"Se esta profundizando la caída en materia petrolera, y esto es consecuencia del proceso de desinversión catastrófico. Si esto sigue así, si los precios siguen descendiendo y el Ministerio de Energía, que en realidad es una cámara de empresas, no hace nada al respecto, nos quedaremos sin petróleo y sin gas" explicó el bioquímico y biotecnólogo. Bernal agregó además que "habrá que volver a importar, pero no como sucedió en algunos años entre el 2003 y 2015, sino en cantidades previas al descubrimiento de petróleo a principios del siglo pasado".

Dos sectores en peligro

"La situación de todo el sector petrolero es lamentable. YPF no solamente dio pérdida como nunca en los últimos 20 años, sino que además desinvirtió en la mayoría de las provincias en las que estaba invirtiendo o recuperando la producción, y el caso mas emblemático es el de la provincia de Santa Cruz. A la vez, para mí lo mas grave es que están plegando a la empresa al proceso de flexibilización laboral". A la vez, el ex asesor en Políticas Energéticas del Senado de la Provincia de Buenos Aires insistió en que esta situación se refleja no sólo en el ámbito público, sino en el privado también: "esto se traslada al resto de las empresas del sector, que están cruzándose de brazos sin invertir, pensando en maximizar rentabilidad porque tienen la posibilidad de exportar, la flexibilización laboral le reduce los costos, y no tienen presiones del ministerio para invertir. Y encima aumentan la nafta, cuando se prometió que los precios del combustible iban a bajar como resultado de la quita de subsidios, ampliando aun más el tarifazo que está afrontando la población".

En lo que respecta al otro sector productivo afectado por las políticas actuales del gobierno nacional, Bernal aclaró que "en materia de gas es peor, porque es un recurso más importante que el petróleo, que si bien aumentó la producción el año pasado un 5 %, lo que hay que analizar es que de ese número, casi el 90% proviene de un yacimiento que viene del 2013, que se puso en marcha en 2016. Esto permite ver que no hay nada nuevo en términos de inversión para aumentar la producción a futuro".

¿Se puede pensar una solución?

Consultado sobre la posibilidad de solucionar esta problemática, el Director General del OETEC se mostró escéptico: "la realidad es que hay una decisión política para que esto pase, y si soñáramos con un solución creo que todos aquellos funcionarios que son responsables de esta catástrofe deben dar un paso al costado, que por supuesto Macri como el máximo responsable, debe pedirles la renuncia y colocar en su lugar a funcionarios que trabajen en función del interés nacional y la seguridad jurídica de los argentinos, y no para las empresas".

 

(*) Analista de Fundamentar

La empresa de gas rusa, Gazprom, confirmó este miércoles que a partir de la fecha en curso dejará de proveer gas a Ucrania sin previo pago, informó la agencia RusiaToday. 

El presidente de Gazprom, Alexéi Miller, explicó que no ha recibido de Kiev ningún adelanto por el gas correspondiente al mes de julio, razón por la que no suministrará gas a Ucrania. No obstante, la estatal ucraniana Naftogaz anunció en un informe que “considerando el fin del contrato actual con Gazprom, que vence el 30 de junio y los directivos no alcanzaron un acuerdo para firmar un contrato el martes, la empresa dejará de comprar gas a la compañía rusa".

Este cese de suministro no afectará las entregas de gas ruso a la Unión Europea, aunque la mitad del acceso circula por territorio ucraniano. Naftogaz manifestó en el comunicado que seguiría garantizando el tránsito del gas ruso hacia los demás países europeos.

Respecto al comunicado de Naftogaz, el ministro de Energía de Rusia, Alexandr Nóvak, dijo que su decisión es meramente política. "La contraparte ucraniana no tiene bases para renunciar a la compra de gas, ya que los precios que proponemos, considerando los descuentos, son muy competitivos, y la única explicación es que esta es una decisión política, porque no hay razones económicas que lo justifiquen", apuntó el ministro.

Rusia concedió a Kiev un descuento de 40 dólares en cada mil metros cúbicos suministrados. Ucrania no acepta esta condición ni que Moscú le vendiera al precio final de 247,18 dólares por cada mil metros cúbicos y pide que le vendan a un precio inferior al del mercado.

En ese sentido, Nóvak resaltó que Moscú no va a negociar el descuento en el precio del gas para el tercer trimestre, puesto que la decisión fue aprobada por el Gobierno de Vladimir Putin. 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Noelia Montero

FUENTE: TeleSur

NOTA PRINCIPAL: Conclusiones de la Cumbre CELAC-UE

El jefe de Estado boliviano, Evo Morales, y  su par francés, Francois Hollande, analizaron el miércoles concretar la inversión de 350 millones de dólares para el desarrollo de campos de gas con representantes de la empresa petrolera Total.

