Estos países están atravesando un proceso de fuerte cuestionamiento a sus gobiernos. Masivas manifestaciones populares ponen en jaque a los regímenes que desde hace décadas detentan el poder. La aspiración democrática y los intereses de las potencias occidentales como ejes centrales del conflicto

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Medio Oriente se ciñe de un vértigo complejo e incesante. El sismo generado por la oleada insurreccional nacida en el norte de África a principios de este año continúa agitando las débiles bases del equilibrio de poder tanto a nivel regional como en el plano interno de los Estados, peligrando a la sazón los compromisos de paz y las alianzas estratégicas entre algunos actores.

Los casos más críticos en las últimas semanas se han focalizado en Siria y Yemen. Ambos países comparten de base el hecho de atravesar sangrientos conflictos entre variados sectores sociales que luchan por reformas profundas contra regímenes opresivos y cerrados. No obstante, lo que abunda en realidad son sus matices y diferencias.

Siria se encuentra gobernada por Bashar al Assad, líder del partido nacionalista y socialista Baaz desde el año 2000 tras suceder a su padre, Hafez Al Assad, quien murió por enfermedad en dicho año. El régimen baasista se sustenta en tres bases bien definidas: en primer término, cuenta con sofisticados aparatos de seguridad y defensa, existiendo también complejas relaciones de tipo familiares en el entramado más alto del poder. Finalmente -pero no menos importante- cuenta con el apoyo de las bases del propio partido, cuya ideología nacionalista y antiimperialista ha calado hondo en importantes sectores de la sociedad.

Un dato decisivo es el hecho de que el clan gobernante pertenece a la minoría alauí, una vertiente dentro del Islam chií, dato que indica un subyacente factor de conflicto sectario a la vez que un punto de debilidad del régimen, puesto que la mayoría de la población siria es sunnita. Justamente, la crisis política actual tuvo comienzo a mediados de marzo con las manifestaciones en la ciudad de Deraa, una región mayoritariamente sunnita en el sur del país, que con intensidad y fuerza se extendieron rápidamente a otras ciudades en forma de insurrecciones armadas, algunas veces hasta llegar a la capital del país, Damasco. Los fuertes levantamientos se produjeron a mediados de abril generando la crisis más seria desde 1980.

La respuesta de Bashar, quien cuenta con un sólido respaldo popular, consistió en una acción combinada de represión y exiguas concesiones. La represión obtuvo como resultado la intervención en decenas de mezquitas donde se organizaban gran parte de las manifestaciones y más de 200 muertos hasta la fecha del 11 de mayo, según organismos de derechos humanos. Por su parte, las concesiones y reformas aplicadas a partir de mayo consistieron principalmente en la abrogación del estado de emergencia que regía desde hace 48 años, el reconocimiento de derechos básicos a la minoría kurda carente de derechos ciudadanos, el cambio de gabinete de gobierno y la liberación de manifestantes que habían sido detenidos. Pero lo cierto es que tales medidas no fueron suficientes para calmar las aguas, lo que explica la continuidad de una eficaz opresión y el aumento del número de víctimas, como también los temores a una posible desintegración del país, dada la compleja composición de la población siria, caracterizada por la diversidad de minorías religiosas y tribales.

Por ahora, Bashar pareciera tener relativamente controlada la situación, sin embargo, este no cesa de denunciar una posible conspiración dirigida por actores externos para desestabilizar a Siria. Según algunas fuentes locales, EE.UU y Arabia Saudita estarían orquestando la agitación social por medio de los Hermanos Musulmanes y facciones salafistas, una rama sunnita ultraconservadora y antichií apoyada por el wahabismo de la dinastía saudí y otras monarquías del golfo. Tal hipótesis es valorable si se tiene en cuenta que Siria se encuentra en la lista negra de los países que según EEUU apoyan al terrorismo transnacional. Es, además, un protagonista clave en el conflicto palestino-israelí, muy sensible a Washington y Tel Aviv. Tanto su alianza estratégica con el Irán chií, como su ubicación geográfica, la disputa irresuelta en los Altos del Golán con Israel, sus apoyos directos al partido milicia Hezbolá en el Líbano y el padrinazgo sobre Hamas en la franja de Gaza convierten a Siria en un Estado potencialmente desestabilizador y, por lo tanto, una seria amenaza a los intereses de Occidente en la región.

Desde el 4 de abril, EE.UU y la Unión Europea han emprendido sanciones económicas contra Siria prohibiendo el flujo de crédito, de armas y de material anti-disturbio a modo de debilitar al régimen. EE.UU e Israel encuentran de esta manera muy buenas condiciones aprovechando el contexto de "levantamientos democráticos" en el mundo árabe, junto al uso del discurso de los derechos humanos, para procurar remover "legítimamente" al régimen sirio. La eventual caída de Assad comportaría consecuencias largamente buscadas por Occidente, al quebrarse el eje cuatripartito Siria-Irán-Hezbolá-Hamas, debilitando al mismo tiempo a Irán en cuanto a su presencia regional e inclinando de esta forma la balanza a favor de Israel en el conflicto con Palestina.

