El Panorama social de América Latina 2010, presentado en Santiago de Chile por la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, proyecta que la pobreza y la indigencia disminuirán 1,0 y 0,4 puntos porcentuales en relación a 2009, cuando la región sufrió el mayor impacto de la crisis financiera internacional.

Texto del discurso pronunciado por la Presidenta en la 65º Asamblea General de las Naciones Unidas que todos los jefes de Estado de los países miembro de la Organización deben pronunciar hacia finales del mes de Septiembre de cada año. En él, las y los primeros mandatarios exponen si visión sobre los asuntos de interés para sus naciones y sus posiciones sobre determinados temas de la agenda internacional.

El Banco Central de la República Argentina se fundó el 31 de mayo de 1935, por lo tanto va a cumplir 75 años. En estas siete décadas, pasaron 32 presidentes de la Nación y 74 ministros de Economía. Y hubo 55 presidentes del Banco Central.

Desde el regreso a la democracia hubo 17 presidentes del BCRA. Algunos duraron menos de 30 días en funciones. Los que más estuvieron al frente fueron Roque Fernández (2007 días); Redrado (lleva 1940 días); y Pedro Pou (1724 días). Nunca nadie cumplió los 6 años de mandato estipulados por la Carta Orgánica del BCRA.

Siempre hubo tensión en la Argentina alrededor de la política monetaria y cambiaria. Y las inestabilidades de los presidentes del BCRA tienen que ver con las inestabilidades históricas de estas políticas en la Argentina.

Como la política monetaria y cambiaria es un "terreno en disputa" entre los gobiernos de turno y las corporaciones económicas y financieras, cada presidente de la Nación (y es más, cada ministro de Economía) trató de poner en el BCRA a un funcionario afín.

Todos los presidentes de la Nación trataron —además— de que haya plena sintonía entre su ministro de Economía y el Presidente del BCRA. Y cada vez que hubo conflictos entre ellos, el presidente de la Nación no dudó y cambió al presidente del BCRA.

El Sobreviviente

La Argentina de los últimos cinco años fue un caso curioso: pasaron varios ministros de Economía (Lavagna, Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández y Amado Boudou). Sin embargo, Martín Redrado siempre siguió al frente del BCRA. ¿Por qué duró tanto? ¿Por qué ahora se lo quiere remover de su cargo?

Las dos preguntas tienen la misma respuesta. Y nada mejor que las mismas palabras de Redrado para explicarlo. Cuando este funcionario comenzó su gestión en la presidencia del BCRA dijo: " No me voy a mover de mi metro cuadrado que tengo en el Banco Central".

¿Qué quiso decir? Que no iba a hacer lo que otros presidentes del BCRA habían hecho. ¿Qué habían hecho? Tratar de ir más allá de sus competencias, buscar mayores márgenes de incidencia, influencia e injerencia en la fijación de la política económica, participar en negociaciones con organismos multilaterales, manejar el directorio y, por lo tanto, condicionar los márgenes de maniobra del ministro de Economía y el Presidente de la Nación de turno.

Redrado dijo: "Esto no lo voy a hacer, me voy a dedicar a lo mío, a lo específico de mi función, voy a administrar el BCRA sin entrar en colisión con las decisiones de política económica que toma el o la presidente de la Nación a través de su Ministro de Economía". Por esta actitud sobrevivió cinco años y medio con los Kirchner.

Hubo un día en que Redrado decidió salir de su metro cuadrado. ¿Por convicciones? ¿Por responsabilidad de funcionario? ¿Por cálculo político? Sólo él lo sabe.

Lo cierto es que desde que el anteriormente llamado "golden boy" salió de su metro cuadrado empezó a meterse en la superficie de acción de otros y ahí todo se empezó a complicar. Su posición comenzó a estorbar al ministro de Economía, a los diputados y senadores, a la Justicia y empezó a afectar el radio de acción de la misma presidenta, que tiene más de un metro cuadrado para moverse. Para eso la hemos votado.

Pero hay algo más: Redrado abandonó su metro cuadrado y los bonos empezaron a bajar, las acciones empezaron a perder cotización, embargaron reservas del BCRA, se puso en riesgo la negociación con los bonistas que no entraron en el canje, empezó a generarse incertidumbre económica.

En definitiva: ya son muchos los que tienen problemas para administrar sus metros cuadrados de acción porque Redrado decidió salirse del suyo. Por eso todos le piden la renuncia y por ello se tiene que ir. Porque su libertad de acción termina cuando empieza a afectar la libertad de acción del resto. Y ese resto es muy diverso. Como dijimos, está la presidenta, hay ministros, banqueros, agentes financieros, tenedores de títulos y acciones.

También hay un enorme pueblo. Millones de argentinos que no entienden muy bien qué pasa. Pero que quieren retomar el camino del crecimiento, la generación de empleo, mayor equidad social, valores puestos en riesgo el pasado año por la crisis internacional.

