En la primera acepción del término absurdo, el diccionario de la Real Academia Española lo define “como algo contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido”. Vista como al pasar, la foto del miércoles 22 de julio, donde Maximiliano Pullaro posa sonriente junto con lo más granado del oficialismo libertario (sólo faltaba Javier Milei) y donde se auto celebra la transferencia por 20 años de la administración de la ruta nacional A012, donde la Nación no pone un solo peso, se parece y mucho a una especie de sinsentido. Aunque, a veces, parezca que política y razón no van de la mano, créame querido lector, estimada lectora, que el cálculo racional y medido siempre existe.
El encuentro del gobernador santafesino con el jefe de gabinete Diego Santilli y la secretaria de la presidencia de la Nación Karina Milei, acompañados de las diputadas Romina Diez y Gisela Scaglia representa una especie de nueva claudicación de las autoridades de la invencible provincia de Santa Fe, frente al desinterés y la desidia por la seguridad vial de parte del mileismo gobernante. La situación no es exclusiva de los límites de la bota, sino que, a poco de andar por las rutas del país uno padece ese menosprecio por la vida humana que supone cumplir con la función esencial de cuidado de parte del Estado.
La buena nueva llegó de la mano de sendas comunicaciones de parte de las gestiones nacional y provincial. En la primera aparece la hermanísima Karina con su locuacidad habitual contándonos sobre las bondades de transferir las responsabilidades del Estado nacional y en la segunda, es la propia vocera provincial Virginia Coudannes quien nos cuenta que Pullaro se hará cargo de la repavimentación de la ruta estratégica. Parece que pasó un tal Luis XIV, aquel que afirmó “El Estado soy yo” y dijo que más de 300 años después, modernidad mediante, era un poco mucho.
Convengamos que la transferencia de servicios de parte del Estado nacional no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Ya sucedió en los 90’, cuando bajo el argumento conceptual de la eficiencia en la utilización de los recursos, se transfirieron salud y educación (entre otros) porque las provincias y los municipios estaban “más cerca de los problemas de la gente”. En aquel momento, la gestión menemista prometía los fondos suficientes para que el traspaso no resultara traumático para la ciudadanía ni para las cuentas públicas de los estados subnacionales.
En un contexto inédito de privatizaciones, a mitad de camino del espíritu del tristemente célebre Consenso de Washington y de las necesidades que imponía la Convertibilidad, los fondos llegaron tarde y mal. Prueba de ello son el famoso Fondo de Reparación del Conurbano o el militado Fondo de Incentivo Docente, parido al calor de la ejemplar lucha de la Carpa Blanca y que el gobierno de Javier Milei supo desmontar. Como una especie de zanahoria del asunto, el acto final llegó de la mano de la reforma constitucional de 1994, donde el Estado nacional cedió a las provincias la propiedad de los recursos naturales dentro de sus jurisdicciones.
Tres décadas después, el contexto actual no deja de tener sus semejanzas y diferencias. La extrema derecha gobernante, disfrazada de un liberalismo mesiánico, trata de aprovecharse de la posibilidad de privatizar un buen número de empresas menores, en comparación con lo que representan Aerolíneas Argentinas o YPF, pero que cumplen con una función estratégica en el desarrollo de un país con base industrial.
En lo anterior, con el menemato existe una diferencia de grado en su base conceptual: mientras en aquel tiempo el neoliberalismo planteaba la idea del achicamiento del Estado, el libertarismo que supimos conseguir lo ve como una empresa criminal al que hay que destruir. No se podrá cerrar el Banco Central ni eliminar al peso como moneda de la faz de la tierra, pero en el mientras tanto el mileismo, de la mano de negocios non sanctos de los que se sirve, hace gala de romper todo aquello que detesta.
Las ideas de solidaridad comunitaria son desechadas y el superávit fiscal, pensado como una herramienta cuasi revolucionaria, se sostiene a cualquier costo. Bajo ese clima, no sólo los ciudadanos y las ciudadanas que menos pueden y tienen son desfavorecidos, sino que las propias provincias son conminadas a vivir en una especie de mendicidad permanente que tiene como instrumento de presión y negociación aquellas leyes que el oficialismo necesita para imponer su modelo en forma estructural.
Santa Fe no es la excepción y en los últimos doce meses podemos notar la decisión del Estado nacional de dejar de cumplir con sus obligaciones: en 2025 la provincia se hizo cargo de la modernización del aeropuerto de Rosario con una inversión de $42.000 millones de pesos (la mitad le correspondía a su contraparte nacional), la cual se llevó adelante con la novedad de una contratación directa, dado que en la primera etapa del proyecto se habían dado una serie de denuncias cruzadas entre empresas que derivó en acciones judiciales que dilataron el asunto.
En este 2026 en curso, los rosarinos celebramos el definitivo arreglo del Monumento a la Bandera, que desde hace unos cuantos años correspondía ejecutar desde Balcarce 50. El número de $4000 millones fue oblado por la provincia y, otra vez, bajo el latiguillo argumentativo de una Rosario que se hace sola, los santafesinos debimos suplir a lo que Nación no hacía.
En la semana que se va, el pullarismo celebra la entrega de la administración de una ruta nacional que, al decir de la comunicación oficial, es transitada por el 30% de santafesinos y el 70% por el resto de argentinos que llegan a la región. Con una extensión de casi 70 kilómetros y con tramos verdaderamente destruidos, la A012 representa una ruta estratégica para la salida de la producción primaria a los puertos del cordón oleaginoso más importante del mundo.
El costo de la obra redunda en unos $5.000 millones y no puede dejar de señalarse lo viscoso del asunto: el acuerdo de traspaso fue firmado un día miércoles y en menos de 24 horas comenzaron a operar las máquinas. Gestión administrativa exprés mediante, parece haber pasado bajo el radar que la obra se habría pre adjudicado sin que el Estado provincial tuviera los elementos legales para llevarla adelante. Pregunta que se cae por sí misma: ¿la administración Pullaro ya tenía el soporte normativo que la habilitaba y el acto en Casa Rosada resultó una puesta en escena? ¿La empresa que ganó la licitación compró los pliegos, armó la estructura de costos y realizó la oferta de una obra que la provincia aún no tenía bajo su administración? ¿Performer para la tribuna? Dudas trepidantes y que en los organismos de control provincial y en la prensa hegemónica de la región parecieron olvidar de re preguntar.
Sumadas las tres obras comentadas, la provincia de Santa Fe ha erogado unos $30.000 millones que correspondían a Nación. Las buenas noticias no vinieron de la mano de la exigencia de alguna forma de devolución (o por lo menos no se informaron) y tiene como contraparte el hecho de preguntarse cuantas aulas podrían haberse construido, cuantos hospitales mejorados en su estructura edilicia o a cuantas comunas se les habría dado una ayuda de tipo excepcional.
¿Por qué celebra el pullarismo poniéndose al borde del absurdo? ¿O será que no hay absurdo? Tres hipótesis posibles: a) al tener la ruta bajo su administración ¿es posible imaginar, desde lo legal, una futura privatización?, b) ¿las diferencias de los aportes nacionales serán saldadas con la discrecionalidad de siempre de los anticipos financieros del Tesoro Nacional como sucedió con los $400.000 millones otorgados en forma de crédito (de adelanto) en el decreto 474/26?; y c) teniendo en cuenta la presencia de la ex vicegobernadora Scaglia quien pretende un acuerdo entre Unidos y libertarios, ¿estamos en presencia de los primeros pasos de un encuentro electoral que se resuma en las candidaturas de Pullaro gobernador y de Milei presidente? Más dudas inquietantes.
La amada María Elena Walsh nos invitaba al absurdo de tomar el té con una tetera de porcelana que no se veía y nuestra imaginación de niños (y no tanto) hacía el resto. El abandono del Estado nacional de sus funciones que en otros tiempos resultaban indelegables, nos pone frente al espejo de una especie de absurdo de que la provincia, mientras responde con los fondos propios, celebra lo que los otros no hacen. Pero, si como dice la RAE, absurdo e irracional resultan como parte de una misma raíz, vale recordar que la política a ese nivel camina por otros senderos. Y ya que hablamos de rutas, a no comerse la curva.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez
