impacto social del crecimiento exportador. Primero: gracias al impulso que provenía de la fértil pradera pampeana, y que la ciudad multiplicó al calor de la expansión de la manufactura y los servicios, nuestro país ofreció, junto con Uruguay, los salarios más altos de América Latina y grandes oportunidades de progreso económico y movilidad social para sectores muy amplios de su población. En segundo lugar, remuneraciones elevadas y oportunidades fueron los principales determinantes de un fenómeno que dejó una marca indeleble en la sociedad argentina: el arribo de millones de inmigrantes europeos. Finalmente, notemos que la elevada productividad agraria y la sostenida expansión de la industria y los servicios convirtieron a la Argentina en un país de grandes ciudades, y uno de los países más urbanizados del planeta. Más urbanizado que Francia o Alemania, Estados Unidos o Canadá.

Entre el fin de la Guerra del Paraguay y la Crisis del Treinta, pues, crecimiento agrario y expansión industrial, urbanización y mejora social, fueron de la mano. Los indicadores de desarrollo humano cuentan la historia de un país que avanzaba por el camino de la mejora del bienestar popular y en el que, para las mayorías, la idea de progreso no era una expresión vacía. Los avances de la Argentina en el terreno de la alfabetización y la escolarización son conocidos, toda vez que la escuela fue una de las políticas públicas estrella de ese tiempo. Menos atención se le ha prestado a otros indicadores que también resumen bien los progresos de la Argentina agroexportadora, como el referido a la esperanza de vida. Hacia comienzos de la década de 1880, la esperanza de vida al nacer era de 33 años. Para fines de la década de 1920, la esperanza de vida había crecido dos décadas, hasta los 53 años. Para entonces, la esperanza de vida argentina superaba en 19 años ala de México o Brasil.

¿Si los logros de la Argentina del crecimiento exportador fueron significativos, por qué, entonces, el país no siguió caminando por esa senda tan prometedora que, además, contaba con un amplio consenso tanto entre la elite dirigente como entre las clases populares? ¿Y por qué comenzó a volverse muy negativa la valoración del aporte del campo, hasta entonces principal responsable del crecimiento económico, al desarrollo nacional? El núcleo del problema radica en que esa Argentina que, gracias a la pampa, estaba muy bien preparada para funcionar en un mundo de mercados abiertos, no pudo afrontar con éxito los desafíos nacidos tras el giro proteccionista desencadenado por la Gran Depresión. Cuando el mercado mundial le dio la espalda, el país sufrió. Lo más importante: el derrumbe del comercio internacional disminuyó drásticamente la rentabilidad social del patrón de crecimiento exportador. Desde 1929, y por una década y media, los salarios se estancaron. A las mayorías, acostumbradas a que el progreso fuera una experiencia palpable, perceptible en la vida cotidiana, el presente se les hizo duro y el futuro aún más avaro. Los grupos dirigentes, por su parte, comenzaron a dudar de que el campo constituyera la avenida que conducía a un país mejor. La legitimidad del patrón de crecimiento exportador se vio erosionada. Las frustraciones que se fueron sumando luego de 1930 contribuyeron a arraigar en la mente argentina una nueva utopía de progreso económico y social, asociada a la industria manufacturera y al crecimiento volcado sobre el mercado interno. Una utopía que, además, nació animada por una redoblada exigencia de justicia social.

Llegados a este punto, es importante traer a la discusión una tensión que había permanecido dormida en la era del crecimiento exportador. Thomas Piketty nos ha mostrado que, en los países del Atlántico Norte, el crecimiento económico del siglo XIX aumentó la brecha entre los grandes capitalistas y los hombres y mujeres del común. Este fenómeno también impactó sobre la sociedad argentina. La singularidad nacional radica en que nuestra clase plutocrática poseía una base eminentemente agraria, cuyo emblema era la gran estancia. Mientras el progreso social fue percibido como una experiencia generalizada por la población urbana, esos terratenientes no tuvieron demasiadas razones para preocuparse. Esta actitud tolerante, primero desafiada tras el Grito de Alcorta, no sobrevivió intacta a las dificultades que trajo la década de 1930. Chacareros y trabajadores rurales en dificultades, expulsiones de arrendatarios, migración a la ciudad, desempleo, remuneraciones estancadas: cuando estas cuestiones ganaron un lugar en la discusión pública, la plutocracia rural pasó a encarnar el arquetipo del explotador insensible al dolor popular. Y ese mundo rural crecido en torno a la estancia, ese campo donde reinaba la injusticia social, comenzó a ser denunciado cada vez más abiertamente como el núcleo socioproductivo de una Argentina que miraba hacia el pasado. No es casual que, pocos años más tarde, Perón haya elegido a la oligarquía terrateniente –concebida como la personificación de todo lo malo que anidaba en la sociedad argentina, como responsable de la frustración del sueño de progreso nacional– como su principal enemigo.

¿Cuál es la importancia de todo esto? Nos permite comprender mejor las razones que hicieron que, hacia mediados del siglo XX, los caminos del crecimiento exportador y del desarrollo productivo nacional terminaran divorciándose (y que, como todo divorcio, la separación viniese acompañado de duros reproches). Esta inflexión lleva nuestra atención hacia el segundo capítulo de la historia de la relación entre campo y desarrollo. Este segundo capítulo –sin duda el más arraigado en la memoria histórica de los argentinos– se desplegó bajo el signo de otra epopeya productiva, la de la industrialización por sustitución de importaciones. La apuesta por la industria fue la respuesta más habitual, y también la más razonable, de los países de América Latina a los desafíos del mundo nacido entre la Depresión y el comienzo de la Guerra Fría. Dentro del panorama general, el caso argentino presenta algunos rasgos singulares. Cuando la política económica de la era industrial terminó de perfilarse a mediados de la década de 1940, tras la llegada de Perón al poder, uno de sus aspectos más salientes fue su acusado sesgo antiagrario. Una de sus expresiones más conspicuas fue un fuerte incremento de la presión fiscal sobre este sector. Este giro estaba indicando que el campo, que hasta la Gran Depresión había sido concebido como el motor del crecimiento, había pasado a desempeñar un papel subsidiario: proveedor de alimento barato para la población urbana y generador de divisas con las que sostener la expansión de la actividad manufacturera, erigida por la política pública en el sector líder de la economía.

Las oscuras perspectivas que el proteccionismo agrícola impuso al comercio de alimentos de clima templado en el escenario nacido tras la Depresión, que aconsejaban no apostar demasiado por el sector agroexportador, no alcanzan para explicar el sesgo anti-agrario de la política pública, que los voceros de este sector –siempre nostálgicos de un pasado que había muerto para siempre– tanto denunciaron desde la década de 1940. También pesó mucho la idea de que el campo evocaba el arcaísmo productivo, el mundo del atraso. Por supuesto, la configuración socio-política de nuestro país le dio solidez y estabilidad al nuevo rumbo, y contribuyó a imponer, tanto en la disputa política como en la discusión pública, el mundo de ideas sobre las que se asentaba la apuesta por la industria. Al fin y al cabo, ya antes de que Perón hiciera sonar la campana que marcaba el comienzo del reinado de las grandes chimeneas, la Argentina era el país más urbanizado y más industrializado del continente, y el que contaba con los sindicatos de trabajadores urbanos más poderosos.

El nuevo rumbo, sin embargo, prometió más de lo que entregó. La razón de fondo es que la Argentina estaba muy bien preparada para el crecimiento agroexportador pero no para convertirse en una potencia manufacturera. Carecía de una pampa industrial capaz de producir ese milagro. Sin energía barata, sin acero ni carbón, sin un mercado de tamaño suficiente como para alcanzar las economías de escala que vuelven más dinámica la actividad manufacturera, con altos costos laborales para la media latinoamericana, su performance estaba llamada a ser gris. La consecuencia: desde el peronismo en adelante las clases populares gozaron de una sensible mejora en términos de bienestar, pero en un marco signado por un rendimiento económico mediocre. La principal evidencia de esta limitación se aprecia en la comparación con los mismos países latinoamericanos que en el ciclo anterior nuestro país había dejado muy atrás: entre 1945 y 1972 la industria argentina creció al 4,4 % anual, mientras que la brasileña lo hizo al 8,4%, la chilena al 5,2 %, la colombiana al 6,6 % y la mexicana al 7,4 %.[3]Durante las décadas doradas de la era industrial, una vez superado el parate que trajo la Gran Depresión, el progreso social volvió a signar el paisaje urbano. Pero el ritmo de marcha fue más pausado. En la era del crecimiento exportador, Argentina se acercó a los países ricos y se alejó de los pobres. En la era industrial, en cambio, la historia argentina fue de divergencia respecto de los países desarrollados del Norte y de convergencia con los rezagados del Sur.

No es sorprendente que una estrategia de desarrollo que hacía depender el crecimiento de la manufactura y los servicios de fuertes subsidios del sector agropecuario pronto exhibiera limitaciones, que afectaron la producción exportable. Atenazado entre un mercado mundial anémico y una política pública muy hostil, el sector agrario incorporó poca tecnología, perdió dinamismo y rentabilidad. Para 1925 la agricultura pampeana era una de las más mecanizadas del planeta; un cuarto de siglo más tarde se había descapitalizado y penaba por la falta de tractores. Entre 1930 y 1960, las exportaciones pampeanas permanecieron estancadas, y luego experimentaron otros treinta años de moroso crecimiento. Pero lo más importante es que, de manera inevitable, las consecuencias de la debilidad exportadora también se sintieron fuera del campo. La dependencia estructural del sector manufacturero –poco competitivo y por ende incapaz de exportar y de satisfacer sus propias necesidades de tecnología e insumos– respecto de las exportaciones agropecuarias fue el canal a través del cual el pobre rendimiento exportador impactó sobre el resto de la economía. Ya en la década de 1950 una creciente demanda de divisas convirtió a la restricción externa en el talón de Aquiles de la Argentina industrial. Faltaban dólares porque faltaban exportaciones. Y con ello se reforzó la convicción nacida en la década de 1930: el empresariado del campo era insensible al estímulo del progreso y el cambio tecnológico.

De todos modos, la Argentina de la sustitución de importaciones siguió avanzando por el camino del progreso socioeconómico por otro cuarto de siglo, hasta entrada la década de 1970. En ese momento, el sector manufacturero tocó su techo y dejó de crecer. Desde entonces, la actividad industrial ha retrocedido sin pausa, y lo ha hecho bajo gobiernos de los más variados signos políticos y de las más diversas orientaciones políticas. De representar cerca de un tercio del producto en los años dorados de la sustitución de importaciones, la industria ha caído a menos de la mitad de esa cifra en el siglo XXI. Al final de las presidencias Kirchner, que tanto hicieron para protegerla, era más pequeña que en la presidencia de Alvear. Los gobernantes argentinos no son los responsables primeros del retroceso del sector industrial. Pese a que la contracción tiene ritmos y condimentos específicos en cada país, su razón de fondo no es nacional sino global: el desplazamiento de la manufactura hacia Oriente se advierte en todo Occidente. De hecho, el mismo fenómeno se observa en Brasil y Chile, Estados Unidos y Gran Bretaña, Francia y Alemania. A ambos lados del Atlántico, el giro de la economía y del empleo desde la producción industrial a los servicios es el signo de los tiempos. No todos los países, sin embargo, han sufrido esta transformación tanto como la Argentina. Porque el problema argentino no es de desindustrialización a secas sino, más bien, de retroceso productivo en términos más generales. Golpeada por la inestabilidad macroeconómica y la falta de rumbo, comprometida a defender un sector industrial que ha perdido capacidad de impulsar el desarrollo, hace varias décadas que la Argentina no encuentra modo de sacar mejor provecho de sus recursos institucionales, su capital humano y sus recursos naturales.

En este contexto, en el que la actividad manufacturera ha perdido capacidad para hacer crecer la economía y para dinamizar los mercados de trabajo urbanos, el papel del campo como promotor del desarrollo adquiere un relieve que no tenía desde la década de 1920. Mientras la luz que ilumina al sector industrial argentino palidece, la economía agroexportadora exhibe un horizonte más prometedor. Por una parte porque desde la década de 1990 crece e incorpora tecnología de punta, cercana a la frontera internacional. En estas décadas, su expansión no depende de la gran propiedad sino de la empresa de mediana o gran escala que se expande sobre tierra arrendada, apoyada en una vasta red de contratistas que la proveen de servicios especializados. El nuevo campo es el mundo de la bioeconomía, de la siembra directa, de la agricultura de precisión, de las tecnologías de la información aplicadas al agro. En segundo lugar, porque la sostenida expansión de los mercados asiáticos le ofrece al nuevo campo exportador un horizonte de crecimiento de largo plazo tan atractivo que el que primó entre la revolución de los transportes del siglo XIX y el comienzo de la Gran Depresión. En este escenario, el país puede y debe sacar mejor provecho de su activo productivo más potente.

Luego de un largo período de estancamiento y frustraciones, el agro del siglo XXI está en condiciones de impulsar el crecimiento del producto y la transformación productiva y, por esta vía, contribuir a arrancar de la pobreza a ese medio país que hoy no tiene ni presente ni futuro. ¿Qué es lo más valioso que puede ofrecer? ¿Por qué, incluso si a veces no nos simpatizan sus actores ni nos gustan sus tradiciones, debemos apostar a promover la expansión del sector agroexportador? En primer lugar, porque un aumento sostenido de las exportaciones es fundamental para aliviar la restricción externa y para darle mayor solidez macroeconómica a un país siempre sediento de dólares tanto para producir como para satisfacer sus necesidades de consumo y financiamiento, privadas y públicas. Si el país no logra fortalecer las cadenas de valor centradas en la exportación de productos agropecuarios (así como en todas aquellas otras que puedan sumarse) difícilmente pueda librarse de las urgencias y los dilemas de corto plazo que desde hace ya demasiado tiempo vemos repetirse a cada rato, y que tan dañinas son para el crecimiento (control de cambios, cierre de las exportaciones, cupos a las importaciones, etc.). Una primavera de términos de intercambio favorables es insuficiente para poner al país en esa senda. En segundo lugar, porque un perfil exportador más robusto es fundamental para apuntalar la expansión de las actividades volcadas sobre el mercado interno, muchas de las cuales son grandes demandantes de divisas. Sin un sector agroexportador más potente, el crecimiento sostenido de la industria y los servicios, incluso de aquellos sectores con más potencial exportador, se vuelve imposible. Y esto significa –y esto es lo más importante– que sin política pública consistente dirigida a favorecer la expansión exportadora no habrá incremento sostenido del empleo ni mejora del bienestar popular.

La contribución del campo al desarrollo de una economía más dinámica tiene dos límites claros, que no debemos ignorar. Por una parte, nuestro país ya no está en condiciones de volver a erigirse en una potencia exportadora como lo fue hasta la Gran Depresión. Pese a las perspectivas de expansión de los mercados asiáticos son muy promisorias, y aun si un muy fuerte incremento de las ventas a esos mercados fuera ecológicamente sustentable (un tema muy relevante y que merece un tratamiento sistemático, fuera del alcance de este texto), nuestro país no es lo suficientemente rico en recursos naturales como para hacer pivotear su desarrollo de manera exclusiva o preponderante sobre una estrategia exportadora. En segundo lugar, muchas décadas de crecimiento volcado sobre el mercado interno han dejado un legado que tiene luces y sombras, pero que en ningún caso podemos ignorar. Nuestro castigado tejido productivo urbano es demasiado vasto y complejo como para moverse al ritmo de las ventas externas, por más diversificadas y pujantes que éstas puedan resultar. Y esto significa que el empuje del complejo agroexportador y sus anexos industriales es, en sí mismo, insuficiente para revertir los problemas de pobreza y empleo de los grandes conglomerados urbanos del país.

Estos límites no deben hacernos creer que el camino al desarrollo consiste en remozar la nación industrial que tuvo su apogeo entre las décadas de 1940 y 1970. Ese puerto al que, en medio de la tempestad que es el mundo en la pandemia, algunos nos invitan a regresar, no es más que un cruel espejismo, que no tiene mucho que ofrecerle a esa media nación que hoy sobrevive en la pobreza y la informalidad laboral. Ese proyecto, quizás agradable para un sector importante de los trabajadores formales y sus organizaciones, así como para una fracción del empresariado industrial, ya no es capaz de incluir a todos. ¿Las razones? El país fabril surgido tras el cierre del mercado en la década de 1930 tenía mucho espacio para expandir su producción, que pudo crecer ocupando los espacios dejados vacantes por la retirada de la producción extranjera. Todo esto fue posible, en primer lugar, porque la tecnología que la industria requería para crecer en las décadas doradas de la industrialización por sustitución de importaciones estaba al alcance de la mano.

El panorama de nuestros días es muy distinto. Décadas de muy alta protección han forjado una de las economías más cerradas del mundo. En el último medio siglo, los resultados de esta política no fueron satisfactorios ni en lo que respecta al crecimiento manufacturero ni en lo referido a bienestar popular; en un mundo económico cada vez más globalizado, mucho menos lo serán en el futuro. Un proteccionismo redoblado no va a darle impulso a una industria que está integrada en cadenas de producción que trascienden nuestras fronteras y cuyos polos más dinámicos y sus motores de innovación están localizados fuera de nuestras fronteras; en todo caso su futuro será –como se reveló entre 2011 y 2015– la desindustrialización por sustitución de importaciones. Muros más elevados nos conducen a un callejón sin salida también en el plano industrial. Para crecernos sólo en el campo sino también en la ciudad es imprescindible exportar e importar más.

Dirigir la atención hacia las necesidades de nuestras castigadas mayorías nos permite observar otro costado del problema. En nuestros días, la canasta de consumo popular está integrada por bienes y servicios de origen importado o cuya fabricación requiere, en muchos casos, bienes de capital e insumos que no pueden producirse localmente. Además de pan, verdura y carne, además de lácteos y dulces, además de mejor vivienda y mejor infraestructura, el nivel de vida y el grado relativo de realización personal de nuestras mayorías depende, entre otras cosas, de su acceso a bienes importados: celulares y computadoras, vehículos livianos y automóviles, indumentaria y tecnología. Agreguemos, además, que la ley de Engel nos enseña que cuanto más prospere la Argentina y cuánto más crezca el ingreso de las mayorías, más importancia relativa tendrán los consumos no alimentarios. Para los que están en la base de la pirámide social, sin embargo, no se trata sólo de consumo sino también de empleo. Para crecer y generar más y mejores puestos de trabajo, nuestro sistema productivo también requiere bienes de capital e insumos importados en abundancia. La implicancia es clara: en el mediano y largo plazo, una sociedad más integrada y más igualitaria, con empleo digno y bien remunerado para todos y todas, con más capacidad de consumo popular, con empresas que crecen y generan empleo, no puede alcanzarse sin un sector exportador más potente y una mayor integración con la economía global.