Todo esto está de nuevo en riesgo porque Redrado corrió su espacio de movimiento y empezó a involucrarse en el de muchos otros. Por el metro cuadrado de acción de cada argentino, el joven funcionario, tiene que renunciar.

(*) Director Ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal, Rosario

Publicado en el Diario La Capital de Rosario: Ver artículo Original

En los últimos veinte años, la participación de los asalariados en el conjunto total del crédito de la Argentina creció más de 12 puntos porcentuales, de la mano fundamentalmente de financiamiento para consumo y en menor medida para vivienda.

A contramano se redujo progresivamente el uso de estos recursos por parte de la administración pública, o mejor dicho, del Estado. Así se desprende de un estudio elaborado por los especialistas de la Fundación para la Integración Federal (Funif) filial Rosario, Germán Martínez y Bruno Abriata, quienes realizaron un estudio comparativo entre los períodos de gobierno que van desde la primera presidencia de Carlos Menem hasta la de Cristina Fernández de Kirchner, que van desde 1991 hasta la actualidad.

En rigor, el debate por el uso de las reservas del Banco Central (BCRA) y su papel en la provisión de financiamiento reavivó el interés por la cuestión del acceso al crédito por parte de las diferentes unidades económicas e inclusive, la nueva presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, auguró un "regreso del crédito a la producción". Por eso, "resulta interesante analizar cómo evolucionaron en los últimos veinte años la participación de los distintos actores en el financiamiento y sus tasas de morosidad", explicaron los especialistas.

Si se toma una "torta" que represente el 100 por ciento de los créditos tomados por los distintos actores económicos, el trabajo arrojó como resultado que "hay una importante evolución en la participación de los asalariados en el crédito durante el período 2003-2009", y explican que "esto se debe, básicamente, a la canalización de los ahorros provocados por mejores ingresos hacia créditos hipotecarios y de consumo y al respaldo de la capacidad de repago mediante políticas de estabilidad del empleo que mantuvieron la circulación monetaria".

Así, en el período 1991/1999 los trabajadores participaban del 21,2 por ciento del crédito, en el gobierno de De la Rúa pasaron al 25,6 por ciento; luego bajaron al 18,5 por ciento durante la gestión Duhalde, subieron a 21,5 por ciento durante el período que gobernó Néstor Kirchner, para alcanzar desde 2007 a la actualidad el 33 por ciento de participación.

La industria y el sector agropecuario incrementaron su cuota desde 2003 debido al vigoroso crecimiento y las buenas perspectivas económicas, "especialmente en la agricultura, que alcanzó su máxima participación en veinte años". La agricultura pasó del 8,7 por ciento en el primer lapso analizado al actual 9,9 por ciento, mientras que la industria manufacturera, en cambio redujo su participación del 20 por ciento al 16,2 por ciento actual, aunque cabe aclarar que viene recuperando posiciones de una magra participación del 12,2 por ciento que tuvo durante la gestión de De la Rúa.

Los servicios públicos y la energía no fueron negocios atractivos luego de la crisis de 2001 debido a los congelamientos tarifarios, las regulaciones de precios y a los altos riesgos de las actividades exploratorias, de manera que los privados no demandan crédito para invertir en este sector.

En su defecto, las inversiones son hechas por el Estado y se financian en buena parte con fondos del Tesoro o la aplicación de cargos específicos, haciendo más escasa aún la demanda de financiamiento.

"La construcción, pese a su fuerte crecimiento, ha reducido también su demanda relativa de fondos debido al mayor uso de fideicomisos de construcción en reemplazo del crédito hipotecario en los sectores medios y altos.

La caída en la participación de la intermediación financiera refleja dos aspectos de la economía argentina. Uno positivo, que es el menor atractivo de las actividades especulativas producto de la flotación administrada del tipo de cambio, la acumulación de reservas y el apoyo a las actividades de la economía real; y uno negativo, que son la inflación y la desconfianza heredada de las crisis, que incentivan el atesoramiento en dólares en vez de la utilización de las entidades financieras repetidas veces para negociar títulos valores.

"Uno de los datos más llamativos es la reducción de la participación de la administración pública", resaltan los referentes del centro de estudios de la Funif local. Aseguraron que "de acaparar más del 40 por ciento del crédito durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde, la administración pública hoy sólo demanda el 8,4 por ciento".

"Esto tiene dos explicaciones: por un lado, los déficits de fiscales en los que incurría sistemáticamente el Estado nacional hasta el 2002 funcionaban como una aspiradora de créditos que limitaba el acceso del sector privado a los mismos; por otro lado, la administración pública absorbe en los ciclos recesivos buena parte del crédito que pierden y/o dejan de demandar las actividades productivas", resaltaron.

