La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) atraviesa uno de los momentos más institucionales y políticos más delicados de su historia contemporánea tras confirmarse la intervención judicial de su proceso electoral nacional. Desde los sectores dirigenciales del gremio no dudaron en calificar la medida como un "intento de adoctrinamiento" hacia todo el movimiento obrero argentino, trazando preocupantes paralelismos históricos con las únicas dos intervenciones previas que sufrió el sindicato, ambas ocurridas durante dictaduras militares. El secretario general de la UOM Firmat, Diego Romero, defiende que la resolución no busca transparentar las urnas, sino quebrar la autonomía de la cúpula gremial como una suerte de "bautismo de fuego" para el resto de las organizaciones sindicales del país.
En diálogo con Todas Las Voces por AM 1330, el dirigente remarcó que, el conflicto se originó a partir de una denuncia por presuntas irregularidades presentada por la opositora Lista Naranja en la seccional bonaerense de Campana, un territorio clave liderado por el secretario general nacional del gremio, Abel Furlán. Sin embargo, la dirigencia metalúrgica desestima la legitimidad del reclamo y asegura que las supuestas faltas ocurrieron dentro de las plantas de Tenaris, pertenecientes al Grupo Techint. En este sentido, apuntan de forma directa al empresario Paolo Rocca y al gobierno de Javier Milei como los verdaderos estrategas detrás de la judicialización, con el objetivo político y financiero de mantener los salarios congelados —que según denuncian ya acumulan once meses sin actualizaciones— y dejar a la organización acéfala para neutralizar futuros reclamos.
Más allá del debate estrictamente político, la intervención judicial desató una crisis operativa inmediata que amenaza el funcionamiento básico de los servicios esenciales del sindicato. Al quedar bloqueadas las cuentas bancarias institucionales, las distintas seccionales alertaron sobre la imposibilidad material de afrontar el pago de salarios de empleados administrativos y personal médico. El impacto más alarmante, no obstante, recae sobre la obra social del gremio (OSUOMRA), ya que la parálisis administrativa pone en serio riesgo de interrupción tratamientos oncológicos complejos y coberturas de discapacidad si no se habilitan los canales de pago a los prestadores de salud en el corto plazo.
En respuesta a la medida, Romero defendió los mecanismos estatutarios internos y recordó que el sindicato ya había designado un interventor propio para normalizar la situación de forma autónoma antes de la irrupción de la Justicia. Asimismo, Romero denunció una sistemática persecución contra su seccional en el sur de Santa Fe, recordando los intentos previos del oficialismo —a través de figuras como Florencia Arieto— de criminalizar la protesta laboral en firmas locales como la fábrica de cosechadoras Vassalli, cuya situación catalogó de abandono absoluto y sostenida exclusivamente por el esfuerzo de sus propios trabajadores.
Ante la gravedad del escenario, Abel Furlán ya mantuvo reuniones de urgencia con la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) y con bloques de senadores nacionales para articular una estrategia de resistencia legal y gremial. En las próximas horas se espera la definición de un plan de lucha conjunto que reactive de inmediato las mesas paritarias paralizadas por la intervención. Desde la UOM advierten que la defensa de su personería e institucionalidad excede los nombres propios de sus dirigentes, transformándose en una pulseada clave por la supervivencia del modelo sindical argentino frente a la presión mancomunada del poder económico concentrado y el Estado.