Sin embargo, la crisis en Siria ha tenido un impacto directo en las condiciones de negociación entre Palestina e Israel que resultan negativas para este último. Se propició la reconciliación de las formaciones palestinas enfrentadas. El temor de los lideres de Hamas, quienes gobiernan en Franja de Gaza -considerados terroristas y antisionistas por Tel Aviv- a perder el vital apoyo de su patrón sirio ha sido un factor determinante para tejer a fines de abril la reconciliación y la proyección de un gobierno de unidad con el partido Al Fatah, que gobierna en Cisjordania. "Un error fatal", según Israel, aludiendo a la inconveniencia de negociar la paz con una agrupación como Hamas que rechaza la existencia del Estado de Israel. Las condiciones de paz se tornan en consecuencia más difíciles.

En esta dirección, el reciente anuncio del gobierno sirio en el sentido de permitir una revisión de su plan nuclear puede ser percibido como una posible respuesta a las presiones de Occidente. No obstante ello, también expresa la misma estrategia que combina al mismo tiempo concesiones mínimas a las demandas de los manifestantes, y una creciente represión que se extiende a todo el territorio sirio, sin que se visualice una salida a mediano plazo.

En el caso de Yemen encontramos un panorama distinto. Yemen es uno de los países más pobres y débiles de Medio Oriente arraigado a sólidas estructuras tribales, y de escasa relevancia regional si lo comparamos con Siria. Se encuentra gobernada hace 30 años por el presidente Alí Abdullah Saleh, quien ha sabido mantenerse firme en el poder apoyándose en las redes tribales y en el importante peso y liderazgo que éstas tienen en todos los ámbitos de la sociedad.

Hoy día, aquella situación se ha revertido por completo. Saleh se sitúa al borde de una guerra civil con los miembros de las tribus de la Confederación Ashid, una de las más importantes del país, que ya ha provocado decenas de muertes. Los ataques de las tropas gubernamentales perpetrados a principios de abril contra el campamento de la familia al-Ahmar en Sana'a, han provocado la peligrosa situación actual, que ya lleva más de tres meses. No están claros exactamente los motivos de estas iniciativas, aunque puede señalarse que el enfrentamiento entre Saleh y Al Ahmar se vienen fraguando hace varios años y que Saleh busca estratégicamente sembrar la imagen de un clima de inestabilidad que beneficiaría a la organización terrorista Al Qaeda, para así contar con la ayuda de EE.UU y las monarquías del golfo en su lucha contra Al Hamar.

Sin embargo, la estrategia de Saleh no funcionó. La presión del presidente norteamericano Barack Obama condenando la situación humanitaria y pidiendo la dimisión de Saleh, sumado a la mediación del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que propugna una "transición ordenada", terminaron por conseguir a fines de abril el compromiso del presidente de transferir el poder en el transcurso de un mes. Estas actitudes permitieron conducir los enfrentamientos a una tregua pero sólo por unas semanas, pues Saleh se ha negado a cumplir con dichos compromisos aferrándose al poder y desatando nuevamente la violencia en las calles contra los seguidores de Al Ahmar. A ello se suma los enfrentamientos con grupos vinculados a Al Qaeda que desde el 25 de mayo se sabe han tomado la ciudad de Zinjbar, cercana del mar Rojo.

La importancia geoestratégica de Yemen radica en el control de los pasos marítimos para el comercio del Golfo de Adén hacia el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, pasos que ya se han tornado peligrosos por la situación anárquica que vive Somalia y que conviene evitar en Yemen. Tampoco se puede dejar de lado los potenciales efectos desestabilizadores que podría tener sobre los regímenes monárquicos del golfo Pérsico, así como la ocasión que brindaría a organizaciones como Al Qaeda en la península arábiga, cuestión que se enmarca dentro de la estrategia global contra el terrorismo de la Casa Blanca.

En este marco de incertidumbre y con visos de guerra interna, el reciente atentado contra la vida del presidente Saleh que determinó su inmediata internación en Arabia Saudita –y sin que se haya revelado aún la gravedad de su estado de salud– da cuenta tanto del nivel de escalada del conflicto, como también confirma los vínculos preferenciales de la casa real saudí con el régimen de Saleh.

Siria y Yemen están hoy en el centro de la atención de Estados Unidos y de sus aliados regionales. Ambos países son la actual manifestación de la "primavera árabe" que ha puesto pies para arriba a los enfoques tradicionales y a las percepciones generalizadas sobre esta región. Sin embargo, más allá del aspiración democrática que alimenta el levantamiento, ambas situaciones parecen admitir distintos niveles de abordaje en cuanto a las soluciones buscadas por los actores externos interesado. Abordajes que, lejos de un apoyo irrestricto al espíritu de democratización, parecen acomodarse en última instancias a los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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