Ambos mandatarios se reunieron en Bruselas (Bélgica) en el marco de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinomaricanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) que culminará este jueves con varios acuerdos en materia de cooperación económica.

 El gerente general de la petrolera Total en Bolivia, Loic Laurandel, dijo que las inversiones de esa transnacional petrolera serán de "más de 350 millones de dólares", cantidad que supera a la inversión transferida el año pasado de entre 270 y 280 millones de dólares.

Francia y Bolivia han suscrito acuerdos en materia de Defensa

Los mandatarios dialogaron, por otro lado, sobre la compra-venta de un sistema galo para la “radarización” del espacio aéreo boliviano desde París (capital francesa), el cual remplazaría al que actualmente posee el país, ubicado en la ciudad de Cochabamba (centro-oeste) de Bolivia.

Morales estuvo acompañado en el encuentro por el canciller David Choquehuanca, el ministro de Hidrocarburos y Energia, Luis Alberto Sánchez y el embajador de Bolivia en Francia, Jean Paul Guevara, informó la agencia estatal ABI.

Francia y Bolivia han suscrito acuerdos en materia de Defensa, entre ellos, la dotación de seis helicópteros militares de la industria francesa 'Súper Puma', para reforzar la lucha contra el narcotráfico y los planes de seguridad ciudadana.

  Los convenios en esta materia fueron suscritos por un monto de 281 millones de dólares, del que se tomará dinero para la inversión en cuencas y agua, que se ejecutará hasta 2020.

EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Esteban Covelli

FUENTE: Telesur

De esta forma, Borruto dio curso a la presentación de los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, que el 20 de abril formalizaron la denuncia contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

Según se informó a través del portal Fiscales, las medidas de prueba sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores.

La denuncia es por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", y otros delitos que se desprenden de esas acciones, como la contaminación ambiental y el contrabando.

En ese marco, Borruto solicitó informes a diferentes organismos del Estado que le habían sido propuestos la semana pasada por el fiscal federal local, el fiscal de distrito y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

De esa forma, la magistrada libró oficios a la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Prefectura Naval y la Inspección General de Justicia.

El objetivo es conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como asimismo a identificar a las personas físicas que las integran.

Al impulsar la acción penal, los fiscales remarcaron que deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina, que prevé hasta 15 años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio.

Además prevé el decomiso de los bienes vinculados -cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar- a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.

Y recordaron que la ley establece que "la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible".

La investigación también alcanza a otras sociedades que, directa o indirectamente, "habrían efectuado y/o estarían efectuando aportes de diversa índole a la maniobra delictiva", como Pretoleum Geo-Services (PGS), la cual mediante los buques de sus propiedad “PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer”, habría realizado tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos.

Por su parte Desire Petroleum p.l.c. habría suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL; Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico “MV Poseidon”, el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible “Eirik Raude”, con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino.

 

FUENTE: Télam

Tras un largo debate, que llevo casi doce horas, el Senado nacional aprobó a medianoche el proyecto de ley de Hidrocarburos que envió el Ejecutivo al Parlamento, con 38 votos a favor y 28 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa contó con los votos del Frente para la Victoria y sus aliados y el rechazo de la oposición. Ahora pasó a Diputados, que lo trataría en las próximas semanas. En el final del debate, el presidente del bloque oficialista Miguel Pichetto dijo que “esta es una ley posible para crear un proceso de inversiones. Estamos en andarivel que se acerca a la realidad en términos reales. Es un nacionalismo de fines”.

A partir de esta norma, cuya redacción final contó con el acuerdo de las provincias petroleras, se adaptará la legislación a las nuevas formas de exploración y explotación unificando criterios entre los diferentes distritos. Además, le permitiría a YPF, la petrolera de mayoría estatal, mejorar las condiciones para atraer inversiones de eventuales empresas asociadas.

El senador Fuentes destacó que la reforma de la Ley “se da en el marco de una política de abastecimiento de hidrocarburos. Se trata de establecer una eficaz coordinación entre las provincias productoras y el estado para establecer una política unidireccional. El tratamiento igualitario, la transparencia y la inversión son la llave de acción para la explotación de los yacimientos".

En sesión especial, desde las 13, en la Cámara de Senadores se trató el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos. El vicepresidente Amado Boudou estuvo presente en la apertura y en el cierre Las primeras palabras las pronunció el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes (FpV), quien destacó que “no hay conflicto en el mundo que no se pueda explicar con el intento de apropiación de fuentes energéticas”, y advirtió sobre “las potencias hegemónicas, que imponen condicionantes y limitaciones” sobre otros países. “De qué sirve tener recursos no convencionales en un desierto donde no hay acceso al agua”, se preguntó.

