Pese a sus críticas a los gobernadores que ceden ante la "billetera" de Olivos, cuando estuvo al frente de la provincia el ex piloto suscribió todos los pactos sin cuestionamientos aunque le sumaban obligaciones y retaceaban fondos.

Las declaraciones del senador Carlos Alberto Reutemann, en relación a que los Kirchner someten a los gobernadores con la billetera y que ningún gobernador se ha plantado frente a la falta de federalismo convulsionó el ambiente político. Rosario/12 tuvo acceso a un informe cronológico elaborado por la Fundación para la Integración Federal (Funif Rosario) que muestra el derrotero del Lole en las negociaciones con los presidentes Menem y De la Rúa. Allí, el dos veces gobernador de Santa Fe, lejos de plantarse ante el avance de la Nación contra las provincias, firmó todos los compromisos sin reparos.

La Ley 24.130 promulgada el 17 de septiembre de 1992, ratificó el "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992. La principal consecuencia de ese acuerdo fue que la Nación quedaba autorizada a retener de la masa de impuestos coparticipables un 15 para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos; y también 43 millones 800 mil pesos para repartir entre las provincias firmantes con desequilibrios fiscales. El Pacto comprometía a las provincias a terminar con cualquier acción judicial existente o potencial.

En ese acuerdo, Menem y los gobernadores le pedían al Congreso que traten una serie de leyes que incluían la reforma del Régimen Nacional de Previsión Social (que luego devino en la creación de las AFJP); la privatización de YPF, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, Casa de la Moneda y Banco Nacional de Desarrollo; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que introdujo los criterios de "autonomía" que hoy en están en debate.

Los ingresos tributarios nacionales recibidos por Santa Fe sufrieron un estancamiento entre 1991 y 1997. Así, resulta paradójico que en 1992 la Nación le transfiriera a la provincia la responsabilidad sobre la provisión de servicios de educación y salud. El impacto de esta transferencia se observa en el salto de 500 millones que experimentaron los salarios provinciales en aquel año, mientras que la Nación no proveyó los fondos suficientes.

Con la sanción de la Ley 24.049, promulgada el 7 de enero de 1992, se puso en marcha un proceso de transferencia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos que aún administraba y gestionaba el Estado nacional. A través del Presupuesto 1992 -Ley 24.061- se produjo la transferencia de los servicios de salud.

Mediante el Decreto 1807/93 se instruyó al Ministerio de Economía y al Banco Nación para que apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que había sido firmado el 12 de agosto de 1993. Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en ese Acuerdo (Impuesto a los Sellos; Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica y Servicios Sanitarios; Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios; y la modificación el Impuesto a los Ingresos Brutos, desgravando ciertas actividades) el Gobierno Nacional suspendió la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24.130. La garantía de 725 millones se elevó a 740 millones a partir del 1º de enero de 1994.

A través de la Ley 25.235, promulgada el 30 de diciembre de 1999, (Gobierno de la Alianza) se ratificó el acta del Compromiso Federal firmado por el gobierno nacional y las provincias. De la Rúa y los gobernadores se comprometieron a que "durante el ejercicio fiscal 2000 las transferencias por todo concepto (Coparticipación de impuestos y Fondos Específicos) a provincias "se fija en una suma única y global anual equivalente a 1350 millones de pesos, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse". A esto se llamó el "piso de coparticipación" que luego fue vulnerado sistemáticamente por las conducciones económicas de Machinea y Cavallo. Mediante la ley 25.400, promulgada el 8 de enero de 2001, se ratificó el acuerdo denominado Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscripto por los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la CABA y el gobierno nacional. Allí se aseguró el compromiso de las provincias de congelar el gasto primario y eliminar el déficit para el año 2005 y se fijó el "piso coparticipable" en 1364 millones de pesos. Las provincias se comprometían a ser "disciplinadas" fiscalmente a cambio de mayores recursos para programas sociales y una prórroga de las posibilidades de ingresar al canje de deuda.

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El Fondo Federal Solidario es una buena herramienta para reducir las desigualdades regionales. Así surge del análisis de transferencias a provincias en relación con la localización de la producción de soja.

Se sabe que el Fondo Federal Solidario (FFS) se conforma con el 30 por ciento de lo recaudado por retenciones al complejo sojero y se distribuye entre las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación federal. Desde la creación del FFS, y hasta el 31 de diciembre pasado, se transfirieron a las provincias 2941 millones de pesos que, a su vez, deben ser transferidos en idénticos porcentajes a los municipios, con la finalidad de financiar obras de infraestructura económica y social.

Los meses de abril (393 millones de pesos), octubre (389,7 millones) y mayo (389,3 millones) fueron los de mayores transferencias. Esto se debió a las variaciones en los volúmenes comercializados y los precios FOB a los que cotizó la soja en los diversos momentos del año. Al ser distribuido por el coeficiente respectivo de Coparticipación Federal, las provincias de Buenos Aires (21,22 por ciento), Santa Fe (8,63) y Córdoba (8,58) fueron las que más recursos recibieron del FFS. Pero más allá de las transferencias realizadas a las provincias, vale la pena hacer un análisis de los efectos redistributivos del FFS.

Desde el mismo momento en que se eligió transferir los recursos de acuerdo al índice de coparticipación, el gobierno nacional optó por privilegiar un criterio distributivo en lugar de un criterio retributivo, lo que hubiera implicado que las regiones y provincias que más soja producen, más recursos recibirán. Este criterio subyace en los análisis económicos de diversas organizaciones y centros de estudios localizados en la Región Pampeana que plantean que “el gobierno nacional no devuelve a las provincias lo que ellas producen y exportan de soja”.

Esta opción del gobierno nacional fue, claramente, una decisión de política económica y social. Trasunta la idea de que la recaudación por retenciones a las exportaciones de commodities que tienen origen en la zona económicamente más favorecida de la Argentina por condiciones naturales (suelos y clima) ayude al desarrollo relativo de las regiones que no cuentan con condiciones tan favorables. Si uno confronta el porcentaje de recursos del FFS recibidos por cada provincia con el porcentaje de participación de cada provincia en la producción total de soja, podemos corroborar el efecto redistributivo del Fondo Federal Solidario: el 88,4 por ciento de la soja se produce en la Región Pampeana, que coincidentemente concentra casi el 89,0 por ciento del Producto Bruto Interno. Pero a esta región sólo se transfiere el 47,3 por ciento de los recursos del FFS. En sentido inverso, el 52,7 por ciento del FFS se transfiere a las regiones y provincias extra pampeanas, que sólo producen el 11,6 por ciento de la soja y aportan algo más del 10,0 por ciento al PBI nacional.

La Región Pampeana (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires) recibió en 2009 un total de 1392 millones de pesos por distribución del FFS, representando un 47,3 por ciento del total de recursos enviados a las provincias. Siendo la Región Pampeana la productora del 88,4 por ciento de la soja, queda claro que es la riqueza producida en esta zona la que permite la redistribución de los recursos generados en regiones menos favorecidas por la calidad de suelos y el clima.

La Región Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis) recibió en 2009 el 9,5 por ciento de los recursos del FFS, totalizando unos 279 millones de pesos. Su participación en la producción de soja es mínima: sólo un 0,96 por ciento, cerca de 295 mil toneladas que sólo se producen en San Luis.

La Región NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) recibió por el FFS un total de 444 millones de pesos, un 15,1 por ciento del total de transferencias. Sólo produce el 2,2 por ciento de la soja, lo que transforma a la región en la más favorecida en términos de redistribución.

La Región NOA (Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca) recibió el 19,7 por ciento de los recursos del FFS, unos 579 millones de pesos. Produce el 7,9 por ciento de la soja (2,6 millones de toneladas), lo que la transforma en la segunda región más favorecida en términos de la redistribución conseguida por el FFS.

La Región Patagonia (Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Chubut), sin ser productora de soja, recibió el 8,4 por ciento de los recursos del FFS, unos 245 millones de pesos. Es la tercera región más favorecida por la redistribución de los recursos obtenidos por las retenciones al complejo sojero.

Esto permite concluir que una parte importante de la renta producida en la región económica más próspera de la Argentina se distribuye en un elevado porcentaje (52,7 por ciento) entre las regiones (y provincias) menos favorecidas por las condiciones naturales, incluso en aquellos territorios donde no se produce nada de soja.

¿Qué hubiera pasado si la Presidenta hubiera seguido el consejo de consultoras económicas financiadas por gobiernos y empresas localizadas en la Pampa Húmeda? Sencillamente, se hubieran potenciado las desigualdades regionales existentes. Consideramos que en un año clave –por el impacto de la crisis financiera– la decisión del Gobierno de conformar el FFS transfiriendo recursos a regiones y provincias desde un claro criterio de justicia distributiva ayudó a sostener la inversión pública en infraestructura en las zonas más necesitadas de un esfuerzo colectivo como Nación para reducir las importantes brechas de desarrollo relativo existentes al interior de nuestro querido país.

(*) Director ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal (Funif), Rosario

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¿Qué papel le cabe al Estado en América Latina en este contexto de crisis financiera internacional? Esta pregunta se hace una investigadora de CLACSO en un trabajo que aquí ponemos a disposición.

La crisis de fines del año 2001 en la Argentina y la aparición de Lula da Silva en la presidencia de Brasil en el 2002 fueron el puntapié inicial del fin de la era neoliberal en América Latina. Desde ese momento, en la mayoría de los países del cono sur de América se comenzó a recorrer un camino de recuperación del rol del Estado como articulador y regulador de la actividad económica. Ello permitió en una buena medida, recuperar el papel de la política como espacio de transformación con el objetivo de mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, en lugar de estar al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía.

Esto, sumado a un contexto internacional favorable para el comercio de los principales productos de exportación y a una administración responsable de los recursos públicos, permitió trazar estrategias destinadas a romper algunas de las trabas estructurales para el progreso económico tales como el endeudamiento descontrolado y los déficits crónicos de las cuentas del Estado. En definitiva, como bien lo dice el trabajo elaborado por Mabel Thwaites Rey (**) Después de la Globalización Neoliberal ¿Qué Estado en América Latina?, “pasada la ola del ajuste estructural y las políticas de reformas pro-mercado que estigmatizaron al sector público, en los albores del nuevo siglo en la región se inició un ciclo en el que el papel estatal empezó a adquirir una nueva entidad, tanto en el plano valorativo-ideológico como en las prácticas concretas.”

El estallido de la crisis financiera internacional en septiembre de 2008 puso en evidencia dónde se encontraban los mayores niveles de vulnerabilidad en el conjunto de la economía mundial. Parece casi una ironía del destino ver cómo el rumbo que siguió particularmente la economía argentina desde 1976 hasta el 2001 se reprodujo con características prácticamente calcadas en el núcleo central de las naciones más desarrolladas. Aquí Thwaites Rey nuevamente acierta el diagnóstico cuando afirma que “la polarización en la distribución de las rentas producida desde los años ochenta está en la base de esta crisis. En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los de la periferia capitalista, la desregulación de los mercados laborales y financieros, el aumento de la regresividad fiscal a partir de la promoción del mundo empresarial y de los sectores más ricos, la privatización de los servicios públicos y el desarrollo de políticas monetarias favorables al capital financiero a costa de la producción crearon las condiciones para la crisis actual. Tales políticas fueron promovidas a nivel mundial por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Como resultado de tales políticas ha habido en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), por ejemplo, un aumento del desempleo (mayor en el periodo 1980-2005 que en el periodo anterior 1950-1980, cuando las políticas existentes eran de corte keynesiano) y un descenso muy marcado de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, descenso especialmente notable en los países de la eurozona, que fueron los que siguieron con mayor celo tales políticas (Navarro, 2009). La consecuencia directa de esto fue la restricción de recursos disponibles por los sectores populares para destinarlos al consumo (Monereo, 2009). Para paliar esta deficiencia en la demanda, los centros de poder financiero pergeñaron la expansión del crédito sin sustento efectivo en la economía real, lo que llevó a la conformación de una burbuja gigantesca, cuyo estallido colocó al sistema completo al borde del colapso.”

Esta situación ha vuelto a colocar en el centro de la escena al Estado como regulador de la actividad económica y ha revivido el debate en torno a la necesidad de un crecimiento económico con mayor igualdad social. Si bien Thwaites Rey adelanta cierta perspectiva alentadora respecto a la recuperación del rol del Estado en la economía, es de prever que el capital financiero trasnacionalizado dará todavía una dura batalla para no perder el poder hegemónico que ha sabido construir durante los últimos cuarenta años.

En este contexto Después de la Globalización Neoliberal ¿Qué Estado en América Latina? pone el énfasis en pensar para América Latina a un Estado que no sea un mero organizador de los intereses de la burguesía, sino hacerlo desde un punto de vista emancipador, articulando las relaciones de poder hacia el interior de su espacio territorial y reposicionándose en el marco del concierto de naciones que conforman el mercado mundial. En sus propias palabras, “aquí se sostiene que los espacios territoriales estatal-nacionales deben rearticularse a partir de procesos políticos y sociales liderados por los sectores populares, porque son ineludibles como jugadores centrales en la búsqueda emancipatoria.”

Leer "Después de la Globalización Niberal ¿Qué Estado en América Latina?"

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

(**) Profesora e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO "El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas".