Los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Javier Echaniz y Martín Degrati, manipularon la Mac del empresario asesinado Luis Medina a la medianoche del doble crimen, el 29 de diciembre, a las 23.59, según el acta de Pericias Informáticas de la Policía. La fiscal de Cámara, María Eugenia Iribarren llegó a las 0.20, veinte minutos después, para gestionar la autorización judicial. La jueza Raquel Cosgaya --que actuaba en ese momento- informó esta semana a cuatro diputados de la comisión de Seguridad, que ella recibió el primer llamado a las 0.40 --cuarenta minutos después- y ratificó lo que ya había dicho en público, que "nunca" autorizó la supuesta "intervención técnica" de Echaniz y Degrati. Cosgaya les dijo a los legisladores que su celular registró la llamada entrante el 30 de diciembre, a las 0.40, con lo cual ratificó lo que dice el acta policial, pero amplió la brecha, que ya no es de 21 minutos sino de 41 minutos, desde que Echaniz y Degrati intervinieron la computadora hasta que Cosgaya fue anoticiada por teléfono por el abogado Mariano Ríos Artacho, secretario de la jueza María Luisa Pérez Vara, que estaba de turno pero no intervino.

 "La jueza nos confirmó lo que había dicho en algunos medios, que ella no había autorizado el acceso a la computadora, que nunca había pedido la asistencia del Poder Ejecutivo para ese acceso"

El presidente de las comisión de Seguridad, Héctor Acuña y sus colegas Eduardo Toniolli (PJ), Oscar Urruty (PPS) y Germán Mastrocola (Pro) entrevistaron en los Tribunales de Rosario a los dos jueces que subrogaron a Pérez Vara en las horas siguientes del asesinato de Medina y de su pareja. Primero, se reunieron con el juez Gustavo Pérez de Urrechu (Instrucción 13) -que ordenó el secuestro de la Mac y el celular del empresario- y luego con Cosgaya (Instrucción 6), que les confirmó que "nunca autorizó la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo". Hoy, la causa está a cargo de la jueza Alejandra Rodenas (Instrucción 2), quien al día siguiente del doble homicidio cuando se enteró que la computadora y el celular de Medina estaban en Santa Fe, en oficinas Echaniz y Degrati, ordenó suspender la pericia y se la encargó a Gendarmería. El teléfono de Medina no pudo ser desbloqueado: "No pudieron hacer nada con el celular", les dijo el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, a los diputados que lo interpelaron en la Cámara, el 6 de febrero.

Galassi aseguró en la Legislatura que la "intervención técnica" de Echaniz y Degrati fue "convalidada" por Cosgaya. La fiscal Iribarren llamó al secretario Ríos Artacho, quien "convalidó esta actuación", dijo el ministro. Y agregó: "Yo digo lo que dijo la fiscal Iribarren después de comunicarse con el doctor Ríos Atacho, quien según relata la fiscal, habló con la jueza Cosgaya, quien convalidó lo que se había hecho hasta ese momento, que era reiniciar la computadora y como el sistema no se podía peritar por las características, se propuso su traslado al otro día a Santa Fe". Según el acta policial, esa medianoche del 29, Degrati no sólo reinició la Mac: hizo un backup, "un respaldo completo del directorio en formato comprimido, que luego fracciona en archivos de 1gb por si fuera necesario copiarlo a un medio de almacenamiento de menor tamaño que el del archivo en cuestión", dice el documento. Y al día siguiente, en Santa Fe, "se realizó una vista general del contenido del equipo" y se almacenaron los archivos en un "disco extraíble" provisto por Echaniz, hasta que la jueza Rodenas ordenó "suspender la pericia" y llevar de vuelta la Mac y el celular de Medina, a Rosario.

Galassi, en su relato en la Legislatura mencionó seis veces a Ríos Artacho, por el nombre o el cargo. En realidad, fueron siete veces. Esta semana, Urruty y sus colegas de la comisión de Seguridad fueron a los Tribunales de Rosario para preguntarle a la doctora Cosgaya si había autorizado el desbloqueo de la Mac. "La jueza nos confirmó lo que había dicho en algunos medios, que ella no había autorizado el acceso a la computadora, que nunca había pedido la asistencia del Poder Ejecutivo para ese acceso", dijo Urruty.

Toniolli coincidió: "La doctora Cosgaya nos habló de un celular (de Medina) y que ella dio la autorización para que se pasara a una unidad especial porque los que tenían en sus manos aducían que no tenían la capacidad técnica para desbloquear ese teléfono. Pero en todo momento habló un celular", relató el legislador.

-¿Nadie le dijo que ya habían revisado la computadora?

-La jueza en ningún momento habló de una computadora.

-¿Y ustedes deducen que no dio la orden para intervenir esa computadora?

-No lo deducimos. Es lo que dijo ella, que no dio una orden para desbloquear una computadora porque nadie le habló de una computadora. Eso es importante. Pero más importante es el horario de la llamada, que es 0.40 porque ya hay un dato objetivo que nadie discute, que la computadora se abrió a las 23.59.

-¿El horario quedó registrado en el teléfono de la doctora Cosgaya?

-Sí, nos dijo que no tiene problemas en presentarlo porque tiene el registro de la llamada entrante. Lo más contundente de la reunión fue eso. Acá, nos planteó que la primera llamada la recibió a la 0.40 (del 30 de diciembre).

"La jueza Cosgaya zanjó la polémica", dijo Toniolli. "¿Para qué dio la habilitación? ¿Para un celular o la computadora? Ella nos dijo que fue para el celular", agregó. "Ahora, más allá de eso, no existe orden judicial, aunque ella la hubiera dado, cosa que no sucedió, no existe orden judicial que convalide un peritaje a posteriori. No existe en ningún Código. Cuando uno solicita una orden judicial, se designan peritos y éstos aceptan el cargo. Acá nada de eso ocurrió. Acá hubo una intervención previa a cualquier pedido de la justicia".

Los legisladores entrevistaron también al juez Pérez de Urrechu, que ordenó el secuestro de la computadora y el celular de Medina. "Fue muy claro", dijo Urruty. "Contó que lo llamaron ese día 29, alrededor de las 11 de la mañana. Lo llamó el secretario de la doctora Pérez Vara, Ríos Artacho, porque la jueza tenía una indisposición, cosa que el juez confirmó porque llamó a la casa de la jueza y le dijeron lo mismo. Ríos Artacho le planteó que estaban en poder de la policía las llaves de una habitación del hotel Pullman, en el City Center, donde se había alojado Medina, que había unos elementos y necesitaban una orden de allanamiento. El juez firmó esa orden, y a partir de ese momento no tuvo ningún contacto más con la causa. Fue claro, lo repitió dos o tres veces. Cuando le dijimos lo que habían dicho Galassi y el ministro de Justicia (Juan Lewis) en la Cámara, lo que comentó es que no podía decir nada más, que su actuación era la relató", agregó Urruty.

-¿Ya tienen alguna conclusión de las entrevistas con los dos jueces?

-Oscurecieron el relato de los ministros (Galassi y Lewis) en la Cámara. Hay un proyecto para crear una comisión investigadora, creemos que tiene que ser aprobado y desentrañar los hechos. Esto revela cómo está la provincia de Santa Fe, que el poder político se interrelacione de la manera que lo hizo con el Poder Judicial nos preocupa porque también les preocupa a los ciudadanos -concluyó Urruty.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Rosario12

Los diputados provinciales Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, integrantes del Movimiento Evita, denunciaron penalmente este lunes a los funcionarios políticos y judiciales que intervinieron en las primeras horas de la causa en que se investiga el homicidio de Luis Medina, y en el desbloqueo y manipulación de su computadora sin orden judicial.

Los legisladores se presentaron este lunes a las 11 horas en los tribunales provinciales de Rosario para denunciar a la jueza Inés Pérez Vara por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas y al secretario de Tecnologías, Javier Echaniz y al y subsecretario Martín Degrati, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y comisión de delitos informáticos.

A su vez, los tres diputados provinciales del bloque del Movimiento Evita, incluyeron en su presentación una solicitud para que se investigue la responsabilidad del ministro Rubén Galassi en los hechos, en la medida que él mismo reconoció estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus dos subordinados, Echaniz y Degrati.

Los denunciantes precisaron que la presentación realizada este lunes fue acompañada de la versión taquigráfica de la reciente intervención de los ministros Rubén Galassi y Juan Lewis en la Cámara baja provincial.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Redacción Rosario

A horas de terminar el turno de la primera quincena de enero, la jueza Alejandra Rodenas hizo un balance de la investigación por el homicidio de Luis Medina y Justina Pérez Castelli. Lo consideró "positivo" porque "más allá de los actos fallidos al inicio de la pesquisa, las pruebas se preservaron". Al mismo tiempo, habló de "tres hipótesis interesantes" en el marco de la causa por el hecho cometido el 29 de diciembre, en el acceso sur y Ayolas, pero no dio precisiones. Se refirió a los "actos fallidos" con la "inusual" situación con la computadora Mac de Medina, y a las "excusas" de tres agentes de la División Judiciales que intentaron ingresar al country de Pilar, donde vivían las víctimas, sin orden judicial y un día antes del allanamiento previsto. También confirmó que el jefe de esos agentes, Cristian Romero, está citado a declaración informativa para el 6 de febrero. "Me llamó la atención que no se presentara espontáneamente", deslizó. A modo de reflexión, dijo que "la narcocriminalidad configura un nuevo paradigma; y los poderes judicial, político y legislativo requieren de nuevas herramientas ante el fenómeno".

La jueza de Instrucción Nº 2 se tomó unos minutos antes de referirse a la causa, y habló del fenómeno de la narcocriminalidad en Rosario. "El Poder Judicial se está enfrentado a la complejidad de una investigación interceptada por otras matrices que son diferentes a las que veníamos trabajando, durante estos años. Esto nos pone frente a un nuevo paradigma, un nuevo modelo de investigación y a un modelo social que de alguna manera se nos está imponiendo. Este nuevo paradigma es el de los crímenes en el marco de la llamada narcocriminalidad", reflexionó. "Los jueces y los fiscales de la provincia investigamos los homicidios, que son nuestra competencia; todo aquello que tenga que ver con la narcocriminalidad es competencia de la Justicia Federal. Pero lamentablemente, esto hace que el fenómeno se complejice. La narcocriminalidad invadió la competencia de los juzgados provinciales. Yo creo que, como ya dije, esto llegó para quedarse. Aun estando frente a este fenómeno que atraviesa la sociedad, la conmueve y la preocupa, esto no debe hacernos olvidar de las garantías del debido proceso. La demanda social se lee". En otro tramo, agregó que "el poder político tomó medidas que consideró adecuadas y no soy quién para establecer si lo son o no".

Al hablar de la investigación en la que está trabajando sin descanso, a igual que con la decena de homicidios que hubo durante el turno de la primera quincena de enero, Rodenas prefirió no dar precisiones sobre las líneas de investigación y se limitó a decir que existen "tres hipótesis interesantes" sobre presuntos autores materiales o intelectuales. Y agregó: "Se dice que Medina era parte de una organización criminal, y hay ríos de tinta escritos sobre esto. La señora (Daniela) Ungaro define a su ex pareja como un empresario, y de hecho hay dos empresas a su nombre. Hay especulaciones, pero las puntas de la investigación nos van a llevar a esas cuestiones, tanto sobre los supuestos negocios como sobre personas que llegaron a tomar tamaña decisión. Alguien ordenó matar a Medina, o alguien fue a matarlo directamente. En esos alguienes (sic) estamos trabajando". En ese sentido, destacó el "compromiso" de los fiscales Esteban Franicevich y Cristina Rubiolo; y el "acompañamiento" del procurador Jorge Barraguirre.

Rodenas aclaró que investiga el doble crimen tiene a la pareja como víctima, y recordó que mandó oficios a la Procunar para contar con "garantías de mayor información", como se les solicitó también a la Justicia Federal de Rosario y a la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, "para que informen sobre algún dato que pueda llevar a autores materiales e intelectuales", aclaró.

Para Rodenas "es claro que ante la aparición del nuevo paradigma, el poder judicial, político y la policía como brazo armado, debemos tener en claro que las respuestas deben ser diferentes frente al fenómeno".

"Actos fallidos". Las dos situaciones confusas que se dieron durante los primeros días de la investigación fueron calificadas así por la magistrada, en referencia a la pericia sobre la computadora Mac de Medina, que fue enviada a Santa Fe para ser analizada por funcionarios políticos; y el intento de ingreso de tres policías de la división Judiciales a la casa de Medina en el country de Pilar, donde estaba ordenado un allanamiento para dos días posteriores a la confusa situación que terminó con los tres efectivos en disponibilidad y su jefe citado a declarar en el juzgado.

Rodenas dijo que las "excusas" de los efectivos que "intentaron cruzar las barreras del country" de Pilar, sin orden judicial, para llegar a la casa del presunto narco asesinado, no la dejaron satisfecha. Consideró el suceso como "una muy grave irregularidad". Y planteó que esas justificaciones "escondían los verdaderos propósitos". Según indicó, no pudo "definir cómo fue la cadena de órdenes" porque cuando citó a Romero le comunicaron que había salido de licencia desde el 8 de enero al 5 de febrero. Así, quedó citado para el día siguiente a su regreso. La magistrada dijo que le sorprendió que "ante tamaño hecho -registrado el sábado 4 de enero- el comisario Romero no se haya presentado espontáneamente". Los tres policías a su cargo tienen una causa en Pilar por abuso de autoridad.

En tanto, sobre el desbloqueo de la notebook, consideró "inusual" que dos funcionarios de gobierno prestaran colaboración antes de que la jueza la solicitara o diera la orden de intervención, la misma noche que ocurrió el homicidio. Si bien se aclaró que fue la jueza Raquel Cosgaya quien dio la orden de que así se hicieran las cosas, habló de una orden telefónica a las 23.59 del domingo del homicidio, día en el que fue imposible comunicarse con la jueza que correspondía al turno, María Luisa Pérez Vara. Las dudas están en que previo a que Cosgaya fuera consultada desde la oficina de pericias, dos funcionarios llegaron desde la secretaría de Tecnología del gobierno.

La jueza recordó ayer que luego de que fuera secuestrada la notebook de la habitación 241, que Medina ocupaba en el Hotel Pullman, la Mac fue llevada a Pericias Informáticas de la policía. Tal como expresa el acta, cuando estaba por ser precintada a la espera de una orden judicial, llegaron dos funcionarios de la Secretaria de Ciencia y Tecnología. Luego se hizo presente la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren, que se encontró con que ya estaban en el lugar dos personas (Echaniz y Degrati) ajenas al Poder Jdicial, funcionarios del ministro (de Seguridad, Raúl) Lamberto, "en colaboración". Recién entonces fue consultada Cosgaya. "Son criterios judiciales de evaluación de la prueba", dijo Rodenas sobre la decisión de su colega. "Lo que me resulta inusual o extraño es por qué había dos funcionarios provinciales en el lugar antes de que la jueza diera la orden", planteó.

Apenas Rodenas tomó la causa, el 30 de diciembre, ordenó que la computadora volviera a Rosario para ser trasladada a Buenos Aires, por personal de Gendarmería Nacional, dependencia que le da "garantías de imparcialidad".

 

FUENTE: Rosario/12

La consulta con el secretario del juzgado de Cosgaya fue posterior, cuando los técnicos ya habían accedido a la clave. El 29 de diciembre pasado, cuando la noticia del crimen del presunto narco Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli sacudía la modorra dominguera de las redacciones, el subcomisario Nicolás Martín Llanes, jefe de la Sección Pericias Informáticas de la Policía de Rosario, se disponía a labrar un acta burocrática que, unos días después, sería la piedra fundamental de un escándalo político.

Refiriéndose a él en tercera persona, escribe: “A los fines legales que diera lugar hace constar que”. Y allí anota datos claves de una de las polémicas que sobrevuela la causa por el asesinato de Medina. “Se hacen presentes en esta sección los señores Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnología del Ministerio de Gobierno, los cuales fueron enviados por el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Dr. Lamberto a los fines de que brinden colaboración en el desbloqueo del teléfono celular marca Samsung (…) y de una Macbook (ultrabook) marca Apple (…), elementos que fueron secuestrados en relación a una causa caratulada NN s/homicidio víctima Luis Medina”.

La misma acta revela que los funcionarios “enviados” por Lamberto llegaron antes de que la policía realizara la correspondiente consulta con la justicia para entregar los elementos de prueba a los funcionarios políticos del gobierno. El documento deja constancia de que también estaba en la Jefatura de Policía el jefe y subjefe de la Agrupación Unidades Especiales, Guillermo Morgans y Javier Leiva, y el jefe de la Brigada de Homicidios subcomisario Lanche.

El acta revela que los funcionarios “enviados” por Lamberto llegaron antes de que la policía realizara la correspondiente consulta con la justicia para entregar los elementos de prueba a los funcionarios políticos del gobierno.

LA ORDEN

Luego, el acta labrada por el subcomisario Llanes señala que “se hace presente además a las 00.20 hs la señora fiscal de Cámaras Dra. Iribarren (María Eugenia), quien consultada por el temperamento a seguir con los elementos de prueba bloqueados, la misma efectúa una consulta telefónica con el Dr. Acosta, secretario del juzgado interviniente, quien previa consulta con la Sra. jueza en turno, Dra. Raquel Cosgaya, el mismo dispone que de acuerdo a lo ordenado por la magistrada, dichos elementos bloqueados sean remitidos a la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Gobierno a los fines de que se realice la medida pericial requerida (…)”.

Así, el acta policial del día del crimen de Medina, a la que tuvo acceso Redacción Rosario, revela tres datos importantes sobre la polémica: que los funcionarios del área tecnológica llegaron “enviados” por el ministro Lamberto; que lo hicieron antes de que la fiscal de Cámaras Iribarren solicitara que se hiciera la consulta con la jueza en turno; y que la jueza habría dado la orden en forma telefónica al secretario del juzgado, quien la transmitió a los policías.

El 2 de enero, la jueza de instrucción Raquel Cosgaya desmintió al diario La Capital haber sido quien dio la orden de enviar la notebook y el celular de Medina a manos de funcionarios del gobierno de Bonfatti. Dijo: “La policía que intervenía me consultó si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podían registrar un celular y no una computadora. En un momento en que había que actuar con rapidez respondí que el criterio debía ser que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo”.

Cosgaya tuvo que intervenir ante la imposibilidad de los policías de ubicar a la jueza que estaba en turno ese día, la titular del juzgado de instrucción 5ta, María Luisa Pérez Vara, quien nunca atendió el teléfono que utilizan los magistrados en turno. De esa acta se toman los funcionarios de la Casa Gris, y hasta el propio gobernador, para asegurar que el envío de los elementos tecnológicos secuestrados en el hotel donde estaba hospedado Medina fuera a parar a manos de Echaniz y Degrati.

LA HORA

Pero existe otra acta, labrada el 30 de diciembre en la ciudad de Santa Fe por el sargento Franco Arana, numerario de la División Asuntos Internos, que revela otro dato clave sobre la polémica en relación al cuidado de las pruebas del crimen de Medina. Arana había sido designado el día antes por la fiscal de Cámara Iribarren para que sea quien traslade la computadora y el teléfono del presunto narco hasta el Centro de Cómputos de la provincia, donde se realizaría la pericia. Junto a otros policías que lo acompañaban, el sargento Aranda llegó al edificio del área de Tecnología a las 11.26 del penúltimo día del año 2013.

Dejó constancia de que allí lo recibieron Echaniz, Degrati, el director provincial de Comunicaciones, Guillermo Porchietto, y un suboficial de la División Informática de la policía santafesina. Pero lo más importante del acta es cuando registra que “el licenciado Degrati relata que en el día 29 del corriente, siendo las 23.59 aproximadamente, encontrándose en la oficina de pericias informáticas de la UR II (Rosario), en oportunidad en que procedió a examinar dicha ultrabook, de acuerdo a las órdenes impartidas por la autoridad judicial mencionada (la jueza Cosgaya), notó que el acceso al sistema operativo se encontraba restringido mediante una contraseña y al ingresar sin clave aparecía una ayuda con el texto: “me llamo al revés”, por lo que se ingresa el nombre de pila del usuario en forma regresiva, SIUL, logrando iniciar sesión”.

Aranda también da cuenta que Degrati “realizó un respaldo completo del directorio raíz en formato comprimido” y que fraccionó los datos por si fuera necesario “copiarlo a un medio de almacenamiento de menor tamaño que el archivo en cuestión”. Y asegura que esos archivos fueron guardados en la misma computadora. Lo sorprendente es que según esta acta Degrati realizó esa operación el 29 de diciembre a las 23.59, mientras que de acuerdo al documento anterior la fiscal Iribarren llegó a las 00.20, es decir 21 minutos después, y recién allí indicó que se realizara la consulta con el secretario Acosta, del juzgado de Cosgaya, quien habría dado la orden de que la notebook fuera peritada por los funcionarios del gobierno provincial. Según los documentos oficiales, el subsecretario de Tecnología desbloqueó el equipo informático antes de la presunta orden telefónica de la jueza a través del secretario de su juzgado.

PERICIA INTERRUPTUS

De acuerdo a esos documentos, que están en manos de la jueza de instrucción Alejandra Rodenas, quien finalmente se hizo cargo del caso, la pericia no llegó a completarse en Santa Fe. De todos modos, se “realizó una vista general del contenido del equipo” y capturas de pantalla de contraseñas utilizadas por Medina, búsqueda de correos electrónicos y movimientos de archivos de los 15 días anteriores al crimen de su propietario. Pero la tarea no pudo completarse. Escribe el sargento Arana: “Siendo las 13.47, recepciono en mi celular un llamado del comisario inspector Guillermo Morgans, jefe de Agrupaciones Unidades Especiales de la URII, quien trasmite en el acto lo ordenado por la Dra. Alejandra Rodenas, a cargo en la actualidad en suplencia del juzgado de instrucción 5ta, de suspender la pericia en el estado en que se encuentra y secuestrar todos los elementos utilizados para realizar la pericia hasta el momento del llamado”.

Por las dudas, Arana realizó una consulta telefónica con un superior, “quien ratifica lo ordenado” por Morgans. La notebook y el celular de Medina comenzaban a desandar nuevamente la autopista hacia Rosario, donde los esperaba la jueza Rodenas para hacerlos peritar por Gendarmería nacional.

 

FUENTE: Redacción Rosario
 

Personal de Gendarmería se reunió en Rosario con Alejandra Rodenas, jueza a cargo de la causa del doble homicidio, con quien acordaron que la apertura del aparato se hará en presencia de un veedor judicial local.

Tal como lo recibió de la Provincia por expreso pedido propio, la jueza entregó el material –la computadora personal de Medina, hallada en la habitación del hotel Pullman donde se alojaba, y un celular que llevaba en su poder cuando lo mataron– en una caja sellada.

Dado que la computadora alcanzó a ser operada y desbloqueada por parte de un funcionario ajeno al poder judicial, ahora los hombres de Gendarmería deberán reconstruir cuáles fueron los últimos pasos realizados sobre el aparato y constatar si hubo eliminación de datos.

Rodenas había ordenado la inmediata devolución de ese material ni bien tomó conocimiento de que la evidencia en cuestión había sido manipulada por el secretario de Tecnología de la provincia, Javier Echaniz, quien había logrado desbloquear la computadora, algo que no habían conseguido los expertos policiales, según afirmaron desde el Ejecutivo.

Si bien el gobierno alegó que el área técnica del Ejecutivo actuó con una orden judicial, la jueza Raquel Cosgaya, quien estuvo a cargo de la causa durante los primeros dos días, lo desmintió: “La policía que intervenía me consultó si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podían registrar un celular y no una computadora. En un momento en que había que actuar con rapidez respondí que el criterio debía ser que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo”, afirmó la magistrada.

Dado que la computadora alcanzó a ser operada y desbloqueada por parte de un funcionario ajeno al poder judicial, ahora los hombres de Gendarmería deberán reconstruir cuáles fueron los últimos pasos realizados sobre el aparato y constatar si hubo eliminación de datos.

En la reunión de este lunes, de la que también participó la fiscal de Cámaras Cristina Rubiolo, se acordó que la primera apertura de la Mac se hará en la Capital Federal. En un contexto viciado de dudas y cuestionamientos por el presunto manoseo de la evidencia, los gendarmes solicitaron que ese acto sea presenciado por un funcionario judicial rosarino.

 

FUENTE: Redacción Rosario

El diputado provincial Eduardo Toniolli cuestionó este lunes el intento de allanamiento perpetrado por tres agentes de policía santafesinos a la casa que el presunto narco asesinado el 29 de diciembre poseía en un country de la localidad bonaerense de Pilar. “Evidentemente querían limpiar la escena”, afirmó el legislador. En tanto para el ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta, resulta “inimaginable que haya policías llevando a cabo una medida de esa naturaleza sin contar con la autorización de la jueza a cargo”. Desde el ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron que ya pasaron a disponibilidad a los tres agentes que participaron del operativo.

ALLANAMIENTO TRUCHO

Tres policías rosarinos de la División Judiciales llegaron el sábado al country Haras del Pilar junto al padre de Justina Pérez Castelli, la joven de 23 años y pareja de Medina, que también fue asesinada a fines de diciembre en un acceso de Rosario.

La jueza Rodenas tenía preparado un allanamiento -que finalmente se realizó ayer- y que la irrupción de los agentes de la División Judiciales no contaba con la autorización de la magistrada, y que de haber ingresado a la vivienda podrían haber hecho caer parte de la investigación.

Fuentes judiciales señalaron que los investigadores pidieron ingresar a una casa que Medina tenía en el country, donde vivía desde que había dejado Rosario, presuntamente por cuestiones de seguridad.

Pero los custodios del barrio cerrado le solicitaron la orden de allanamiento, que los agentes no tenían, por lo que invocaron el nombre de la jueza que investiga el doble crimen, Alejandra Rodenas, abundaron los informantes.

Los custodios del country llamaron a la DDI de Pilar, cuyos efectivos alertaron a la jueza de la intención de los policías, quienes quedaron al descubierto.

Los policías rosarinos que participaron del allanamiento trucho fueron pasados a disponibilidad este lunes. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe adoptó esta medida que involucra a los tres agentes de la División Judiciales de la Policía de Rosario, quienes el sábado pasado quisieron ingresar a la vivienda de Luis Roberto Medina, el presunto empresario narco asesinado el 29 de diciembre, sin orden de allanamiento.

Además, desde la cartera de Seguridad santafesina señalaron que se dispuso “el inicio de investigaciones administrativas a los tres efectivos policiales que intervinieron en el hecho ocurrido el sábado en la localidad de Pilar, Buenos Aires, por presuntas irregularidades”.

“Esta disposición -agregó el ministerio en un comunicado- se realiza con el fin de determinar la existencia y alcance de los hechos, como también la eventual responsabilidad del personal”.

Según voceros judiciales, los policías argumentaron que iban a realizar tareas investigativas y que no invocaron el nombre de la jueza para ingresar a la casa de Medina.

Agregaron que la jueza Rodenas tenía preparado un allanamiento -que finalmente se realizó ayer- y que la irrupción de los agentes de la División Judiciales no contaba con la autorización de la magistrada, y que de haber ingresado a la vivienda podrían haber hecho caer parte de la investigación.

Rodenas había pedido irrumpir en dos casas utilizadas por Medina: la propia y la de un amigo, apodado “Patán”, que alquilaba la casa al rosarino asesinado.

Estaba en eso cuando le informaron que en la puerta del Haras del Pilar habían sido demorados tres policías rosarinos que querían ingresar con el padre de la víctima, quien tenía una llave. Como le dijeron que los uniformados invocaban su nombre y una orden judicial no encontrada, la jueza pidió rápidas explicaciones al jefe de Unidad Regional II, Luis Bruschi.

Su ofuscación tenía que ver con que esa acción imprevista, a su juicio inexplicable, podía frustrar medidas en curso allí mismo y generar nulidades posteriores, en especial si llegaban a ingresar a las casas. Más cuando sí se terminó encontrando en ellas, finalmente allanadas este domingo, evidencia útil a la causa.

Desde la división a la que pertenecían los agentes aseguraron que se trató de una “actividad normal” y negaron haber pretendido allanar la casa. Por el contrario, adujeron haber ido a “constatar una información” vinculada con el caso y a tomar fotografías.

Pero esa versión al momento no satisfizo a nadie ya que la investigación viene de un arranque poco feliz por el paso aparentemente injustificado de una evidencia importante por oficinas ajenas al sistema judicial, como fue el caso de la computadora portátil de la víctima.

Luis Medina (43) fue asesinado de 17 balazos la mañana del domingo 29 de diciembre cuando circulaba en un Citroën CS3 junto a su pareja Pérez Castelli. De acuerdo a la investigación, un automóvil se les puso a la par y desde el interior personas comenzaron a disparar.

Según la autopsia, el cuerpo del empresario sospechado de vínculos con el narcotráfico tenía tres disparos en el costado izquierdo del cuerpo y 14 en la espalda, que los investigadores interpretan que fueron para rematarlo.

MÁS POLÉMICA

Sumado a la novela de la computadora portátil de Medina –que todavía sigue entregando nuevos capítulos–, el incidente del allanamiento trucho volvió a generar sospechas a diestra y siniestra. El ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta, dijo este lunes a LT8 “que la policía, y más en el estado actual de la investigación, solamente puede actuar en la medida en que tenga la orden de la jueza que conduce la investigación”, dijo sobre el intento de allanamiento al country donde vivía Medina en Pilar. “Es inimaginable que haya policías llevando a cabo una medida de esa naturaleza si no contaban con la autorización de la jueza a cargo”, remató contundente Erbetta en una entrevista con radio LT8.

"Creo que este intento de allanamiento ilegal en Pilar sumado a la entrega de la computadora personal de Luis Medina a un funcionario político, configuran un escándalo de proporciones." (Erbetta)

“Creo que este intento de allanamiento ilegal en Pilar sumado a la entrega de la computadora personal de Luis Medina a un funcionario político, configuran un escándalo de proporciones. Ahora así como digo esto, también creo que es parte de lo que nosotros cuestionamos diariamente. No me sorprende que pasen este tipo de cosas por la manera en que se investiga y quienes investigan en la provincia de Santa Fe”, consideró el diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli.

“Nosotros decíamos hace exactamente cuatro días, tras el veto a nuestro proyecto de policía judicial, que la intención del gobierno, especialmente en el área de Seguridad y de Justicia, tenía que ver con no restarle poder a determinados sectores de las fuerzas de seguridad que son los que hoy se encargan de las investigaciones. Y no poder dotar al fiscal general de una herramienta propia jerarquizada y que le recorte su poder a la fuerza de seguridad que tiene un poder enorme para gestionar el delito utilizando herramientas no legítimas”, agregó el legislador.

“Acá lo grave además es que la jueza nunca dio intervención a este área de la fuerza para participar en la investigación”, evaluó y continuó diciendo, “por eso digo que es realmente escandalosa y hay que abrir una investigación para poner en el centro de la escena a estas personas y sus superiores. Evidentemente querían limpiar la escena para evitar que se supiera algo y la primer sospecha es que hay una relación entre estas personas y el comercio ilícito que protagonizaba Medina”, disparó el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja provincial.

 

FUENTE: Redacción Rosario

ALLANAMIENTO

Rosario/12 pudo saber ayer que tres policías de la División Judiciales de Rosario, quedaron detenidos en la DDI de Pilar en la provincia de Buenos Aires por "abuso de autoridad". Estos agentes habían llegado al country de Pilar para allanar la casa donde vivían Luis Medina y Justina Castelli Pérez; asesinados a balazos en el acceso sur de Rosario. Los policías santafesinos pasaron a buscar por su casa al padre de la joven fallecida para llevarlo al allanamiento. Cuando llegaron al barrio cerrado, el guardia les pidió la orden escrita que no tenían. Dijeron que habían llegado por instrucción de la jueza Alejandra Rodenas, pero la magistrada nunca ordenó el allanamiento. Cuando la policía bonaerense se comunica con Rosario descubrió la maniobra y detuvo a los agentes. Se presume que querían llegar antes del allanamiento oficial a buscar "algo".

SU SEÑORÍA SE DESPIDE CON MALA NOTA

Su inesperada ausencia como jueza de turno para abrir la investigación del asesinato mafioso del empresario Luis Medina, el domingo pasado, parece haber sido la gota que rebasó el vaso; sólo que a María Luisa Pérez Vara le llega sobre el final de su carrera y en vísperas de la jubilación. La Procuración General de la Provincia prepara un pedido de investigación contra la titular del juzgado de instrucción 5 de Rosario, instancia que si prospera en la Corte Suprema podría llegar a juicio político. Eso, si ella no se retira antes. El faltazo de Su Señoría en la escena del último crimen caliente del 2013, sin embargo, no sorprendió tanto a quienes conocen la cotidianidad de Tribunales y a sus actores. "Hasta el domingo 29 ella estaba en turno y no se presentó: fue algo realmente grave que merece examinarse", dijo el procurador general Jorge Barraguirre.

Cuando el cadáver acribillado de Medina todavía estaba dentro del Citroën DS3, y su novia Justina Castelli moría a unos metros, sobre el acceso sur, la policía empezó a llamar al teléfono celular del Poder Judicial que va rotando en manos de cada juez en turno. Quien debía atender, Pérez Vara, jamás lo hizo. Así fue que el caso pasó al juzgado subrogante, a cargo de Raquel Cosgaya, y luego a la jueza de feria, Alejandra Rodenas. Y en el medio, el periplo de la notebook de la víctima, entregada a un técnico del Ejecutivo para que la desbloquee y retornada a resguardo judicial con polémica política mediante. Alguien llamó luego en nombre de la ausente para alegar que la magistrada había tenido un problema de salud que le impidió presentarse a cumplir con su deber. Ni eso ni el afán de su secretario por suplir a su superior alcanzó alcanzó para calmar el fastidio que ganó en la Cámara de Apelación en lo Penal, sobre todo cuando en la semana recibieron la caja del teléfono de turno y el cargador correspondiente, pero sin el aparato. Y hasta ayer el celular no había aparecido, lo que hizo necesario comprar uno nuevo. Tampoco apareció la jueza a dar explicaciones. De todo esto, la Cámara Penal elevó un informe el lunes 30 de diciembre a la Corte, cuyos miembros se reunirán luego del receso de verano a definir qué hacer con Pérez Vara, quien por otra parte ya había presentado su "pedido de cese", paso necesario para acogerse a la jubilación.

El procurador general de la provincia, Jorge Barraguirre, promoverá la apertura de una investigación sobre la conducta de Pérez Vara una vez que concluya la feria judicial de enero. En estos días de receso es la camarista santafesina Liliana Lauxmann quien cubre la titularidad de la Procuración, por eso Barraguirre quiere intervenir cuando reasuma. "Al término de la feria impulsaré una investigación de oficio, según las facultades de la Procuración, total las pruebas necesarias no se borran: las actuaciones del caso están, constan las intervenciones que debieron hacer la doctora Cosgaya y la doctora Rodenas, los llamados realizados al teléfono móvil del turno de instrucción", dijo el procurador ante una consulta de Rosario/12. El jefe del Ministerio Público provincial consideró que hay materia suficiente para revisar el desempeño de la jueza en este caso. "Hasta el domingo 29 ella estaba en turno y no se presentó. Fue algo realmente grave que merece examinarse", agregó.

 

FUENTE: Rosario 12

El año 2013 comenzó en Rosario con la balacera contra militantes del Movimiento Evita en barrio Nuevo Alberdi y el asesinato de Mercedes Delgado, dirigente social cristiana de barrio Ludueña; y terminó con las resonantes muertes del empresario Luis Medina y el hermano del tristemente famoso “Pollo” Bassi.

Entre estos extremos temporales, aproximadamente 265 asesinatos se consumaron a lo largo del año pasado en la Unidad Regional II de policía de Rosario, un 44 % más de los homicidios dolosos registrados el año anterior. Decimos "aproximadamente" porque los datos no son oficiales (se confirmarán en algunos días más) sino que surgen de diversos relevamientos existentes.

Sin embargo, el carácter provisorio del dato no nos impide realizar algunas lecturas interesantes para tomar plena conciencia del fenómeno.

Como primer elemento, observemos la evolución anual de los homicidios dolosos en Rosario y el incremento interanual.

Año	Homicidios dolosos	Incremento interanual (%)
2007	113	-
2008	121	7,08
2009	130	7,44
2010	126	-3,08
2011	163	29,37
2012	184	12,88
2013	265	44,02

Como vemos, el incremento interanual del 2013 es el más elevado en los últimos siete años en el ámbito de cobertura de la Unidad Regional II y supera ampliamente el 29,3 % del anterior récord, registrado en el 2011, año en el que solitarias voces (como la del entonces diputado Agustín Rossi) empezaron a denunciar el aumento exponencial de los asesinatos en Rosario.

 

Agustín Rossi en el debate con Del Sel y Bonfatti durante la disputa por la gobernación de Santa Fe en el 2011,
alertando sobre el fuerte incremento de los homicidios dolosos en Rosario.

 

Pero comparemos la cifra de homicidios dolosos alcanzada en 2013 con la registrada en 2007 para analizar la evolución del problema durante la gestión de Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

Los asesinatos en Rosario pasaron de 113 en el año 2007 a 265 en el 2013, lo que marca un incremento del 134 % en 6 años de gobierno socialista. Desde que asumió Hermes Binner la gobernación santafesina ya se registraron 989 homicidios dolosos en Rosario.

Si analizamos toda la serie 2007-2013 queda muy claro que la cantidad de asesinatos se incrementó notablemente en el último trienio. Fue justamente en el 2011 cuando voceros policiales y del gobierno provincial comenzaron a justificar el aumento de las muertes violentas en Rosario a meros “ajustes de cuentas” apelando a que las víctimas “se conocían entre ellos” y los asesinatos se provocaban por supuestos “conflictos interpersonales”. Cualquier persona (dirigente político, especialista, periodista, etc.) que se atreviese a cuestionar este superficial diagnóstico (Rossi, Saín, Del Frade, Tognoli, entre otros) era señalado de ser funcional a estrategias que supuestamente se tejían en la Casa Rosada y tendían a socavar la estabilidad del gobierno socialista.

Finalmente, dos datos para tener en cuenta. El primero de ellos: desde que el ex comisario Hugo Tognoli cayó en prisión por vinculaciones con la narcocriminalidad ya hubo 310 asesinatos en Rosario. Esto determina que, desde noviembre de 2012 a la fecha, se produjo 1 asesinato cada 32 horas en la Unidad Regional II. Claramente, no fue gratuita la presencia del ex jefe de drogas peligrosas de Binner y ex jefe de policía provincial de Bonfatti a la hora de la configuración de Rosario como el territorio más apetecido por las empresas narco criminales.

El segundo dato: sin lugar a dudas, uno de los asesinatos más resonantes del 2013 fue el de Claudio “Pájaro” Cantero, uno de los líderes de la banda “Los Monos”, ocurrido el 26 de mayo pasado. A esa altura del año (enero-mayo) ya se habían registrado 95 homicidios dolosos en la Unidad Regional II, con una frecuencia de 1 asesinato cada 38 horas. Tras el asesinato del “Pájaro” Cantero el ritmo de las muertes se incrementó notablemente: en los 7 meses restantes del 2013 (junio a diciembre) la frecuencia de asesinatos fue de 1 cada 30 horas.

 

(*) Licenciado en Ciencia Política. Investigador de la Fundación para la Integración Federal (FUNIF) y analista de Fundamentar.com

La Mac propiedad de Medina que había sido hallada en la habitación del hotel Pullman, del complejo City Center, donde la víctima se encontraba alojada, pasó de la División de Pericias Informáticas, dependiente de la policía santafecina, a manos de la secretaría de Tecnologías de la provincia, a cargo de Javier Echaniz, porque no habían logrado desbloquearla.

Esta maniobra, para el diputado Acuña, dañó el protocolo de seguridad que debe resguardar las evidencias para que estas sean consideradas legítimas por la Justicia.

“El gobierno va a tener que explicar cómo fue posible que la principal prueba, que puede demostrar las actividades ilícitas de Medina y hasta conocerse detalles del atentado a Bonfatti se destruya en manos de un funcionario político que depende del mismo Galassi”

Acuña, quien preside la comisión de Seguridad en la legislatura provincial, supo primero que la jueza Alejandra Rodenas, ni bien tomó conocimiento de esa situación, solicitó la máquina para que sea peritada por profesionales de Gendarmería y, según fuentes de su entorno, llamaría a declarar a todas las personas que tuvieron contacto con la máquina.

“El gobierno va a tener que explicar cómo fue posible que la principal prueba, que puede demostrar las actividades ilícitas de Medina y hasta conocerse detalles del atentado a Bonfatti se destruya en manos de un funcionario político que depende del mismo Galassi”, dijo el miércoles Acuña, quien llegó a pedir, por ese motivo, la cabeza de Raúl Lamberto.

“¿Cómo me explican que están luchando contra el narcotráfico si ocurre lo que pasó con lo que puede ser la principal prueba? En cualquier lugar esto deriva en la renuncia del ministro”, aseguró el diputado.

Este jueves, Galassi salió a negar las imputaciones, las que calificó de “indignantes”. “Nos pidieron una colaboración técnica”, señaló el funcionario, quien aseguró además, según consigna el portal de noticias Rosario 3, que el desbloqueo de la computadora en cuestión, fue efectuado bajo supervisión judicial y a pedido del magistrado de turno, antes de la llegada a la causa de la jueza Alejandra Rodenas.

 

FUENTE: Redacción Rosario

Las víctimas fueron identificadas por la Policía como Luis Roberto Medina (35) y Justina María Castelli Pérez (20), quienes viajaban juntos en el Citroën DC3 color rojo del primero, un inversionista del conocido boliche rosarino "Esperanto".

Fuentes policiales informaron que este domingo, alrededor de las 6, el empresario y la joven transitaban por Ayolas y Uriburu, en la zona sur de Rosario, cuando el Citroën DC3 fue interceptado por otros dos vehículos.

De acuerdo a los datos aportados por testigos, uno de estos rodados se cruzó delante y desde el interior del otro efectuaron una serie de balazos hacia el auto del empresario, dijeron los informantes.

Medina tenía antecedentes penales por tenencia ilegal de arma de guerra y, además de inversionista en "Esperanto", era dueño de una agencia de venta de autos en la zona oeste de Rosario

Las fuentes señalaron que tanto Medina como la joven recibieron tres impactos de bala cada uno, por lo que murieron en el acto.

Tras el ataque, los tiradores huyeron del lugar en los mismos vehículos en los que habían arribado, en tanto que la Policía local fue alertada del hecho.

Luego, los peritos policiales secuestraron en la escena del doble crimen numerosas vainas servidas calibre 9 milímetros, precisaron los voceros.

En las tareas investigativas interviene el personal de la comisaría 16ta. de Rosario.

De acuerdo a los datos que manejan los pesquisas policiales, Medina tenía antecedentes penales por tenencia ilegal de arma de guerra y, además de inversionista en "Esperanto", era dueño de una agencia de venta de autos en la zona oeste de Rosario.

Por otro lado, la Justicia rosarina y la Secretaria de Seguridad de Santa Fe investigaban al empresario asesinado por su posible vinculación con causas por narcotráfico en la zona.

Medina también había sido mencionado en el caso del ataque a balazos cometido el 11 de octubre pasado contra la casa del gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, en Rosario.

En esa causa se investigó un mensaje de texto con las iniciales del empresario (L: M.) y de tono intimidatorio hacia el gobernador Bonfatti que recibió la jueza rosarina, Raquel Cosgaya, quien inicialmente tuvo a su cargo la investigación del atentado a la vivienda del mandatario provincial.

“Averigüen q Viglione (Ana, la titular de Delitos Complejos de Santa Fe) se comprometió a hacer desaparecer el exp de L.M. No cumplió. Por eso pasó lo de Bonfatti y se la van a poner en autopista”, decía el mensaje que recibió en aquella oportunidad la magistrada en su teléfono celular.

A partir de esas sospechas, el abogado de Medina, Carlos Varela, se presentó luego en los Tribunales de Rosario y aclaró: “No hay ninguna causa que lo relacione en forma directa” con el narcotráfico ni con el atentado a Bonfatti.

El letrado afirmó que su entonces cliente era “totalmente ajeno” a esos delitos y que se ponía "a disposición” de la jueza de Instrucción 5 de Rosario, María Luisa Pérez Vara, quien quedó a cargo de la causa que antes tenía su colega Cosgaya.

Medina vivía en un lujoso country de la provincia de Buenos Aires y, según su abogado, era “sólo un hombre de negocios que hace dos años no está en la ciudad”, aunque en Rosario tenía intereses ligados “a la compra y venta de autos”.

 

FUENTE: Télam