"Hoy nos preocupa que del lado del gobierno prospere un cierto propósito de ralentizar, de complicar el progreso en los acuerdos. El lento ritmo impuesto en la mesa y las subcomisiones da mucho qué pensar", advirtió el jefe de la guerrilla en un comunicado fechado en La Habana, sede de los diálogos.

Timochenko insistió en que se han vuelto "frecuentes los aplazamientos, los pretextos y las disculpas" para incumplir los ciclos y las sesiones del proceso de conversaciones entre la insurgencia y los negociadores del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

El 23 de septiembre pasado en la capital cubana, Timochenko y Santos sellaron un acuerdo sobre justicia transicional, tras lo cual anunciaron que trabajarían para llegar a la firma de la paz antes del fin de marzo de 2016.

Pocos días después surgieron discrepancias entre las partes sobre lo acordado en materia de justicia, ya que el gobierno consideró que ese entendimiento era "un documento en desarrollo" sobre el que solo se habían consensuado unas líneas generales, postura que molestó a la delegación de la guerrilla.

Timochenko y Santos sellaron un acuerdo sobre justicia transicional

"De pronto resultó que el acuerdo sobre justicia no podía considerarse cerrado, que lo único oficial era un comunicado", explicó el jefe guerrillero, que señaló que "a una escasa semana de cumplirse dos meses del acto solemne en que se anunció el feliz acuerdo, sigue resultando imposible su cierre definitivo".

En el texto, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) denuncia la "dilación" del gobierno y se pregunta si "apunta" a arrinconar a "última hora", para forzar al grupo insurgente a "aceptar posiciones".

Timochenko reiteró que la mesa de conversaciones "es y debe seguir siendo el espacio ideal para discutir y llegar a acuerdos", por lo que "ninguna de las partes tiene el derecho a concebirla como un mecanismo para someter la otra".

"Hemos llegado hasta aquí porque en medio de todas las dificultades se ha fortalecido la confianza. No deberíamos afectarla de ningún modo", dijo el guerrillero, que además insistió que espera al denunciar las actuales "trabas" del gobierno que este adopte "una actitud positiva" y que concluya "cuanto antes" el conflicto.

 

Por otro lado, en el Congreso, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien es parte del grupo de negociadores de Cuba, explicó cómo se aplicará el acuerdo suscrito con la guerrilla frente a los miles de desaparecidos con ocasión del conflicto armado interno.

“Las FARC se comprometieron a entregar restos de personas que murieron en su poder. Se trata de unos primeros casos pero no queremos alentar expectativas desbordadas porque es un tema complejo”, sostuvo. En el mismo sentido, Jaramillo dijo que se pondrá en marcha la unidad de búsqueda de desparecidos cuando se llegue al acuerdo.

A mediados de octubre el gobierno y las FARC alcanzaron el acuerdo para esclarecer casos de desaparición forzada. Ambas partes acordaron crear una unidad especializada que se abocará a esta tarea con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Instituto de Medicina Legal colombiano.

Los diálogos de paz se encuentran en receso desde el viernes hasta mañana, cuando se prevé retomen el ciclo de conversaciones, un día antes de cumplirse tres años del inicio de las negociaciones en La Habana.

FUENTE: Telam

"El comandante de las FARC inclusive mencionó: '¿Por qué no darle un regalo, un buen regalo de Navidad o de año nuevo al país?' Y como dicen, 'le cojo la caña' [me gusta la idea]. Hagamos ese esfuerzo para que de aquí al 31 de diciembre podamos, por ejemplo, terminar el punto cinco, el del fin del conflicto, y así poder decretar un cese al fuego bilateral y verificado internacionalmente a partir del primero de enero", anunció Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, desde el palacio presidencial.

El mandatario recordó que, con 'Timochenko', se comprometió a firmar el acuerdo final de paz antes del 23 de marzo de 2016, pero dijo que es posible acelerar las negociaciones para no llegar hasta ese límite. "FARC y gobierno dijimos que haríamos lo posible por firmar antes del 23 de marzo, que si había voluntad política, que si había un trabajo intenso, podíamos terminar este conflicto antes. Yo quisiera hacer ese llamado, hacerle un llamado a las FARC que hagamos un esfuerzo para terminar antes", insistió.

El comandante de las FARC inclusive mencionó: '¿Por qué no darle un regalo, un buen regalo de Navidad o de año nuevo al país?'

Los miembros del equipo negociador del gobierno, a quienes Santos ha anunciado haber pedido que aceleren el proceso, viajarán el próximo fin de semana a La Habana, la sede del proceso de paz desde hace casi tres años, con el objetivo de iniciar el lunes la ronda 43 de las conversaciones.

El propio ex presidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los mayores opositores al proceso de paz, saludó hoy el anuncio afirmando que aceptaría formar una Asamblea Constituyente con miembros de las FARC, siempre y cuando no participen en ella "responsables de delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra", dijo en una entrevista con la emisora Blu Radio.

Mientras tanto, la lucha sobre el terreno contra la guerrilla no se detiene. El Ministerio de Defensa señaló hoy, por ejemplo, que cuatro integrantes del frente 14 de las FARC murieron en una operación militar efectuada en Cartagena del Chairá, en el selvático departamento de Caquetá, al sur del país.

 

FUENTE: DW

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El compromiso anunciado por ambos en Cuba prevé la creación de un tribunal especial que juzgue los delitos de más de 50 años de conflicto, un punto que era hasta hoy uno de los obstáculos más grandes de las negociaciones iniciadas hace casi tres años.

Estos son los 10 puntos del Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz:

1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: 'Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral', 'Participación política: Apertura democrática para construir la paz' y 'Solución al Problema de las Drogas Ilícitas'.

2. Reafirman su compromiso con una fórmula de Justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. Hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. Terminar con las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y enjuiciamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

9. En el caso de las FARC, la participación en el sistema integral estará sujeta al abandono de las armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. La transformación de las FARC en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

 

FUENTE: El Mundo

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Tras un día cargado de expectativa y rumores, el máximo líder de la guerrilla y la cabeza del Ejecutivo de Colombia se reunieron por primera vez en La Habana -nunca se habían visto anteriormente- y tras un encuentro privado, encabezaron un acto en el que asistió también el presidente de Cuba, Raúl Castro, y delegados de los países garantes y acompañantes del proceso de paz, Noruega y Cuba, y Venezuela y Chile.

De acuerdo con el anuncio, se creará una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial que estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y, en participación minoritaria, juristas extranjeros.

La función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo, "acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra

El acuerdo, leído por los delegados garantes de Cuba, Rodolfo Benítez, y de Noruega, Dag Nylander, expresa que a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará "la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos".

En ese sentido, aclara que "en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual".

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente, señala el texto.

Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias.

El modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel. Esto quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras.

Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la reparación de las víctimas, porque, de lo contrario, se podría aplicar una pena efectiva de cárcel.

 

Un punto clave que tendrá el acuerdo es que en determinados casos, muy específicos, habría elegibilidad política en las zonas en las que tengan la restricción de la libertad. Esto, por supuesto, requiere reglas claras que se están construyendo.

De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.

Los negociadores, en tanto, seguirán analizando los puntos que tienen que ver con militares procesados y guerrilleros presos.

Los jefes del equipo negociador de gobierno, encabezados por Humberto de la Calle, viajaron ayer a Cuba, anticipándose al próximo ciclo de negociaciones.

Santos, que como ministro de Defensa propinó los más duros golpes a las FARC, viajó a La Habana por primera vez desde que se inició el proceso el 19 de noviembre del 2012, para reunirse con los negociadores de paz.

Santos, que como ministro de Defensa propinó los más duros golpes a las FARC, viajó a La Habana por primera vez desde que se inició el proceso el 19 de noviembre del 2012, para reunirse con los negociadores de paz, y lo adelantó ayer por la mañana cuando en su cuenta de Twitter anunció que de camino a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de la ONU, haría escala en La Habana para una "reunión clave con negociadores con el fin de acelerar el fin del conflicto".

Poco después, fuentes de la guerrilla confirmaron que ya se encontraba por la tarde en la capital cubana alias Timochenko, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para participar en el anuncio del acuerdo junto con Santos.

A tres días de la vista del Papa Francisco a Cuba, en la que declaró que no puede haber "otro fracaso" en el camino de la paz y la reconciliación en ese país, que vive un conflicto armado interno desde hace medio siglo, las FARC y el gobierno protagonizaron una escena esperada por la comunidad internacional y también por la sociedad colombiana que soporta más de 50 años de conflicto que dejó no menos de 300.000 muertos.

"Llegó la paz. A La Habana arribó Timoleón Jiménez. Estamos comprometidos con la paz", escribió hoy en Twitter la delegación de las FARC en La Habana, minutos antes de iniciar el anuncio.

El gobierno y las FARC ya han llegado a acuerdos en temas como el desarrollo agrario, la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen y la lucha conjunta contra el narcotráfico.

El último punto del proceso de paz implica un acuerdo entre las partes para definir el mecanismo que se usará para que los acuerdos sean refrendados. El gobierno ha insistido en los últimos meses en un referéndum, mientras que al comienzo del proceso las FARC plantearon una asamblea nacional constituyente.

 

FUENTE: Télam