En la letra del proyecto, se contemplan concesiones por espacio de 35 años para los yacimientos no convencionales y de 30 años para los desarrollos offshore en la plataforma marítima argentina, entre otros detalles. Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Para las nuevas licitaciones, en tanto, se determina que "se suprimen las reservas de áreas", mientras que las empresas provinciales "podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión".

El senador Fuentes destacó que la reforma de la Ley “se da en el marco de una política de abastecimiento de hidrocarburos. Se trata de establecer una eficaz coordinación entre las provincias productoras y el estado para establecer una política unidireccional. El tratamiento igualitario, la transparencia y la inversión son la llave de acción para la explotación de los yacimientos. Esos tres requisitos están en el centro de este eje”. Y agregó: “Quiero destacar, entre los 14 puntos de la reforma, la uniformidad en materia tributaria, la modificación en los plazos de explotación y la creación de una autoridad de aplicación para establecer las prórrogas de las concesiones. Esos tres requisitos son fundamentales”.

Luego fue el turno de Ernesto Sanz (UCR), quien ponderó que “por primera vez en la historia, el Congreso discutirá una ley de hidrocarburos, aunque falta un plan estratégico”, destacando que lo que hubo antes siempre fueron resoluciones o normas aisladas. Allí se dio un contrapunto con Miguel Ángel Pichetto (FpV), para quien la nueva ley es crucial para atraer inversiones. “No es cierto que no hay un plan, porque estos últimos años existió un incentivo de industrias y se mantiene una tarifa de combustibles al ciudadano que es una de las más baratas de Latinoamérica. Asumamos esta discusión con profundidad y rigor, las provincias tenemos que fortalecernos en la negociación con las empresas petroleras. Y el Estado debe protegernos. Ese es el espíritu de esta reforma”, dijo y enfatizó: "La Ley de Hidrocarburos es el corazón de la política energética".

Durante horas, la oposición tomó la palabra y criticó la "inconstitucionalidad" del proyecto. Como respuesta, el senador chubutense Marcelo Guinle (Fpv) expresó que "es un acuerdo federal", que además de crear una ley de hidrocarburos que se adecúa a las necesidades de estos tiempos, abre el debate hacia una dinámica propia entre las provincias y la Nación porque "es un tema complejo", y agregó que a partir de esta reforma “está todo por hacer porque debe ir a las legislaturas provinciales para que manifiesten o no su acuerdo”.

Según su opinión, el país necesita de "acuerdos entre las provincias y el Ejecutivo para establecer una dinámica propia que oblige a las provincias a continuar con el debate en materia energética”. Por último, consideró que al escuchar a los gobernadores miembros de las provincias nucleadas en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), aseguró que "no escuché a ninguno reconocer que no estaban convencidos de lo que estaban haciendo", y dijo que " hay una clara convicción de regular la concesión en materia de hidrocarburos".

Luego habló la senadora Laura Montero, del bloque radical, que expresó su desacuerdo en el avance de esta reforma en materia de hidrocarburos. Dijo que “estamos en un momento muy importante para discutir un régimen único de hidrocarburos, donde debemos amalagamar la situación de los intereses de las provincias con los de la Nación". Y agregó: "Debemos establecer reglas y herramientas que genere equilibrio y mecanismos de inclusión", respecto a la diferencia que el Ejecutivo mantiene con las provincias que sí adhirieron al OFEPHI.

Como una forma de respuesta, Aníbal Fernández (FpV) señaló que "no estoy de acuerdo con las versiones periodísticas sobre que los gobernadores miembros de la OFEPHI fueron amenazados por el Ejecutivo".También dijo que "no hay concesiones a perpetuidad" ya que " la autoridad de aplicación tiene la posibilidad de rescindir contratos". Y más tarde enfatizó: "Vamos a aprobar una nueva ley de hidrocarburos que comprenda las necesidades de todas las provincias". Ademàs, agregó que “estamos en un debate trascendente y defendemos las políticas públicas hacia el autoabastecimiento".

“UNA LEY BÁSICA Y FUNDAMENTAL”

El proyecto fue explicado y defendido la semana pasada en dos audiencias por varios funcionarios nacionales, como el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga; y por el director de YPF, Miguel Galuccio.

De Vido aseguró que la Argentina “necesita alcanzar el autoabastecimiento energético" y que de cara a ese objetivo, la nueva ley de Hidrocarburos va a ser "básica y fundamental". Zannini, en tanto, destacó que la iniciativa se haya logrado "mediante el acuerdo" con los gobernadores de las provincias petroleras ya que se logró un "régimen lo más uniforme posible en materia de medio ambiente y en materia fiscal".

Galuccio, en tanto, pronosticó que “esta nueva ley servirá para atraer inversores” porque “le brinda a la autoridad de aplicación herramientas para que sea más incisiva a la hora de buscar inversionistas” y advirtió que, en ese aspecto, Argentina debe competir con países como Colombia, México y Brasil.

Por su parte, la secretaria de Energía agregó que "todos los beneficios que se otorgan a la exploración costa afuera van a permitir entender que todos los argentinos tienen derecho a saber con cuántos recursos cuentan de cara al futuro".

LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LA REFORMA

El proyecto elaborado por el Ejecutivo fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina.

Además, durante el debate se introdujo un cambio al artículo 19 de la norma que establecen los porcentajes de hidrocarburos respecto de los cuales se aplicarán beneficios impositivos. Será del 20 por ciento en el caso de la explotación convencional y no convencional, y del 60 por ciento en el caso de la explotación costa afuera.

En ese sentido, aclara que la explotación off shore es aquella en la cual la perforación de pozos sea realizada en “locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la superficie, medida en la ubicación del pozo, en promedio entre la alta y la baja marea supere los 90 metros”.

Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones, que además deberán pagar mensualmente regalías por un 12 por ciento, monto que los gobiernos provinciales podrán incrementar un 3 por ciento como máximo. La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.
 

FUENTE: Infojus

En este sentido, al realizar un balance, el canciller destacó que este año la posición argentina sumó "nuevos y más enérgicos apoyos en todo el mundo, incluyendo en la propia Gran Bretaña", mientras que, por el lado del Reino Unido, se exhibió un "incremento en las agresiones verbales de funcionarios al referirse a la Cuestión Malvinas".

Así lo expresó Timerman en una nota de opinión publicada hoy en el diario Página/12, en la que recordó el nuevo aniversario de la usurpación británica de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y sostuvo que se trata de "cerca de tres millones de kilómetros cuadrados pertenecientes al pueblo argentino y sin los cuales la Argentina ve afectada su integridad territorial".

Además, consideró que el párrafo del mensaje navideño del gobierno británico dedicado a la defensa militar de las Malvinas "tal vez haya sido la expresión del fracaso de intentar confundir al mundo sobre la ocupación colonial y militar del territorio argentino, así como la falta de argumentos legales e históricos".

Por otro lado, como uno de los hitos del año, el canciller destacó el hecho de que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas no haya mencionado el autodenominado "referéndum" realizado por Gran Bretaña en las Islas en marzo del 2013 "en ninguna de sus resoluciones durante el año que ha concluido".

"La falta de argumentos, y el amplio respaldo al derecho argentino a la integridad territorial, incita al Reino Unido a actuar y expresarse con la agresividad indigna de una potencia nuclear, que además es miembro permanente del Consejo de Seguridad", postuló Timerman en el texto publicado hoy.

En este sentido, afirmó que "tal conducta debilita los intentos de la comunidad internacional para que todos los países acepten las decisiones de las Naciones Unidas a fin de lograr la resolución pacífica de los conflictos".

"El año 2013 será recordado por el gran avance en la defensa de los hidrocarburos que se encuentran en la plataforma continental argentina. Se dio un gran impulso a la implementación del Plan de Acción del Estado nacional contra las ilícitas actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina", aseveró Timerman

"Gran Bretaña carece de autoridad moral en este tema, ya que es el país que más veces ha ignorado las decisiones de las Naciones Unidas, en especial cuando se trata de terminar con el colonialismo", subrayó el ministro de Relaciones Exteriores.

En cambio, destacó que, para la Argentina, el año que finalizó "ha sido de intensas actividades, tanto para exponer nuestros derechos soberanos como para defender los recursos naturales de la zona en conflicto que son expoliados por la potencia colonial".

"Por primera vez, todos los países de África adoptaron la Declaración de Malabo, reconociendo los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, sumándose así a los países de América latina y el Caribe", recordó el canciller.

Además, indicó que "las expresiones militaristas de la potencia ocupante, acompañadas por la importante presencia de las armas desplegadas, incluyendo submarinos nucleares en el Atlántico Sur, fueron objeto de censura por todos los países de África y América con costas en el Atlántico Sur durante la Cumbre de Montevideo".

Por otro lado, recordó que, en marco del año pasado, "en un gesto sin precedentes, estuvieron presentes para acompañar la posición argentina" ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, "los cancilleres de Cuba y Uruguay, y el vicecanciller de Perú, países en ejercicio de las presidencias pro témpore de CELAC, Mercosur y Unasur, respectivamente".

"Las mismas autoridades de las Naciones Unidas manifestaron su sorpresa ante el contundente apoyo de los tres organismos que representan a todos los países de América latina y el Caribe", reseñó el canciller.

En otro orden, definió como "un aspecto esencial" en la lucha pacífica que mantiene argentina, además de la difusión de la Cuestión Malvinas en múltiples idiomas, a "los más de 90 Grupos de Solidaridad en países de los cinco continentes que trabajan en pos de una solución definitiva al conflicto colonial".

También, reseñó las declaraciones en favor de la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido emitidas durante el 2013 por la sección latinoamericana de la Asamblea Parlamentaria América Latina - Unión Europea (Eurolat) y por la Asamblea del Grupo Latinoamericano de la Unión Interparlamentaria (UIP).

"A las amenazas de la potencia colonial tanto verbales como militares nuestro país continuará exigiendo que se cumpla con el derecho internacional y con las resoluciones de las Naciones Unidas, demostrando que la negativa del Reino Unido a sentarse a la mesa de negociaciones es la mejor evidencia de que, en la Cuestión Malvinas, el león ruge, pero ya no asusta"

Además, puso el acento en la "fructífera visita" realizada al  Parlamento de Irlanda por los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados y el Senado, a efectos de tratar específicamente la Cuestión de las Islas Malvinas.

"El año 2013 será recordado por el gran avance en la defensa de los hidrocarburos que se encuentran en la plataforma continental argentina. Se dio un gran impulso a la implementación del Plan de Acción del Estado nacional contra las ilícitas actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina", aseveró Timerman.

En este marco, reseñó que, "en aplicación de la Ley 26.659, la Secretaría de Energía de la Nación dictó resoluciones, inhabilitando por el término de 15 a 20 años a las seis empresas británicas involucradas en ilegítimas actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina".

Por otro lado, dio cuenta del comunicado conjunto emitido en el 2013 por el Mercosur en el que reconoció "el derecho de la Argentina para adoptar las acciones legales implementadas en el ámbito de su legislación contra las actividades de exploración y explotación no autorizada de hidrocarburos en el área de Malvinas".

Además, entre los logros del año concluido, Timerman destacó la sanción de una reforma a la Ley 26.659 de Condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina), que incorporó un nuevo tipo penal para las  personas físicas y jurídicas que, sin la autorización de la autoridad competente, realicen actividades de exploración o de explotación de hidrocarburos.

Esa norma -agregó Timerman- "permitirá a la Justicia argentina solicitar la cooperación judicial internacional para el arresto y enjuiciamiento de todos aquellos incursos en la exploración y explotación ilegal de nuestros hidrocarburos" en el área de Malvinas, en el Atlántico Sur.

"Todas estas acciones son llevadas adelante con la determinación de defender, en forma pacífica, los legítimos derechos del pueblo argentino a ejercer la soberanía en todo su territorio, así como a evitar que potencias extranjeras continúen expoliando los recursos existentes en las tierras y aguas ocupadas ilegítimamente por más de 180 años", sostuvo el jefe de la diplomacia argentina.

En otro orden, también hizo hincapié en la decisión "histórica" de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de crear una Secretaría dedicada exclusivamente a la Cuestión Malvinas, a cargo del ex senador Daniel Filmus.

En este sentido, indicó que el propósito de esta área es "coordinar los esfuerzos argentinos relativos a la recuperación pacífica de las islas y los espacios marítimos de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución, a través del diálogo y las negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido".

"A las amenazas de la potencia colonial tanto verbales como militares nuestro país continuará exigiendo que se cumpla con el derecho internacional y con las resoluciones de las Naciones Unidas, demostrando que la negativa del Reino Unido a sentarse a la mesa de negociaciones es la mejor evidencia de que, en la Cuestión Malvinas, el león ruge, pero ya no asusta", concluyó el ministro.

 

FUENTE: Télam

El Parlamento argentino modificó mediante la Ley 26.915 los artículos 7 a 11 de la Ley 26.659 para establecer sanciones penales a las empresas y sus dirigentes que se dediquen a la exploración y explotación ilegales de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Esta incluye, por supuesto, los espacios circundantes a las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Se trata de una legítima medida legislativa tomada como reacción a los avances británicos de exploración y explotación de los recursos naturales y a la negativa de Londres de resolver la controversia de soberanía. El gobierno británico ha salido al cruce con una nota de protesta bastante inusitada. Los argumentos utilizados para expoliar los recursos naturales argentinos tanto por el Foreign Office como por las autoridades británicas locales son conocidos: que la plataforma continental alrededor de los tres grupos insulares no pertenece a la Argentina, que es el “gobierno” de las islas el que tiene derecho a regular la explotación del petróleo y que la Argentina desea impedir el desarrollo económico de una “nación de tres mil habitantes”.Una manipulación obscena de dos principios fundamentales del Derecho Internacional que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, a pesar de la firme oposición de las potencias coloniales: el de la libre determinación de los pueblos y el de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales. 