¿Hacia dónde nos conduce este razonamiento? Nos invita a poner en duda el valor de muchas de las impugnaciones al campo que mencionamos en el párrafo inicial de este ensayo. Nos confirma que, en nuestros días, sector agroexportador y desarrollo no deben verse como términos antagónicos. Para precisar el argumento: en un país tan urbanizado como el nuestro no tiene mayor sentido afirmar que el campo no genera empleo suficiente o no promueve una mejor distribución del ingreso. En la Argentina de nuestros días, estos problemas, en todo caso, deben abordarse en otros ámbitos, capaces de incidir sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo urbanos, y con otras herramientas, como la política fiscal (por ejemplo, vía mayores impuestos al suelo). Al campo lo necesitamos, ante todo, para otra tarea: debemos pensarlo como uno de los pilares sobre los que arraigar una macroeconomía más sólida y un sistema productivo más dinámico. Estos dos objetivos son centrales para que todas las demás actividades productivas que se despliegan en nuestro país –en particular, las orientadas al mercado interno– puedan crecer sin tantos obstáculos y restricciones, alcancen mayor relieve y, a partir de allí, contribuyan a ampliar las magras oportunidades de mejora que nuestras castigadas clases trabajadoras tienen ante sus ojos. Para avanzar por este camino –esto es, para volver a reconciliar el crecimiento sustentable con la justicia social– es imperioso que la política pública contribuya a estimular el potencial productivo que anida en nuestro agro. Tras una demora que ya lleva medio siglo, la gran tarea que los argentinos tenemos por delante es ingresar al tercer capítulo de nuestra historia productiva. Difícilmente logremos dar pasos sólidos en esa esta dirección si no le asignamos al campo un papel de relieve en esta nueva etapa de la peripecia nacional.

(*) Roy Hora es historiador, doctorado en la Universidad de Oxford. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

FUENTE: Panamá Revista

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Elizabeth Hernández

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hola@fundamentar.com (Roy Hora (*) ) Economía Mon, 14 Jun 2021 14:09:00 -0300
Marcelo Alós: "El sector público debe ser el impulsor de la bioeconomía en las economías regionales" https://www.fundamentar.com/economia/item/6484-marcelo-alos-el-sector-publico-debe-ser-el-impulsor-de-la-bioeconomia-en-las-economias-regionales https://www.fundamentar.com/economia/item/6484-marcelo-alos-el-sector-publico-debe-ser-el-impulsor-de-la-bioeconomia-en-las-economias-regionales Marcelo Alós

El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional afirmó que "la bioeconomía tiene como uno de sus componentes a la biotecnología, que en Argentina ha sido un instrumento que le dio al sector agropecuario un salto cualitativo que lo llevó a ser uno de los más eficientes del mundo".

El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Marcelo Alós, sostuvo que "el sector público debe ser el impulsor del desarrollo de la bioeconomía en las economías regionales" y llamó a "conformar una alianza público-privada para que estas políticas generen más divisas, más exportación, más trabajo y más arraigo local".

En una entrevista con Télam, el funcionario resaltó además que la biotecnología "le dio al sector agropecuario de la pampa húmeda un salto cualitativo y cuantitativo que lo llevó a ser uno de los más eficientes del mundo" y destacó que "Argentina tiene mucha capacidad de innovación en este campo".

Alós es economista y actual secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. A continuación, los principales tramos de la entrevista:

-Alós, ¿qué es la bioeconomía?

-La bioeconomía tiene como uno de sus componentes a la biotecnología, que en Argentina ha sido un instrumento que le dio al sector agropecuario un salto cualitativo y cuantitativo que lo llevó a ser uno de los más eficientes del mundo. Este desarrollo tomó impulso en la década de 1990 cuando se generó el marco regulatorio para la aprobación de eventos como las producciones transgénicas resistentes a determinados fitosanitarios y plagas o todo el tema de la siembra directa y demás.

-¿Este desarrollo benefició a todo el sector agropecuario nacional?

-Ese modelo se concentró fundamentalmente en la pampa húmeda que tiene economías de escala y fue más bien impulsado y desarrollado por multinacionales.

Nosotros queremos, a partir de ese aprendizaje, trasladar ese modelo a lo que son hoy las economías regionales, que tienen mucho margen para introducir mejoras tecnológicas a la sazón de lo que hizo la pampa húmeda en los 90.

-¿Y cómo piensan llevar a cabo ese proceso de transformación en las economías regionales?

-Las economías regionales no tienen la economía de escala de la pampa húmeda, entonces el empuje lo tiene que hacer el sector público impulsando esos paquetes tecnológicos, su desarrollo y aprobación.

Y acá no hablamos sólo de la biotecnología sino también de economía circular, de la posibilidad de generar energía a partir de la biomasa, o en que los desechos de un proceso productivo se transformen en el insumo de otro proceso como, por ejemplo, sucede con los residuos de cerdo que después se transforman en biogás.

-¿El sector público cuenta con las capacidades necesarias para impulsar esta transformación?

-Sí, el Estado cuenta con capacidades a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de un sistema científico tecnológico público conformado por las universidades, por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). De esa articulación creemos que pueden surgir los desarrollos. Y para financiarlo tenemos al Fondo Tecnológico Argentino (Fontar), a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, aportes no reembolsables (ANRs) o créditos del sistema financiero o de organismos multilaterales.

-Una vez que las soluciones estén desarrolladas, ¿cómo vincularlas concretamente con el sistema productivo?

-Bueno, ahí deben jugar un rol directriz los Estados provinciales y el Estado Nacional y también hay empresas del sector privado con capacidades importantes que pueden acompañar. El desafío es hacer una alianza público-privada para que estos desarrollos brinden las soluciones que el sector productivo necesita. Argentina tiene mucha capacidad de innovación en este campo. 

-¿La Mesa de Innovación en Bioeconomía que pusieron en marcha recientemente desde el Ministerio va en esa línea de articulación con el sector privado?

-Totalmente. La mesa de innovación va en ese sentido. Es un trabajo interministerial muy importante y la recepción por parte del sector privado fue muy buena, con más de 300 inscriptos en la primera jornada. Y estamos convocando a más entidades para que se sumen, como por ejemplo las que agrupan a los fabricantes de bioinsumos y también las que producen biomateriales, ahí hay mucho para crecer.

-En pocas palabras, ¿en qué dimensiones impacta la bioeconomía?

-La bioeconomía impacta en tres dimensiones: una medioambiental, porque se puede utilizar para producciones sostenibles; otra económica, porque genera más productividad y mayor capacidad de producción por superficie; y una social, porque redunda en creación de empleos y en arraigo en el territorio y desarrollo local.

FUENTE: Télam

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Elizabeth Hernández

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hola@fundamentar.com (Emiliano Bonanotte) Economía Mon, 17 May 2021 15:28:06 -0300
La frágil hegemonía del dólar | Kenneth Rogoff https://www.fundamentar.com/economia/item/6454-la-fragil-hegemonia-del-dolar-kenneth-rogoff https://www.fundamentar.com/economia/item/6454-la-fragil-hegemonia-del-dolar-kenneth-rogoff La frágil hegemonía del dólar | Kenneth Rogoff

El poderoso dólar estadounidense sigue siendo el rey de los mercados internacionales. Pero su dominio tal vez sea más frágil de lo que parece, ya que futuras modificaciones al régimen cambiario de China pueden iniciar una transformación significativa del orden monetario internacional.

Por diversas razones, es de prever que algún día las autoridades chinas abandonarán su política actual de mantener el valor del yuan atado a una cesta de monedas y adoptarán en cambio un régimen moderno de metas de inflación, en el que se permita una flotación mucho más libre (en particular respecto del dólar). Cuando eso suceda, la mayor parte de Asia seguirá a China. Y con el tiempo, la importancia internacional del dólar (que hoy actúa como ancla monetaria para alrededor de dos tercios del PIB mundial) podría quedar reducida a la mitad.

Estados Unidos depende en gran medida del lugar especial del dólar (o lo que el entonces ministro de finanzas francés Valéry Giscard d’Estaing denominó «privilegio exorbitante» de Estados Unidos) para financiar una emisión masiva de deuda pública y privada, de modo que el impacto de ese cambio puede ser importante. Y ahora que Estados Unidos dio rienda suelta al déficit para financiar el combate a los estragos económicos de la COVID‑19, la sostenibilidad de su deuda podría quedar en duda.

El argumento tradicional para la flexibilización del yuan es que China es demasiado grande para permitir que su economía baile al compás de la Reserva Federal de los Estados Unidos (más allá de que obtiene cierto grado de aislamiento con el control de capitales). El PIB de China (a precios internacionales) superó al de Estados Unidos en 2014, y la economía china todavía crece más rápido que Estados Unidos y Europa; por eso la idea de flexibilizar el tipo de cambio resulta cada vez más atractiva.

Un argumento más actual es que el papel central del dólar da al gobierno de los Estados Unidos demasiado acceso a datos sobre transacciones internacionales (lo cual también inquieta a Europa). En principio, las transacciones en dólares se podrían liquidar en cualquier lugar del mundo, pero los bancos y cámaras compensadoras estadounidenses tienen una ventaja natural significativa, porque cuentan con el respaldo implícito (o explícito) de la Fed, que puede emitir moneda en forma ilimitada durante una crisis. En comparación, cualquier cámara de compensación fuera de los Estados Unidos está más expuesta a eventuales crisis de confianza, un problema que afectó incluso a la eurozona.

Además, las políticas que inició el expresidente estadounidense Donald Trump para limitar el dominio comercial de China no se terminarán pronto. Es uno de los pocos temas en los que demócratas y republicanos coinciden en líneas generales; y es indudable que la desglobalización del comercio debilita al dólar.

Abandonar la fijación del yuan supone para las autoridades chinas numerosas dificultades, pero como es habitual en ellas, llevan tiempo preparando el terreno en una variedad de frentes. China flexibilizó el acceso de inversores institucionales extranjeros a bonos denominados en yuanes; y en 2016 el Fondo Monetario Internacional añadió el yuan a la cesta de monedas en las que se basa el valor de los derechos especiales de giro (el activo global de reserva del FMI).

Además, el Banco Popular de China está muy adelantado respecto de otros grandes bancos centrales en el desarrollo de una moneda digital. Por ahora es sólo de uso interno, pero en algún momento servirá para facilitar el uso internacional del yuan, sobre todo en países que están gravitando hacia un futuro bloque monetario chino. Esto dará al gobierno chino acceso a datos de las transacciones digitales de los usuarios (como es el caso con el sistema actual respecto de Estados Unidos).

¿Seguirán otros países asiáticos a China? Estados Unidos hará todo lo posible por mantener a otras economías en órbita alrededor del dólar, pero no le resultará fácil. Así como a fines del siglo XIX Estados Unidos eclipsó a Gran Bretaña como principal socio comercial del mundo, hace mucho que China superó a Estados Unidos en ese aspecto.

Japón y la India tal vez se mantengan aparte, pero es probable que en caso de flexibilizarse el yuan le den al menos un peso similar al del dólar en las reservas de divisa extranjera.

El vínculo actual de Asia con el dólar se parece mucho a la situación de Europa en los sesenta y principios de los setenta. Pero ese período terminó con alta inflación y el derrumbe del sistema de fijación cambiaria de la posguerra (Bretton Woods). Entonces la mayor parte de Europa comprendió que el comercio intraeuropeo era más importante que el comercio con Estados Unidos, se formó un bloque basado en el marco alemán, y décadas después este se transformó en la moneda única, el euro.

No quiere decir esto que el yuan chino vaya a ser la moneda mundial de un día para el otro. La transición de una moneda dominante a otra puede llevar mucho tiempo. Por ejemplo, durante el período de entreguerras (1919‑39), la nueva moneda internacional (el dólar) tuvo más o menos la misma importancia en las reservas de los bancos centrales que la libra británica, que había sido la moneda global dominante por más de un siglo después de las Guerras Napoleónicas de principios del siglo XIX.

¿Qué tiene de cuestionable el hecho de que tres monedas mundiales (el euro, el yuan y el dólar) compartan el centro del escenario? Nada, excepto que ni los mercados ni los gobiernos parecen mínimamente preparados para la transición. Es casi seguro que el tipo de interés de la deuda pública estadounidense subirá, aunque el mayor efecto lo sentirán los deudores corporativos, en particular pequeñas y medianas empresas.

Los funcionarios estadounidenses y muchos economistas al parecer siguen convencidos de que el apetito mundial de deuda denominada en dólares es prácticamente insaciable. Pero la posición internacional del dólar puede recibir un duro golpe si China moderniza sus esquemas cambiarios.

(*) Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the International Monetary Fund from 2001 to 2003. He is co-author of This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly and author of The Curse of Cash.

FUENTE: Project Syndicate

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hola@fundamentar.com (KENNETH ROGOFF (*)) Economía Fri, 09 Apr 2021 18:41:11 -0300
Cómo evitar una recuperación global con forma de K | Stiglitz, Spence y Ghosh https://www.fundamentar.com/economia/item/6452-como-evitar-una-recuperacion-global-con-forma-de-k-stiglitz-spence-y-ghosh https://www.fundamentar.com/economia/item/6452-como-evitar-una-recuperacion-global-con-forma-de-k-stiglitz-spence-y-ghosh Cómo evitar una recuperación global con forma de K | Stiglitz, Spence y Ghosh

Estados Unidos espera «independizarse» de la COVID‑19 el 4 de julio (Día de la Independencia), cuando haya vacunas para toda la población adulta. Pero para muchos países en desarrollo y emergentes, el final de la crisis todavía está muy lejos.

Como mostramos en un informe para la Comisión sobre Transformación Económica Mundial del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico (INET), para que sea posible una recuperación global rápida, es necesario que todos los países puedan declararse independientes del virus.

La capacidad de mutación del coronavirus implica que nadie estará a salvo mientras no se lo haya controlado en todas partes. Por eso es esencial efectuar lo antes posible una distribución universal de vacunas, equipos de protección personal y tratamientos. Las restricciones actuales al suministro de esos elementos son básicamente artificiales, en la medida en que son resultado de un régimen internacional de propiedad intelectual mal diseñado.

Pero más allá de la muy postergada reforma de dicho régimen, lo que se necesita con más urgencia es una suspensión de los derechos de propiedad intelectual asignados a productos necesarios para el combate a la COVID‑19 o la creación de fondos comunes de patentes para su uso compartido (pooling). Muchos países demandan estas medidas, pero los intereses corporativos de las economías avanzadas han opuesto resistencia, y sus gobiernos se han dejado llevar por la miopía. El ascenso del «nacionalismo pandémico» ha expuesto una variedad de deficiencias en los regímenes internacionales de comercio, inversión y propiedad intelectual (algo que la comisión del INET analizará en un informe posterior).

Las economías avanzadas, sobre todo Estados Unidos, han actuado con determinación para reactivar sus economías y apoyar a familias y empresas vulnerables. Entendieron (aunque tal vez fuera una lección pasajera) que en crisis como esta, las medidas de austeridad son profundamente contraproducentes. Pero los países en desarrollo, en su mayoría, tienen grandes dificultades para obtener fondos que les permitan mantener los programas de apoyo vigentes, por no hablar de absorber los costos adicionales impuestos por la pandemia. Estados Unidos gastó alrededor del 25% de su PIB en medidas de apoyo a la economía (y consiguió así poner coto a la desaceleración), pero los países en desarrollo sólo han podido gastar un porcentaje mucho menor.

Nuestros cálculos, basados en datos del Banco Mundial, muestran que el gasto en Estados Unidos, del orden de los 17 000 dólares per cápita, fue unas 8000 veces mayor al de los países menos desarrollados.

Además del uso decidido de la política fiscal, hay tres medidas que los países desarrollados pueden tomar y que los beneficiarán, además de colaborar con la recuperación mundial. En primer lugar, impulsar una gran emisión de derechos especiales de giro, el activo global de reserva del Fondo Monetario Internacional. El FMI puede emitir en forma inmediata unos 650 000 millones de dólares en DEG sin necesidad de aprobación de las legislaturas nacionales. Y el efecto expansivo de la medida será mucho mayor si los países ricos transfieren sus asignaciones desproporcionadas de DEG a otros países con necesidad de efectivo.

El segundo conjunto de medidas también implica al FMI, dada su influencia sobre la política macroeconómica de los países en desarrollo, en particular aquellos que acuden a él para resolver problemas de balanza de pagos. Resulta alentador que el FMI haya sido un activo propulsor de la implementación de cuantiosos y prolongados programas de ayuda fiscal en Estados Unidos y en la Unión Europea, y que haya reconocido incluso la necesidad de aumentar el gasto público en los países en desarrollo, pese a lo adverso de las condiciones externas.

Pero a la hora de estipular los términos de los préstamos para países con problemas de balanza de pagos, las acciones del FMI no siempre se condicen con sus declaraciones. Un análisis que hizo hace poco Oxfam International de programas de ayuda del FMI recientes y vigentes halla que entre marzo y septiembre de 2020, 76 de los 91 préstamos negociados por el Fondo con 81 países demandaban recortes del gasto público que podrían trasladarse a deterioro de los sistemas sanitarios y previsionales, congelamiento de salarios de los empleados públicos (incluido el personal médico y docente) y reducción de los seguros de desempleo, de las licencias por enfermedad y de otras prestaciones sociales. La austeridad (sobre todo tratándose de recortes en esas áreas esenciales) no tendrá en los países en desarrollo mejores resultados que los que obtendría en los desarrollados. Además, aquellos países podrían contar con un mayor margen fiscal si recibieran más asistencia (incluida la emisión de DEG antes mencionada).

Finalmente, los países desarrollados pueden organizar una respuesta integral a los enormes problemas de deuda que enfrentan muchos países. Todo dinero gastado en pagar deudas es dinero que no se usa en combatir el virus y reactivar la economía. Al principio de la pandemia, se esperaba que una suspensión de los pagos de deuda de países en desarrollo y emergentes sería suficiente; pero ya pasó más de un año, y algunos deudores necesitan una reestructuración integral, en vez de los típicos parches que lo único que hacen es generar las condiciones para la próxima crisis.

Hay mucho que pueden hacer los países acreedores para facilitar esas reestructuraciones y alentar una participación más activa del sector privado (que hasta ahora se ha mostrado bastante reacio a colaborar). Como recalca el informe de la Comisión, si hubo un momento para hacer valer los principios de fuerza mayor y necesidad, es ahora. No se les puede pedir a los países deudores que paguen lo que no pueden, sobre todo si será a costa de tanto padecimiento.

Las políticas que se describen aquí serían de gran ayuda para los países en desarrollo y costarían poco y nada a los países desarrollados. De hecho, el interés propio bien entendido del mundo desarrollado exige hacer todo lo posible por ayudar a los países en desarrollo y emergentes, sobre todo cuando es tan fácil de hacer y beneficiaría a gran parte de la humanidad. La dirigencia política en los países desarrollados tiene que comprender que nadie estará a salvo mientras no lo estén todos, y que la salud de la economía global depende de que haya una fuerte recuperación en todas partes.

Este comentario también lleva las firmas de Rob Johnson, Rohinton Medhora, Dani Rodrik y otros integrantes de la Comisión sobre Transformación Económica Mundial del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico.

(*) Michael Spence, a Nobel laureate in economics, is Professor of Economics Emeritus and a former dean of the Graduate School of Business at Stanford University. He is Senior Fellow at the Hoover Institution, serves on the Academic Committee at Luohan Academy, and co-chairs the Advisory Board of the Asia Global Institute. He was chairman of the independent Commission on Growth and Development, an international body that from 2006-10 analyzed opportunities for global economic growth, and is the author of The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World.  

(**) Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is a former chief economist of the World Bank (1997-2000) and chair of the US President’s Council of Economic Advisers, was lead author of the 1995 IPCC Climate Assessment, and co-chaired the international High-Level Commission on Carbon Prices.

(***) Jayati Ghosh, Executive Secretary of International Development Economics Associates, is Professor of Economics at the University of Massachusetts Amherst and a member of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation.

FUENTE: Project Syndicate

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hola@fundamentar.com (MICHAEL SPENCE (*) , JOSEPH E. STIGLITZ (**), JAYATI GHOSH (***)) Economía Fri, 09 Apr 2021 17:27:55 -0300
Financiamiento global para terminar con la pandemia | Jeffrey Sachs https://www.fundamentar.com/economia/item/6451-financiamiento-global-para-terminar-con-la-pandemia https://www.fundamentar.com/economia/item/6451-financiamiento-global-para-terminar-con-la-pandemia Financiamiento global para terminar con la pandemia | Jeffrey Sachs

Las reuniones de primavera de esta semana del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial ofrecen una posibilidad histórica para la cooperación financiera.

Las principales economías, entre ellas Estados Unidos, la Unión Europea, China y otros países del G20, ya han señalado su apoyo a una nueva asignación de 650.000 millones de dólares de los activos de reserva del FMI, los derechos especiales de giro (DEG), para garantizar que los gobiernos en países de bajos y medianos ingresos tengan los medios para combatir la pandemia del COVID-19 y se encaminen en el sendero de la recuperación liderada por la inversión. Con liderazgo, audacia y creatividad, esta cooperación financiera global puede ayudar a poner fin a la pandemia.

La inmunización masiva es esencial. Menos de un año después de que se identificara y se secuenciara por primera vez el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, el respaldo financiero de los gobiernos –incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Rusia, China e India- permitió que varias compañías desarrollaran vacunas seguras y efectivas. Los países ricos que rápidamente negociaron acuerdos favorables con fabricantes de vacunas han recibido la mayoría de las dosis hasta el momento. Pero poner fin a la pandemia exige que todos los países alcancen una cobertura de vacunas integral lo antes posible. En términos prácticos, el objetivo debería ser no más allá de fines de 2022.

Una empresa global inédita de esta envergadura exige una fuerte cooperación, con respaldo financiero incluido. Ahora bien, la urgencia nos debería resultar clara a todos. Mientras el COVID-19 persista en tasas elevadas de transmisión en alguna parte del mundo, la pandemia seguirá alterando la producción, el comercio y el turismo globales, y también dará lugar a mutaciones virales que amenazan con minar la inmunidad adquirida previamente de infecciones y vacunaciones pasadas. Peor aún, en la trayectoria actual, el COVID-19 bien podría convertirse en una endemia en muchas regiones del mundo, imponiendo altos costos sanitarios y económicos en los próximos años. Como enfatizó esta semana Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, todos los países, por ende, comparten un fuerte interés en terminar con la pandemia en todas partes.

Los gobiernos del mundo crearon el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra el COVID-19 (ACT-A), que incluye el programa de Acceso Global para Vacunas contra el COVID-19 (COVAX), el pilar de vacunas de ACT-A, para garantizar un control universal del SARS-CoV-2. Pero si bien ACT-A y COVAX han diseñado planes globales para vacunas, testeos y tratamientos, es necesario fortalecer los planes con urgencia por dos razones íntimamente relacionadas.

Primero, el objetivo operacional que utiliza actualmente COVAX –un mínimo del 27% de la población de todos los países elegibles inmunizada para fines de este año- debe elevarse a una vacunación de todos los adultos para fines de 2022. Esto es necesario para terminar con la pandemia y reducir las posibilidades de nuevas mutaciones.

Segundo, se necesita con urgencia una planificación hasta fines de 2022, dados los plazos de ejecución para ampliar la producción y las cadenas de suministros de vacunas y otras materias primas cruciales. Sin embargo, ACT-A y COVAX siguen infrafinanciadas inclusive para 2021: los 11.000 millones de dólares que los gobiernos han asignado hasta la fecha revelan una brecha de financiamiento de 22.000 millones de dólares para este año –una escasez que hasta el momento ha demorado una planificación necesaria hasta fines de 2022-. Mientras tanto, la escasez actual de vacunas lleva a los países a pelear para adelantarse en la fila, inclusive pagando precios muy altos. Esto subraya la necesidad urgente de garantizar que todos los países, inclusive los más pobres, puedan alcanzar una cobertura de vacunas integral de una manera justa y a su debido tiempo.

Las sumas adicionales necesarias para garantizar una cobertura de vacunas universal para fines de 2022, y otros suministros para el COVID-19, son modestas –quizá 50.000 millones de dólares para ACT-A-. Es una cifra desdeñable en relación a los enormes beneficios globales que implica terminar con la pandemia y el gigantesco gasto relacionado con la pandemia por parte de los gobiernos de países de altos ingresos en todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos por sí solo ha gastado aproximadamente 5 billones de dólares en partidas de emergencia entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

Para hacer su trabajo, ACT-A (incluido COVAX) necesita un financiamiento inicial para cubrir las necesidades de vacunas en 2022. Dado que aumentar la producción de vacunas (y de algunas otras materias primas) requiere un plazo de ejecución de 6-12 meses, deberían garantizarse los 50.000 millones de dólares en las próximas semanas, para que ACT-A y COVAX puedan trabajar con los fabricantes a fin de asegurar los suministros necesarios. La asignación de nuevos DEG del FMI ofrece una oportunidad extraordinaria –y tal vez la única- para conseguir este financiamiento.

Cuando se emitan los nuevos DEG, alrededor de 20.000 millones de dólares de nuevas reservas irán directamente a los países más pobres. Además, alrededor de 100.000 millones de dólares o más que se asignan a países ricos serán reciclados al FMI para ser utilizados en préstamos de largo plazo y bajo interés. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha estado trabajando de manera estrecha y creativa con gobiernos del G20 en el diseño de esta estrategia novedosa y prometedora. Una excelente idea es utilizar los DEG para impulsar el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI, el mecanismo de financiamiento del Fondo para los países pobres.

En este sentido, existe un precedente importante. En 2015, el FMI creó un Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes destinado a ayudar a ofrecer financiamiento de emergencia para el control del ébola a Guinea, Liberia y Sierra Leona. Esta vez, el financiamiento del FFCLP podría estar condicionado a su uso para abastecimientos relacionados con ACT-A y COVAX y para otras medidas de control del COVID-19 que el gobierno prestatario documente ante el FMI (como reembolsos para vacunas contra el COVID-19 que han sido contratadas por los estados miembro fuera de COVAX).

ACT-A ahora está preparando estimaciones del financiamiento que los 92 países de bajos y medianos ingresos del mundo elegiblespara el respaldo de COVAX necesitarán para vacunas, testeos, terapéutica y otros suministros hasta fines de 2022. En base a las necesidades de financiamiento estimadas, se puede generar un plan financiero de ACT-A para cada país, que sería respaldado con los DEG y los fondos ampliados del FFCLP.

En las próximas semanas, debería estar listo un plan racional para financiar las necesidades de la balanza de pago del COVID-19 de todos los países hasta fines de 2022. El FMI fue creado para manejar una emergencia de balanza de pagos de estas características. El acceso al financiamiento del FMI protegerá el bienestar y la estabilidad macroeconómica de los países individuales y del mundo en general. Debemos aprovechar esta oportunidad crítica para que las Naciones Unidas, el FMI y gobiernos clave –entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, la UE, Japón, el Reino Unido y otros- cooperen de manera efectiva por el bien de la humanidad.

FUENTE: Project Syndicate

(*) Jeffrey D. Sachs, Professor of Sustainable Development and Professor of Health Policy and Management at Columbia University, is Director of Columbia’s Center for Sustainable Development and the UN Sustainable Development Solutions Network. He has served as Special Adviser to three UN Secretaries-General. His books include The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy, and most recently, A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism.

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hola@fundamentar.com (JEFFREY D. SACHS (*)) Economía Fri, 09 Apr 2021 17:08:26 -0300
La desglobalización afectará el crecimiento en todas partes | Kenneth Rogoff https://www.fundamentar.com/economia/item/6384-la-desglobalizacion-afectara-el-crecimiento-en-todas-partes https://www.fundamentar.com/economia/item/6384-la-desglobalizacion-afectara-el-crecimiento-en-todas-partes La desglobalización afectará el crecimiento en todas partes | Kenneth Rogoff

Todo indica que la economía mundial pospandemia será mucho menos globalizada, con un rechazo de las dirigencias políticas y de las poblaciones a la apertura como no se ha visto desde las guerras de aranceles y devaluaciones competitivas de la década de 1930. Y esto traerá consigo no sólo menos crecimiento, sino también una reducción significativa del producto nacional en todas las economías, excepto tal vez las más grandes y diversificadas.

En su profético libro de 2001 El fin de la globalización, el historiador de la economía Harold James (Princeton) relata el derrumbe de una era anterior de integración económica y financiera global bajo la presión de hechos inesperados acaecidos durante la Gran Depresión de los años treinta, que culminaron en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, parece que la pandemia de COVID‑19 está acelerando otro proceso de desglobalización.

La retirada actual comenzó con la victoria de Donald Trump en la elección presidencial estadounidense de 2016, que llevó a una guerra de aranceles entre Estados Unidos y China. Es probable que el efecto negativo a largo plazo de la pandemia sobre el comercio internacional sea todavía mayor, en parte porque los gobiernos son cada vez más conscientes de la necesidad de considerar la capacidad de los sistemas de salud pública como un imperativo de seguridad nacional.

El riesgo actual de una debilitante sobrerreacción desglobalizadora al estilo de los años treinta es enorme, en particular si continúa el deterioro de la relación sinoestadounidense. Y es absurdo pensar que una desglobalización caótica al calor de una crisis no introducirá nuevos problemas mucho peores.

Incluso Estados Unidos, con su muy diversificada economía, una tecnología de avanzada y una sólida base de recursos naturales, puede sufrir una reducción significativa del PIB real como resultado de la desglobalización. Para economías más pequeñas y países en desarrollo que en muchos sectores no llegan a tener una masa crítica y que a menudo carecen de recursos naturales, la ruptura del comercio internacional implica revertir muchas décadas de crecimiento. Y esto sin haber considerado el impacto duradero de las medidas de distanciamiento social y cuarentena.

El difunto economista Alberto Alesina, una figura imponente en el campo de la economía política, sostuvo que para un país bien gobernado en la era de la globalización, la pequeñez puede ser una ventaja. Pero en la actualidad, los países pequeños sin una alianza económica estrecha con un estado de mayor tamaño o una unión de estados se enfrentan a enormes riesgos económicos.

Es verdad que la globalización generó desigualdad económica entre los más o menos mil millones de personas que viven en las economías avanzadas. La competencia comercial asestó un duro golpe a los trabajadores con bajos salarios en algunos sectores, aunque al mismo tiempo abarató los bienes para todos. Y puede decirse que la globalización financiera tuvo un efecto aun mayor, al aumentar las ganancias de las multinacionales y ofrecer a los ricos nuevos instrumentos muy rentables para la inversión en el extranjero, sobre todo desde 1980.

En su exitoso libro de 2014 El capital en el siglo XXI, Thomas Piketty apunta a la creciente desigualdad de ingresos y riqueza como prueba del fracaso del capitalismo. Pero ¿fracaso para quiénes? Fuera de las economías avanzadas, allí donde vive el 86% de la población mundial, el capitalismo global sacó a miles de millones de personas de la pobreza extrema. De modo que no hay duda de que una sobrerreacción desglobalizadora puede generar muchos más perjudicados que beneficiados.

Es verdad que el modelo actual de globalización necesita ajustes, en particular un gran fortalecimiento de la red de seguridad social en las economías avanzadas y (en la medida de lo posible) también en los mercados emergentes. Pero crear resiliencia no es lo mismo que descartar todo el sistema y empezar de cero.

A Estados Unidos la desglobalización puede perjudicarlo más de lo que algunos de sus políticos (de derecha y de izquierda) parecen comprender. Para empezar, el sistema global de comercio forma parte de un acuerdo por el que Estados Unidos obtiene la hegemonía de un mundo en el que la mayoría de los países, incluida China, tienen motivos para hacer que el orden internacional funcione.

Y dejando a un lado las derivaciones políticas, la desglobalización también plantea riesgos económicos para Estados Unidos. En particular, es probable que muchos de los factores favorables que hoy permiten al gobierno y a las corporaciones estadounidenses endeudarse mucho más que sus homólogos de cualquier otro país estén vinculados con el papel central del dólar dentro del sistema. Y hay una amplia variedad de modelos económicos que muestran que el aumento de aranceles y fricciones comerciales trae consigo una reducción al menos proporcional de la globalización financiera. Esto, además de una enorme caída de las ganancias de las multinacionales y del valor de las bolsas (algo que tal vez sea del agrado de algunos) también puede provocar una significativa reducción de la demanda extranjera de títulos de deuda estadounidenses.

No sería una situación ideal en un momento en que Estados Unidos necesita endeudarse a gran escala para preservar la estabilidad social, económica y política. Así como la globalización ha sido un factor importante de los bajos niveles actuales de inflación y tipos de interés, revertir el proceso puede presionar sobre los precios y las tasas en la otra dirección, sobre todo por el aparente shock de oferta duradero que provocará la COVID‑19.

No hace falta decir que nos aguardan otras batallas que demandan cooperación internacional, sobre todo el cambio climático. Será todavía más difícil motivar a las economías en desarrollo para que pongan límite a sus emisiones de dióxido de carbono si un derrumbe del comercio internacional debilita el mayor incentivo compartido que tienen los países para mantener la paz y la prosperidad global.

Y no hay que olvidar que aunque la COVID‑19 hasta ahora afectó a Europa y a Estados Unidos mucho más que a la mayoría de los países de bajos ingresos, todavía existe un riesgo enorme de que se produzca una tragedia humanitaria en África y otras regiones pobres. ¿Es realmente un buen momento para reducir la capacidad de estos países para protegerse?

Incluso si Estados Unidos hace caso omiso de los efectos de la desglobalización sobre el resto del mundo, debe recordar que la abundante demanda actual de activos denominados en dólares depende en gran medida del enorme sistema comercial y financiero que algunos políticos estadounidenses pretenden achicar. Si se produce un exceso de desglobalización, ningún país estará a salvo.

 

(*) Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the International Monetary Fund from 2001 to 2003. He is co-author of This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly and author of The Curse of Cash.

FUENTE: Project Syndicate

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hola@fundamentar.com (Kenneth Rogoff (*)) Economía Thu, 04 Jun 2020 10:05:54 -0300
Cómo evitar que la COVID‑19 provoque una crisis alimentaria | Reinhart y Subbaraman https://www.fundamentar.com/economia/item/6381-como-evitar-que-la-covid-19-provoque-una-crisis-alimentaria-reinhart-y-subbaraman https://www.fundamentar.com/economia/item/6381-como-evitar-que-la-covid-19-provoque-una-crisis-alimentaria-reinhart-y-subbaraman Cómo evitar que la COVID‑19 provoque una crisis alimentaria | Reinhart y Subbaraman

Ya antes de la pandemia había signos de un posible próximo encarecimiento mundial de los alimentos. Los fenómenos meteorológicos extremos inducidos por el cambio climático se han vuelto más comunes. El año pasado, la fiebre porcina africana eliminó más de un cuarto de la población mundial de cerdos, lo que provocó en China un aumento interanual de precios de los alimentos de entre 15 y 22% en lo que va de 2020. Y luego la peor plaga de langostas en 70 años destruyó cultivos en el este de África. En Kenia, el precio del maíz (un ingrediente básico de la dieta) creció más del 60% desde 2019.

La COVID‑19 amplifica el riesgo de una escalada mundial de precios de los alimentos, algo que provocaría crisis declaradas en muchos países en desarrollo. En los más pobres, los alimentos suponen entre el 40 y el 60% de la canasta de consumo, unas cinco o seis veces más que en las economías avanzadas.

Las cuarentenas provocaron una enorme contracción de la demanda de bienes duraderos y servicios prescindibles, pero con los alimentos ocurre lo contrario. En ciudades de todo el mundo, desde el inicio de la pandemia se han multiplicado los casos informados de compras por pánico y acaparamiento de alimentos.

Por el lado de la oferta, aunque las reservas mundiales de granos están en buenos niveles, las alteraciones a la producción y distribución de alimentos provocadas por el virus pueden llevar a que se agoten en poco tiempo. Y la escasez de forrajes, fertilizantes y pesticidas aumentó los costos de la producción agrícola y el riesgo de malas cosechas.

Además, ya sea en la recolección de frutas y vegetales en la India o la operación de plantas de procesamiento de carne en Estados Unidos, hay una escasez de mano de obra cada vez más evidente como resultado de las restricciones al movimiento internacional de personas en gran parte del mundo, que alteran el ciclo estacional normal del trabajo agrícola migrante. Y la escasez de medios de transporte dificulta todavía más el traslado de la producción a los mercados que siguen funcionando.

En vez de vender en bulto a restoranes, hoteles y escuelas (que ahora están cerrados), los agricultores necesitan reorientar sus cadenas de suministro hacia la venta a tiendas de cercanía y la entrega a domicilio. Pero eso lleva tiempo, en particular porque hay diferencias de preparación y empaquetado entre los productos alimenticios de uso comercial y los que se venden directamente a los consumidores. Mientras tanto, ya hubo casos de destrucción forzosa de productos frescos.

Encima, algunos importantes países productores de alimentos ya han respondido a la pandemia con restricciones (cuotas o prohibiciones) a las exportaciones; por ejemplo Rusia y Kazajistán para los granos y la India y Vietnam para el arroz. Y otros han comenzado a acelerar las importaciones para acumular reservas de alimentos, por ejemplo las Filipinas (arroz) y Egipto (trigo).

Este proteccionismo alimentario puede parecer un buen modo de dar alivio a los segmentos más vulnerables de la población, pero si muchos gobiernos apelan a esta clase de intervenciones en simultáneo puede producirse una escalada global de precios de los alimentos, como sucedió en 2010‑11. El Banco Mundial calcula que en aquel momento un 40% del aumento del precio mundial del trigo y un 25% en el caso del maíz fueron atribuibles a medidas proteccionistas.

El nerviosismo de los países es comprensible. La pandemia de COVID‑19 ya provocó reducción del crecimiento y aumento del desempleo, del déficit fiscal y de la deuda en una variedad de economías (tanto avanzadas como emergentes) y la aparición de nuevos focos de contagio en países en desarrollo agudizará el dilema entre salvar vidas y proteger los medios de subsistencia de la gente. Además, los países en desarrollo ya enfrentan un corte súbito de los flujos de capitales y remesas y un derrumbe del turismo, a lo que se suma, en el caso de los muchos de ellos que son exportadores de petróleo y commodities primarios, un enorme deterioro de los términos de intercambio y de los tipos de cambio. Incluso antes de la COVID‑19, muchos países de bajos ingresos ya estaban en grave riesgo de tener problemas de deuda. Y muchas de estas economías también son muy vulnerables a una escalada de precios de los alimentos.

El Índice Nomura de Vulnerabilidad Alimentaria califica 110 países según su exposición a grandes oscilaciones de precios de los alimentos, teniendo en cuenta el PIB nominal per cápita, la participación de los alimentos en la canasta hogareña de consumo y el nivel neto de importación de alimentos. La última medición muestra que los 50 países más vulnerables a un encarecimiento sostenido de los alimentos corresponden casi en su totalidad a economías en desarrollo que equivalen a casi tres quintos de la población mundial.

De hecho, dado el carácter universalmente regresivo de los precios de los alimentos, su encarecimiento sería un problema en todo el mundo. Incluso en las economías desarrolladas, un salto de precios de los alimentos ampliará la disparidad entre ricos y pobres y agravará así la importante desigualdad de riqueza preexistente. Y no hay que pasar por alto la conexión histórica entre las crisis alimentarias y la agitación social.

Las instituciones multilaterales se han movilizado rápidamente durante la crisis para proveer financiación de emergencia a una cantidad récord de países en desarrollo; el G20, en tanto, acordó otorgar a los países pobres que lo necesiten una moratoria del pago de deudas. Pero los riesgos de una escalada de precios de los alimentos no afectan solamente a las economías más vulnerables, de modo que es posible que otros países también necesiten un alivio de deudas temporal.

En momentos en que la pandemia amenaza generar un caos económico todavía mayor, es necesaria la colaboración de los gobiernos para enfrentar el riesgo de interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos. Y más en general, un mínimo de coordinación internacional de políticas es esencial para evitar que el proteccionismo alimentario se convierta en la nueva normalidad post‑pandemia.

 

FUENTE: Project Syndicate

 

(*) Carmen M. Reinhart is Professor of the International Financial System at Harvard University's John F. Kennedy School of Government.

(**) Rob Subbaraman is Head of Global Macro Research at Nomura.

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hola@fundamentar.com (Carmen Reinhart (*) y Rob Subbaraman (**)) Economía Wed, 27 May 2020 11:14:22 -0300
El gran fracaso del Estado pequeño | Mazzucato y Quaggiotto https://www.fundamentar.com/economia/item/6380-el-gran-fracaso-del-estado-pequeno https://www.fundamentar.com/economia/item/6380-el-gran-fracaso-del-estado-pequeno El primer ministro británico, Boris Johnson

Décadas de privatización, tercerización y recortes presupuestarios en nombre de la «eficiencia» han obstaculizado significativamente las respuestas de muchos gobiernos a la crisis de Covid-19. Al mismo tiempo, las respuestas exitosas de otros gobiernos han demostrado que las inversiones en capacidades centrales del sector público marcan la diferencia en tiempos de emergencia. Los países que han manejado bien la crisis son aquellos en los que el Estado mantiene una relación productiva con los creadores de valor en la sociedad, invirtiendo en capacidades críticas y diseñando contratos del sector privado para servir al interés público.

Desde los Estados Unidos y el Reino Unido hasta Europa, Japón y Sudáfrica, los gobiernos están invirtiendo miles de millones (y, en algunos casos, billones) de dólares para apuntalar las economías nacionales. Sin embargo, si hay algo que aprendimos de la crisis financiera de 2008, es que la calidad importa al menos tanto como la cantidad. Si el dinero recae en estructuras vacías, débiles o mal administradas, tendrá poco efecto y puede ser absorbido por el sector financiero. Hay demasiadas vidas en juego para repetir errores pasados.

Desafortunadamente, durante el último medio siglo, el mensaje político predominante en muchos países ha sido que los gobiernos no pueden, y por lo tanto no deberían, gobernar realmente. Los políticos, los líderes empresariales y los expertos han confiado durante mucho tiempo en un credo de gestión que se centra obsesivamente en medidas estáticas de eficiencia para justificar los recortes de gastos, la privatización y la subcontratación. Como resultado, los gobiernos ahora tienen menos opciones para responder a la crisis, por lo que algunos ahora se aferran desesperadamente a la esperanza poco realista de las panaceas tecnológicas, como la inteligencia artificial o las aplicaciones de rastreo de contactos. Con una menor inversión en capacidad pública, se produjo una pérdida de memoria institucional (como lo descubrió el gobierno del Reino Unido) y una mayor dependencia de las empresas de consultoría privadas, que han acumulado miles de millones. No es sorprendente que la moral entre los empleados del sector público se haya desplomado en los últimos años.

Consideremos dos responsabilidades centrales del gobierno durante la crisis de Covid-19: la salud pública y el ámbito digital. Solo en 2018, el gobierno del Reino Unido subcontrató contratos de salud por valor de £ 9.200 millones, poniendo el 84% de las camas en hogares de ancianos en manos de operadores del sector privado (incluidas las empresas de capital privado). Para empeorar las cosas, desde 2015, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ha sufrido recortes de presupuesto de £ 1.000 millones.

El outsourcing por sí solo no es el problema. Pero la externalización de las capacidades críticas del Estado es evidente, especialmente cuando las «asociaciones» público-privadas resultantes no están diseñadas para servir al interés público. Irónicamente, algunos gobiernos han subcontratado tan ansiosamente que han socavado su propia capacidad para estructurar los contratos de subcontratación. Después de un esfuerzo de 12 años para estimular al sector privado a desarrollar ventiladores de bajo costo, el gobierno de Estados Unidos está aprendiendo que la subcontratación no es una forma confiable de garantizar el acceso de emergencia al equipo médico.

Mientras tanto, el enfoque exitoso de Vietnam en materia del Covid-19 ha surgido como un contraste sorprendente con las respuestas de Estados Unidos y el Reino Unido. Entre otras cosas, el gobierno vietnamita pudo acumular kits de prueba de bajo costo muy rápidamente, porque ya tenía la capacidad de movilizar a la academia, el ejército, el sector privado y la sociedad civil en torno a una misión común. En lugar de simplemente externalizar con pocas preguntas, utilizó la financiación pública de investigación y desarrollo y las adquisiciones para impulsar la innovación. La colaboración público-privada resultante permitió la rápida comercialización de kits, que ahora se exportan a Europa y más allá.

Nueva Zelanda es otra historia de éxito, y no por casualidad. Después de adoptar inicialmente el mantra de la subcontratación en la década de 1980, el gobierno de Nueva Zelanda cambió de rumbo, adoptando un «espíritu de servicio» y una «ética de la atención» en todos sus servicios públicos, y convirtiéndose en el primer país del mundo en adoptar un presupuesto de bienestar. Debido a esta visión de la gestión pública, el gobierno adoptó un enfoque de «salud primero, segunda la economía» para la crisis actual. En lugar de buscar la inmunidad de rebaño, se comprometió temprano a prevenir la infección.

Lecciones similares se aplican a los datos y la tecnología digital, dominios en los que el desempeño de los gobiernos ha variado ampliamente. En Pakistán, los ciudadanos pudieron solicitar transferencias de efectivo de emergencia (puestas a disposición de unos impresionantes 12 millones de hogares) directamente desde sus teléfonos móviles, mientras que los italianos han tenido que imprimir autoevaluaciones para demostrar que estaban cumpliendo con las reglas de bloqueo.

Sin duda, los gobiernos del sur de Asia se han beneficiado de la memoria institucional acumulada durante la epidemia de SARS 2002-03, que también alteró las actitudes públicas sobre la privacidad. Pero muchos de estos países también han invertido en sus capacidades de datos básicos, que han sido particularmente efectivas al facilitar la acción descentralizada. Corea del Sur, por ejemplo, adoptó un enfoque agresivo de seguimiento de alta tecnología y publicó datos en tiempo real sobre existencias de máscaras y ubicaciones de farmacias, lo que permitió a las nuevas empresas y ciudadanos comunes crear servicios complementarios para garantizar una distribución más efectiva y segura.

Los contrastes entre Estados Unidos y el Reino Unido, por un lado, y Vietnam, Corea del Sur y Nueva Zelanda, por otro, ofrecen lecciones importantes. Lejos de refugiarse en el papel de reparador de fallas del mercado y subcontratación de servicios, los gobiernos deberían invertir en sus propias facultades críticas. La pandemia ha dejado al descubierto la necesidad de una mayor capacidad productiva estatal, capacidades de adquisición del gobierno, colaboraciones simbióticas público-privadas, infraestructura digital y protocolos claros de privacidad y seguridad.