Córdoba

La Legislatura provincial de Córdoba autorizó a la gestión de hoy al gobierno del PJ cordobés a tomar un crédito por unos 70 millones de dólares para ser destinados a la ejecución de distintas obras de infraestructura básica en la capital mediterránea y en localidades del interior. Es que el crédito será gestionado en el mercado internacional.

Publicado en La Capital de Rosario, Sección Economía: Ver artículo Original

Pese a sus críticas a los gobernadores que ceden ante la "billetera" de Olivos, cuando estuvo al frente de la provincia el ex piloto suscribió todos los pactos sin cuestionamientos aunque le sumaban obligaciones y retaceaban fondos.

Las declaraciones del senador Carlos Alberto Reutemann, en relación a que los Kirchner someten a los gobernadores con la billetera y que ningún gobernador se ha plantado frente a la falta de federalismo convulsionó el ambiente político. Rosario/12 tuvo acceso a un informe cronológico elaborado por la Fundación para la Integración Federal (Funif Rosario) que muestra el derrotero del Lole en las negociaciones con los presidentes Menem y De la Rúa. Allí, el dos veces gobernador de Santa Fe, lejos de plantarse ante el avance de la Nación contra las provincias, firmó todos los compromisos sin reparos.

La Ley 24.130 promulgada el 17 de septiembre de 1992, ratificó el "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992. La principal consecuencia de ese acuerdo fue que la Nación quedaba autorizada a retener de la masa de impuestos coparticipables un 15 para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos; y también 43 millones 800 mil pesos para repartir entre las provincias firmantes con desequilibrios fiscales. El Pacto comprometía a las provincias a terminar con cualquier acción judicial existente o potencial.

En ese acuerdo, Menem y los gobernadores le pedían al Congreso que traten una serie de leyes que incluían la reforma del Régimen Nacional de Previsión Social (que luego devino en la creación de las AFJP); la privatización de YPF, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, Casa de la Moneda y Banco Nacional de Desarrollo; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que introdujo los criterios de "autonomía" que hoy en están en debate.

Los ingresos tributarios nacionales recibidos por Santa Fe sufrieron un estancamiento entre 1991 y 1997. Así, resulta paradójico que en 1992 la Nación le transfiriera a la provincia la responsabilidad sobre la provisión de servicios de educación y salud. El impacto de esta transferencia se observa en el salto de 500 millones que experimentaron los salarios provinciales en aquel año, mientras que la Nación no proveyó los fondos suficientes.

Con la sanción de la Ley 24.049, promulgada el 7 de enero de 1992, se puso en marcha un proceso de transferencia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos que aún administraba y gestionaba el Estado nacional. A través del Presupuesto 1992 -Ley 24.061- se produjo la transferencia de los servicios de salud.

Mediante el Decreto 1807/93 se instruyó al Ministerio de Economía y al Banco Nación para que apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que había sido firmado el 12 de agosto de 1993. Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en ese Acuerdo (Impuesto a los Sellos; Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica y Servicios Sanitarios; Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios; y la modificación el Impuesto a los Ingresos Brutos, desgravando ciertas actividades) el Gobierno Nacional suspendió la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24.130. La garantía de 725 millones se elevó a 740 millones a partir del 1º de enero de 1994.

A través de la Ley 25.235, promulgada el 30 de diciembre de 1999, (Gobierno de la Alianza) se ratificó el acta del Compromiso Federal firmado por el gobierno nacional y las provincias. De la Rúa y los gobernadores se comprometieron a que "durante el ejercicio fiscal 2000 las transferencias por todo concepto (Coparticipación de impuestos y Fondos Específicos) a provincias "se fija en una suma única y global anual equivalente a 1350 millones de pesos, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse". A esto se llamó el "piso de coparticipación" que luego fue vulnerado sistemáticamente por las conducciones económicas de Machinea y Cavallo. Mediante la ley 25.400, promulgada el 8 de enero de 2001, se ratificó el acuerdo denominado Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscripto por los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la CABA y el gobierno nacional. Allí se aseguró el compromiso de las provincias de congelar el gasto primario y eliminar el déficit para el año 2005 y se fijó el "piso coparticipable" en 1364 millones de pesos. Las provincias se comprometían a ser "disciplinadas" fiscalmente a cambio de mayores recursos para programas sociales y una prórroga de las posibilidades de ingresar al canje de deuda.

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento Rosario 12 - Ver artículo Original

El Fondo Federal Solidario es una buena herramienta para reducir las desigualdades regionales. Así surge del análisis de transferencias a provincias en relación con la localización de la producción de soja.

Se sabe que el Fondo Federal Solidario (FFS) se conforma con el 30 por ciento de lo recaudado por retenciones al complejo sojero y se distribuye entre las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación federal. Desde la creación del FFS, y hasta el 31 de diciembre pasado, se transfirieron a las provincias 2941 millones de pesos que, a su vez, deben ser transferidos en idénticos porcentajes a los municipios, con la finalidad de financiar obras de infraestructura económica y social.