La estrategia británica de no resolver la controversia de soberanía y de avanzar con la política de hechos consumados busca así esconderse con un ropaje de victimización. Mal puede el gobierno británico acusar de “ilícita” la acción argentina cuando es el propio Reino Unido el que se niega a resolver la controversia de soberanía. Su bastante torpe nota de protesta del 16 de diciembre así lo refleja: el gobierno británico se siente obligado a protestar contra una legislación que sólo habla de la plataforma continental argentina y que no menciona expresamente los territorios en disputa. Clara muestra del reconocimiento británico de que la Argentina considera su legislación aplicable a Malvinas y de la existencia de una controversia. De las dos partes, es el Reino Unido el que busca la confrontación.Su política es la del más fuerte. Sabe que la Argentina no puede sentarlo de por sí en una mesa de negociación para resolver aquélla. La única opción que el gobierno británico ofrece a la Argentina es la aceptación de la posición británica. En otras palabras, la renuncia a la soberanía. Se trata crudamente de una política de fuerza disfrazada con los pretendidos derechos de un puñado de sus ciudadanos y de su administración comunal instalados en territorio argentino.

La nota británica vuelve a reiterar la normativa internacional general sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación, cuando sabe perfectamente que los órganos competentes de las Naciones Unidas y la mayoría abrumadora de la comunidad internacional no reconocen que los pobladores británicos de las islas son un pueblo separado con tal derecho. Pretende así escudarse en la decisión de 1600 ciudadanos británicos (la mayoría de los cuales ni siquiera nació en las islas) para explotar los recursos naturales existentes en tres millones de kilómetros cuadrados alrededor de los archipiélagos en disputa. Esta flagrante manipulación exige una respuesta adecuada y firme.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que adoptó la Convención del mismo nombre, aprobó en su Acta Final la Resolución III en la que se refiere a los derechos reconocidos en la Convención y a su aplicación a los territorios no autónomos (art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas). Esta resolución establece claramente que en el caso de una controversia de soberanía las partes celebrarán consultas acerca del ejercicio de tales derechos, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Al hacer lo posible por concertar arreglos provisionales de carácter práctico, las partes “no pondrán en peligro ni dificultarán el logro de una solución definitiva de la controversia”. La contradicción de la explotación unilateral británica con tal resolución es evidente. La Resolución III también se refiere a que, en tales consultas, “los intereses del pueblo del territorio de que se trate constituirán una consideración fundamental”. La Argentina dejó en claro al firmar y al ratificar la Convención que la Resolución III en nada afecta la cuestión de las Islas Malvinas tal como la definieran las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y que no aceptará ninguna actividad o medida relativa a ellas sin su consentimiento. Ninguna de tales resoluciones pertinentes reconoce en las islas la existencia de un pueblo separado. 

El único pueblo víctima de la acción colonial británica es el pueblo argentino. El que está así privado de determinar libremente su territorio y sus recursos naturales es el pueblo argentino. De la misma manera que en 1833 la joven Nación argentina fue víctima de un despojo territorial y en 1985 comenzó el despojo de sus recursos ictícolas, el gobierno británico se prepara ahora a sustraer los recursos hidrocarburíferos de los argentinos dentro de un par de años.

La nota británica vuelve a reiterar la normativa internacional general sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación, cuando sabe perfectamente que los órganos competentes de las Naciones Unidas y la mayoría abrumadora de la comunidad internacional no reconocen que los pobladores británicos de las islas son un pueblo separado con tal derecho. 

La propaganda británica intentará presentar la Declaración conjunta Di Tella-Rifkind del 27 de septiembre de 1995 como una muestra de su “buena voluntad”. Por dicha declaración, el gobierno británico pretendía alcanzar el objetivo de desbloquear todo impedimento jurídico para la explotación de hidrocarburos. El anzuelo tendido pretendía hacer creer al gobierno argentino de entonces que los dos países podrían cobrar separadamente regalías a las empresas explotadoras, que éstas elegirían Comodoro Rivadavia como base de operaciones y que la entonces privatizada YPF podría ganar algunas licitaciones. Nada de ello ocurrió. Muy por el contrario, la declaración británica que siguió a la Declaración dejó bien en claro que no aceptaría pretensión argentina alguna de imponer regalías. YPF, sola o junto a British Gas, no obtuvo ninguna licencia y los británicos ya están creando la infraestructura necesaria en las islas que evitará todo contacto con el territorio continental argentino. Los dirigentes de la Alianza habían anunciado que denunciarían el acuerdo lesivo de 1995. El presidente Kirchner materializó la denuncia, en un todo conforme con el Derecho Internacional. Se trataba de un arreglo con sólo una parte gananciosa, que se desdijo al día siguiente de haberlo firmado de lo que había dicho a su contraparte.

Las medidas adoptadas en el plano nacional deben obligatoriamente ser seguidas por otras en el plano internacional. La explotación de petróleo en el área de Malvinas constituirá una agravación excepcional del conflicto que no puede ser respondida sólo con medidas internas o con declaraciones, fueran éstas unilaterales o regionales. Si no deseamos asistir al espectáculo de buques petroleros que vuelvan cargados desde Malvinas hacia el Norte, es necesario crear las condiciones materiales para que la explotación no tenga las mínimas seguridades jurídicas necesarias. Para ello es fundamental e insoslayable recurrir a los órganos principales de las Naciones Unidas y utilizar todos los recursos disponibles.

Cuando el Reino Unido envió en 1975 la Misión Shackleton con el fin de efectuar un relevamiento de las oportunidades de desarrollo económico de las islas y del aprovechamiento de sus recursos naturales, la Argentina reaccionó vigorosamente. Este fue el motivo por el que hace 34 años la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 31/49, en la que instó a las dos partes a que se abstengan de introducir modificaciones unilaterales mientras las islas están atravesando el proceso de descolonización. Dentro de dos años se cumplirá medio siglo de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera que adoptó la organización mundial y en la que fijó la doctrina de la ONU sobre la manera de poner fin a la situación colonial especial de las Islas Malvinas. La obligación de descolonizar sigue vigente, aunque el colonialismo se disfrace con ropaje anticolonial.

El Reino Unido se apresta a implementar su viejo sueño de hace cuatro décadas. Como ya le ocurrió con otros conflictos en los que se vio envuelto, la potencia colonial no mide todas las consecuencias potenciales de la crisis que está creando. Una política de Estado requiere que el gobierno y la oposición asuman conjuntamente sus responsabilidades ante la acción de agravamiento de la disputa más seria desde 1982. Las responsabilidades surgen tanto por acción como por omisión. Como dijo la Presidenta, “la única batalla que se pierde es la que no se da”.

 

* Profesor de Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, Ginebra.

 

FUENTE: Pagina 12

La embajada argentina en Reino Unido informó que envió más de 200 cartas a empresas involucradas en la en la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, previo a reciente sanción de la ley que establece sanciones penales, informó la agencia Noticias Argentinas, que explica que así lo indicó hoy Presidencia, en medio de la polémica por el rechazo de Londres a la ley aprobada esta semana en la Cámara de

Diputados que establece multas a petroleras que operen en la zona de las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.

Mediante un comunicado distribuido en el Reino Unido, la Embajada a cargo de Alicia Castro recordó que ya había enviado más de 200 cartas a empresas involucradas "directa o indirectamente", advirtiéndoles que son "susceptibles de acciones administrativas, civiles y penales", de acuerdo con las leyes que rigen este tipo de actividades, "incluidas las de protección ambiental".

"El Gobierno Argentino ha protestado y rechazado todos los intentos del Reino Unido para promover y autorizar este tipo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina", indicó el texto traducido del inglés y difundido a través del portal oficial de Presidencia.

Ratificó, además, que "estos intentos son manifiestamente contrarios a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta al Reino Unido y a la Argentina a que se abstengan de adoptar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas, mientras que la disputa de soberanía entre los dos países continúe pendiente".

La nota de la sede diplomática subrayó que la posición argentina es apoyada por los países del Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de Países de América del Sur y Países Árabes (ASPA) y el G-77 más China.

 ..."estos intentos son manifiestamente contrarios a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta al Reino Unido y a la Argentina a que se abstengan de adoptar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas, mientras que la disputa de soberanía entre los dos países continúe pendiente"

"Más aún, los países integrantes del Mercosur y de UNASUR han expresado específicamente su compromiso a desalentar y prevenir las actividades ilegales mencionadas anteriormente", señaló el texto.

La ley prevé penas de prisión de hasta 15 años; multas equivalentes al valor de mercado de 1,5 millones de barriles de petróleo, la inhabilitación de las personas y las empresas para operar en Argentina, y el decomiso de los equipos e hidrocarburos que se hubiesen extraído ilegalmente.

LLAMADO DE LA ONU     

Por su parte la directora de Desarme en las Naciones Unidas, Virginia Gamba, sostuvo que la "unidad" entre Argentina y Chile "es la plataforma ideal" para generar "diálogo internacional" para tratar "pacíficamente" la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas, informó la agencia DYN.