Este enfoque de la administración pública orientado a la misión no debe confundirse con la toma de decisiones de arriba hacia abajo. Más bien, debe verse como la mejor manera de garantizar el dinamismo, fomentando relaciones fructíferas entre innovadores y aprovechando el valor de la inteligencia distribuida. Los gobiernos que han abdicado durante mucho tiempo sus obligaciones con el sector privado ahora deben ponerse al día, lo que requerirá que reconsideren los regímenes de propiedad intelectual y su enfoque de I + D y la inversión pública y las adquisiciones en general.

¿Por qué, para tomar un ejemplo del mundo real, un ventilador de bajo costo que ha sido aprobado por los reguladores en Japón no debería ser aceptado fácilmente por otros países? Claramente, además de un papel renovado para los gobiernos nacionales, necesitamos un centro de intercambio internacional para soluciones de base y dirigidas por ciudadanos.

En cualquier crisis, financiera, de salud pública o relacionada con el clima, la falta de opciones limita drásticamente el margen de maniobra del sector público. Después de años de seguir un modelo de gobernanza equivocado, los responsables políticos de todo el mundo seguramente lamentan la falta de conocimientos y recursos internos para implementar las herramientas digitales necesarias para salvar vidas. Resulta que la gobernanza efectiva no se puede conjurar a voluntad.

 

FUENTE: El Cohete A La Luna / Project Syndicate

 

(*) Mariana Mazzucato, Professor of Economics of Innovation and Public Value and Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose, is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy.

(**) Giulio Quaggiotto is Head of the Regional Innovation Center in the Asia Pacific at the United Nations Development Programme. 

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hola@fundamentar.com (Mariana Mazzucato (*) y Giulio Quaggiotto (**)) Economía Wed, 27 May 2020 10:27:32 -0300
Argentina y cómo evitar una catástrofe financiera mundial | Jeffrey Sachs https://www.fundamentar.com/economia/item/6372-argentina-y-como-evitar-una-catastrofe-financiera-mundial https://www.fundamentar.com/economia/item/6372-argentina-y-como-evitar-una-catastrofe-financiera-mundial Argentina y cómo evitar una catástrofe financiera mundial | Jeffrey Sachs

Cuando un auto derrapa en una carretera cubierta de hielo, la consecuencia puede ser el choque de 50 vehículos. Lo mismo ocurre en los mercados financieros internacionales: la cesación de pagos de México en 1982 llevó al choque en cadena de docenas de países, la devaluación tailandesa en julio de 1997 disparó la crisis financiera asiática y la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 inició la Gran Recesión en el mundo.

Los financistas internacionales debieran ser suficientemente astutos como para no desatar el colapso de 2020 por la COVID-19. Su sabiduría pronto será puesta a prueba.

Ya antes de que la COVID-19 produjera la peor caída de la economía mundial desde la Gran Depresión, Argentina tenía problemas de deuda... otra vez. Como con tanta frecuencia ha ocurrido en la historia plagada de incumplimientos de pago de la Argentina, un acuerdo mal concebido con acreedores recalcitrantes en 2016, seguido por un rápido regreso los mercados de bonos, resultó una ilusión tanto para el entonces presidente argentino como para los acreedores del país.

Los déficit fiscales socavaron la estabilidad, un programa rescate del Fondo Monetario Internacional en 2018 no funcionó y las deudas de Argentina, con cupones a tasas muy elevadas, resultaron insostenibles.

Sin embargo, Argentina difícilmente estaba sola. Las relajadas normas crediticias de los mercados financieros y la amplia liquidez inyectada por la Fed y otros bancos centrales llevaron a muchos países en vías de desarrollo a endeudarse fuertemente en los últimos años, y los problemas de deuda soberana comenzaron a ser reconocidos cada vez más como un riesgo sistémico importante. Una sesión durante las reuniones del FMI en la primavera de 2019 llevó el título «Cómo enfrentar la próxima oleada de crisis de deuda soberana».

Entra en escena la COVID-19, el colapso del precio del petróleo en marzo, el inicio de un confinamiento casi mundial, el desplome de las recaudaciones gubernamentales y un gasto público descomunal para garantizar la supervivencia de las poblaciones generaron una crisis fiscal mundial sin igual en tiempos de paz. El déficit presupuestario de EE. UU. se disparará hasta alrededor del 18 % del PIB, o más. Para docenas de economías emergentes, el panorama financiero no podría ser más sombrío.

Sin embargo, incluso en este contexto, Argentina hizo una oferta realista y favorable a sus acreedores para reestructurar su deuda. Los acreedores debieron responder positivamente. Veamos de qué se trata.

La tasas promedio de los cupones de la deuda argentina existente es del 7 %, aproximadamente siete puntos porcentuales por encima del cupón cero que paga Alemania por sus bonos gubernamentales a 30 años y casi seis puntos más que el cupón del 1,2 % que paga el Tesoro de EE. UU. Argentina correctamente señaló que la tasa del 7 % la llevará a una cesación de pagos. El FMI coincide en que es insostenible mente alta. Pocos gobiernos, si alguno —ni siquiera EE. UU.— podrían afrontar una tasa del 7 % en el actual entorno económico.

Los acreedores dicen que necesitan un cupón del 7 % o incluso superior debido a la probabilidad de incumplimiento, pero parecen no entender que si el cupón de argentina se reduce a una tasa cercana a la estadounidense, la cesación de pagos no será necesaria. La tasa astronómica del 7 % es una profecía autocumplida: lleva a que la cesación de pagos resulte inevitable, mientras que con una tasa de interés inferior sería innecesaria.

Argentina ofreció refinanciar la deuda actual a tasas de interés menores y seguras, evitando así que sea necesaria una quita al capital. (En realidad, para cumplir con la legislación argentina, la oferta incluye una reducción pequeña y simbólica del valor nominal de la deuda que, en mi opinión, se debiera eliminar en cualquier acuerdo final). Como en el refinanciamiento de una hipoteca, los bonos existentes serían reemplazados por otros que reflejan las bajas tasas actuales. Pero, en vez de una tasa igual a la del Tesoro de EE. UU., Argentina ofrece un cupón promedio del 2,3 %: una rentabilidad superior a la de los bonos del Tesoro en las carteras de sus acreedores. Los detalles sobre los períodos de gracia y los cronogramas de los pagos de los cupones se deben negociar, refinar y completar a la luz de las desalentadoras realidades económicas en curso.

Pero los acreedores son un grupo raro, afirman que Argentina está imponiendo una quita significativa, cuando básicamente no la hay. El gobierno argentino está ofreciendo una rentabilidad segura mayor que la tasa de interés libre de riesgo de EE. UU., en una oferta cuya lógica es correcta. ¿Para qué quedarse con una tasa de interés astronómica que produce el riesgo de incumplimiento en el cual se basa? ¿Y por qué preferirían los acreedores que Argentina incumpla a que logre una recuperación económica?

Los acreedores calculan el supuesto recorte incluido en la oferta argentina con una tasa de descuento de entre el 10 % y el 12 %, como si merecieran una rentabilidad libre de riesgo del 10 %, cuando los bonos del Tesoro de EE. UU. pagan poco más del 1 %. La prensa financiera les sigue diligentemente el juego, informando que Argentina obliga a los acreedores a aceptar una profunda quita, cuando en realidad no lo está haciendo. De hecho, Argentina está reduciendo la tasa de un cupón con probabilidades de incumplimiento a la tasa de un cupón libre de ese riesgo.

Iré un paso más lejos, algunos acreedores oficiales o instituciones multilaterales amigables podrían endulzar el trato garantizando parcial o totalmente los pagos de Argentina por los nuevos bonos. Esa garantía sería una apuesta completamente segura: con la baja tasa de los cupones y una nueva estructura de vencimientos, Argentina no incumpliría sus pagos.

Los mercados financieros mundiales suelen entrar en pánico cuando incluso un solo país, ni hablar de varios, comienza a derrapar. Hay probablemente entre 30 y 40 países con profundas dificultades fiscales en este momento. Todos tienen que refinanciar sus deudas este año y el próximo, hasta que la recuperación de la pandemia estimule la actividad económica, se recupere la recaudación de los gobiernos y se reduzca la necesidad de gastos emergencia.

En esas situaciones, la racionalidad colectiva en los mercados financieros necesita la guía del FMI y el liderazgo de unos pocos grandes acreedores. De otra manera, tendrá lugar una rebatiña entre acreedores (una variante del dilema del prisionero). Cada acreedor dice a los demás: «Tú refinancia la deuda mientras yo cobro, gracias».

Si se los gestiona con cuidado, los pagos por el servicio de la deuda de este año pueden, y deben, recapitalizarse con bajas tasas de interés para evitar un choque financiero en cadena. De lo contrario, 2020 señalará un devastador nuevo episodio de crisis financiera mundial.

En el Pánico de 1907, fueron J. Pierpont Morgan y su banco quienes guiaron al sistema financiero de vuelta desde el borde del abismo. En 2020, deberá ser BlackRock, que tenía 6,5 billones de USD de activos en gestión al final del primer trimestre y es uno de los principales acreedores de Argentina. BlackRock podría guiar a los bonistas a refinanciar la deuda argentina con una tasa segura y hacer lo mismo con otros prestatarios soberanos afectados por la pandemia.

Tu turno, Larry Fink, te toca ayudar a evitar una catástrofe financiera mundial.

FUENTE: Project Syndicate

(*) Jeffrey D. Sachs, Professor of Sustainable Development and Professor of Health Policy and Management at Columbia University, is Director of Columbia’s Center for Sustainable Development and the UN Sustainable Development Solutions Network. He has served as Special Adviser to three UN Secretaries-General. His books include The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy, and most recently, A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism.

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hola@fundamentar.com (Jeffrey Sachs (*)) Economía Wed, 13 May 2020 11:22:21 -0300