Los meses de abril (393 millones de pesos), octubre (389,7 millones) y mayo (389,3 millones) fueron los de mayores transferencias. Esto se debió a las variaciones en los volúmenes comercializados y los precios FOB a los que cotizó la soja en los diversos momentos del año. Al ser distribuido por el coeficiente respectivo de Coparticipación Federal, las provincias de Buenos Aires (21,22 por ciento), Santa Fe (8,63) y Córdoba (8,58) fueron las que más recursos recibieron del FFS. Pero más allá de las transferencias realizadas a las provincias, vale la pena hacer un análisis de los efectos redistributivos del FFS.

Desde el mismo momento en que se eligió transferir los recursos de acuerdo al índice de coparticipación, el gobierno nacional optó por privilegiar un criterio distributivo en lugar de un criterio retributivo, lo que hubiera implicado que las regiones y provincias que más soja producen, más recursos recibirán. Este criterio subyace en los análisis económicos de diversas organizaciones y centros de estudios localizados en la Región Pampeana que plantean que “el gobierno nacional no devuelve a las provincias lo que ellas producen y exportan de soja”.

Esta opción del gobierno nacional fue, claramente, una decisión de política económica y social. Trasunta la idea de que la recaudación por retenciones a las exportaciones de commodities que tienen origen en la zona económicamente más favorecida de la Argentina por condiciones naturales (suelos y clima) ayude al desarrollo relativo de las regiones que no cuentan con condiciones tan favorables. Si uno confronta el porcentaje de recursos del FFS recibidos por cada provincia con el porcentaje de participación de cada provincia en la producción total de soja, podemos corroborar el efecto redistributivo del Fondo Federal Solidario: el 88,4 por ciento de la soja se produce en la Región Pampeana, que coincidentemente concentra casi el 89,0 por ciento del Producto Bruto Interno. Pero a esta región sólo se transfiere el 47,3 por ciento de los recursos del FFS. En sentido inverso, el 52,7 por ciento del FFS se transfiere a las regiones y provincias extra pampeanas, que sólo producen el 11,6 por ciento de la soja y aportan algo más del 10,0 por ciento al PBI nacional.

La Región Pampeana (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires) recibió en 2009 un total de 1392 millones de pesos por distribución del FFS, representando un 47,3 por ciento del total de recursos enviados a las provincias. Siendo la Región Pampeana la productora del 88,4 por ciento de la soja, queda claro que es la riqueza producida en esta zona la que permite la redistribución de los recursos generados en regiones menos favorecidas por la calidad de suelos y el clima.

La Región Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis) recibió en 2009 el 9,5 por ciento de los recursos del FFS, totalizando unos 279 millones de pesos. Su participación en la producción de soja es mínima: sólo un 0,96 por ciento, cerca de 295 mil toneladas que sólo se producen en San Luis.

La Región NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) recibió por el FFS un total de 444 millones de pesos, un 15,1 por ciento del total de transferencias. Sólo produce el 2,2 por ciento de la soja, lo que transforma a la región en la más favorecida en términos de redistribución.

La Región NOA (Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca) recibió el 19,7 por ciento de los recursos del FFS, unos 579 millones de pesos. Produce el 7,9 por ciento de la soja (2,6 millones de toneladas), lo que la transforma en la segunda región más favorecida en términos de la redistribución conseguida por el FFS.

La Región Patagonia (Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Chubut), sin ser productora de soja, recibió el 8,4 por ciento de los recursos del FFS, unos 245 millones de pesos. Es la tercera región más favorecida por la redistribución de los recursos obtenidos por las retenciones al complejo sojero.

Esto permite concluir que una parte importante de la renta producida en la región económica más próspera de la Argentina se distribuye en un elevado porcentaje (52,7 por ciento) entre las regiones (y provincias) menos favorecidas por las condiciones naturales, incluso en aquellos territorios donde no se produce nada de soja.

¿Qué hubiera pasado si la Presidenta hubiera seguido el consejo de consultoras económicas financiadas por gobiernos y empresas localizadas en la Pampa Húmeda? Sencillamente, se hubieran potenciado las desigualdades regionales existentes. Consideramos que en un año clave –por el impacto de la crisis financiera– la decisión del Gobierno de conformar el FFS transfiriendo recursos a regiones y provincias desde un claro criterio de justicia distributiva ayudó a sostener la inversión pública en infraestructura en las zonas más necesitadas de un esfuerzo colectivo como Nación para reducir las importantes brechas de desarrollo relativo existentes al interior de nuestro querido país.

(*) Director ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal (Funif), Rosario

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento CASH - Ver artículo Original