Gamba, quien es argentina, hizo estas declaraciones al cerrar las exposiciones del 2º Seminario Malvinas denominado "El escenario geoestratégico del Atlántico Sur. Soberanía y recursos naturales en el siglo XXI".

El encuentro fue organizado por el municipio de Río Grande y en él participaron intelectuales del ámbito nacional e internacional.

"Creo que estratégicamente Tierra del Fuego, ambas partes, porque Tierra del Fuego para mí es una sola unidad, Chile y Argentina es una sola unidad. Es la plataforma ideal para generar el diálogo internacional en este tipo de temas porque nuestro país debe aprovechar el apoyo regional en torno a la discusión pacífica por el tema Malvinas", indicó Gamba.

Gamba, quien asumió a principios de año la dirección de Desarme de la ONU, es la principal experta que tiene la Argentina en estrategia y en islas Malvinas.

“RESIDUOS INDIGNANTES” DEL COLONIALISMO

El ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, afirmó que existen “residuos indignantes” del colonialismo en América latina y advirtió que la “violencia social” y el “racismo” son consecuencias de esa práctica llevada adelante por los países dominantes, según dio a conocer la agencia de noticias Télam.

“Es hora de que nos demos cuenta que el colonialismo no ha terminado en el mundo y que parte de América latina y África están viviendo las consecuencias de eso”, manifestó Zaffaroni, en un  contacto con la prensa antes de participar de un debate sobre Malvinas y Guyanas, “últimos enclaves coloniales europeos”, en la Universidad Nacional de Lanús.

Zaffaroni dijo que los “residuos indignantes” del colonialismo “se ven en la violencia social y en el racismo” vigentes en muchos de esos países que estuvieron sometidos.

“Es hora de que nos demos cuenta que el colonialismo no ha terminado en el mundo y que parte de América latina y África están viviendo las consecuencias de eso”, manifestó Zaffaroni

En cuanto a Malvinas y Guyanas, el ministro diferenció ambas situaciones y remarcó que mientras en las islas se trató de una “ocupación” y se intentó hacer pasar por “originaria” a la población que allí se encontraba, en los países caribeños hubo población “transportada” y se generó una “dependencia económica” en la población originaria.     

Zaffaroni participó de un panel junto a intelectuales, periodistas y juristas, que expuso pasadas las 18 en el Aula Magna de la universidad ubicada en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Los organizadores del encuentro recordaron que Malvinas y Guayana "fueron declaradas territorios de ultramar de sus respectivas metrópolis coloniales (Reino Unido y Francia respectivamente) y convalidados por la Unión Europea en su proyecto constitucional".

Entre los disertantes estuvieron Raymond Charlotte, de la Organización Guayanesa de Derechos Humanos (OGDH); Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús; y Julio Cardoso, director del Centro de Estudios Latinoamericanos "Manuel Ugarte".

 

FUENTE: MDZ Online

No sin polémica, los diputados modificaron por mayoría el artículo 7 de la ley 26659, que regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, aprobada en abril de 2011. Las enmiendas convierten en delito la exploración sin autorización de recursos minerales en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentina, y estipulan duras sanciones penales contra los infractores.

El Reino Unido ha sido avisado sobre esta decisión mediante un comunicado que difundió la embajada argentina en Londres. Según la nota, la ley "provee sentencias a prisión de hasta 15 años, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la prohibición de operar en Argentina para individuos y compañías, y la confiscación de equipamiento y cualquier hidrocarburo que sea extraído ilegalmente".

La embajada ha enviado asimismo al menos 200 cartas de advertencia a empresas como Premier Oil, Rockhopper Exploration, Falklands Oil and Gas y a sus ejecutivos, así como a las bolsas en las que operan dichas compañías. En ellas insta a que actúen de conformidad con las normas que regulan las actividades que desempañan bajo la amenaza de sanciones administrativas, civiles y penales provenientes de Buenos Aires. 

La Cancillería británica respondió inmediatamente afirmando que "apoya rotundamente el derecho de los habitantes de las Falkland (Malvinas) a explotar sus recursos naturales para su propio beneficio económico" y calificó de "totalmente legítima" la exploración y explotación de crudo en el archipiélago.

 

FUENTE: RT

 

La tripulación del rompehielos de la organización ecologista ha llegado este martes al puerto ruso de Múrmansk, en el norte del país tras cinco días retenidos. El Comité de Instrucción ha anunciado que los 30 activistas serán acusados de piratería y juzgados "conforme a las normas de la legislación rusa y al Derecho internacional". La piratería en Rusia está penada hasta con 15 años de cárcel.